Maria Eugènia Gay es la delegada del Gobierno de España en Catalunya y la número dos de la lista del PSC para la ciudad de Barcelona, en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. 

 

Hace unos meses tuve el placer de participar en la “Escola de Tardor” del PSC con el lema “Fortalecer Cataluña desde los municipios”. Una de las cuestiones tratadas fue la seguridad ciudadana, en una mesa en la que puede abordar la cuestión desde la perspectiva estatal,  coordinada por la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, y con la participación de Jaume Collboni, entonces primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona y Fèlix Larrosa, candidato del PSC a la alcaldía de Lleida.

Allí se suscitó un interesante debate sobre cómo abordar desde los poderes públicos el derecho a la seguridad. Algo que preocupa -y mucho- a un gran número de alcaldes y alcaldesas de toda Catalunya. Una de las obligaciones intrínsecas de la Delegada del Gobierno en Cataluña, y uno de los principales objetivos y cometidos que nos propusimos, fue precisamente estar muy cerca de los problemas de la ciudadanía. La seguridad de los municipios no solo nos compete, sino que también nos compele. Ser capaces de escuchar, de aprender, de comprender e interpretar la pulsión vecinal y, al mismo tiempo, trasladarlo a los órganos de decisión adecuados para impulsar los cambios necesarios. No existe mejor forma de hacerlo que el permanente diálogo con los alcaldes y alcaldesas y la visita a los municipios.

Debemos garantizar el derecho a la seguridad, recogido en el artículo 104 de la Constitución, consagrado como un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, abordando esta cuestión de forma diligente, contundente y determinada, apostando por el refuerzo y respaldo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes en Cataluña  a través del aumento de la cooperación y la colaboración entre gobiernos.

La multirreincidencia en casos de hurtos y las ocupaciones, constituyen la principal preocupación de los alcaldes y alcaldesas con los que hemos abordado la materia. El Gobierno de España está comprometido en el impulso de medidas que nos permitan enfrentarnos a estas situaciones, dispuesto a escuchar a la sociedad civil y a los colegios profesionales, y sus propuestas de lege ferenda y a modificar y adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad que los representantes

Apostamos por adaptar la política criminal y sancionadora a la realidad municipal, como atestigua la reciente reforma para la tipificación penal de la multireincidencia, que tiene por objetivo principal poner fin a la impunidad de aquellos que, sistemáticamente, minan el derecho a la seguridad de los ciudadanos y su propia percepción.

Respecto a la ocupación, es de suma importancia señalar y condenar no solo su perpetuación, sino también la actuación de todos aquellos que, por acción u omisión, justifican su ejecución. De la ocupación se derivan graves consecuencias para la seguridad y la convivencia en las plazas, calles y comunidades de vecinos, consecuencias inasumibles para el Gobierno de España y sus objetivos. La ocupación no puede ser nunca justificada como instrumento legítimo para la garantía del acceso a la vivienda.

El derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna no son excluyentes, pueden ser garantizados ambos. El Gobierno de España está comprometido con la promoción y la garantía del derecho al acceso a la vivienda, siendo prueba de ello la recuperación de la inversión a través del Plan Estatal de la Vivienda, que el PP recortó hasta casi convertirlo en anecdótico.

El desajuste entre nuestro ordenamiento jurídico y la realidad material y social de los municipios ha facilitado la actuación de todos aquellos que practican la ocupación. Es necesario, con carácter urgente, completar la agenda legislativa que permita, a través de una adecuada ponderación, la conjugación del derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, como han manifestado de forma reiterada distintas entidades, asociaciones y, también, entes públicos.

Es nuestro deber impulsar las reformas necesarias para que los casos de ocupación mencionados se resuelvan con la máxima celeridad posible, atendiendo a la literalidad de la norma, con el fin de evitar que, al amparo de la legítima direccionalidad, se eviten o dificulten los lanzamientos y garantizar, así, la restitución del bien inmueble a su legítimo propietario.

Para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña es especialmente relevante que se avance en esta dirección, pues se producen aquí más del 40% de denuncias por ocupación.  Teniendo en cuenta que existe un alto número de ocupaciones sin denunciar y la concentración territorial en zonas urbanas de gran densidad, deberían tomarse pasos decididos para la resolución de este problema que, parece, presenta riesgo de cronificarse.

Es indispensable reconocer el encomiable desempeño en sus funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los alcaldes y alcaldesas y de los operadores jurídicos, así como escuchar y atender las demandas y sugerencias de los vecinos y vecinas de los municipios y de la sociedad civil organizada, con el fin último de garantizar que nuestro ordenamiento jurídico de una respuesta solvente y eficaz a los comportamientos que dificultan o impiden la convivencia en nuestros barrios. Continuaremos trabajando decididamente para garantizar unas ciudades seguras.