Mercè Perea es diputada del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, vocal de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

Recientemente, el Congreso de los Diputados fue testigo de una nueva conquista de derechos. Esta vez para uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral: las trabajadoras del hogar.

El Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, avanza en derechos y mejora tanto sus condiciones laborales como se les dota de la protección de la seguridad social.

Son 373.000 personas afiliadas. Un 95% mujeres. Un colectivo, por tanto, altamente feminizado y que afecta en gran medida a mujeres migrantes. La mensualidad media de estas trabajadoras se encuentra en la banda baja salarial. 

A mayor abundamiento, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 175.000 mujeres empleadas del hogar se encuentran en una situación irregular. Ni están contratadas ni disponen de permiso de residencia.

Durante décadas estas trabajadoras se encontraban en clara desventaja respecto al resto de trabajadores. Sin la protección del Estatuto de los Trabajadores ni del sistema de protección social.

Mujeres sumidas en la pobreza y precariedad. Esta profunda vulnerabilidad las ha abocado a la invisibilidad absoluta ante los poderes públicos.

Estas mujeres se han encontrado en sus trabajos con la espada de Damocles del desistimiento por parte del empleador. Horarios interminables y, en ocasiones, sin descanso semanal. Ni salarios dignos, ni desempleo.

Precisamente fue el Gobierno socialista del presidente Zapatero quien visibilizó la realidad asfixiante de estas mujeres. La ley 27/2011 se dirigía a acabar con esta discriminación, previendo la progresiva equiparación del sistema de cotización de las empleadas de hogar a la del resto de trabajadores asalariados. También, el Real Decreto 1620/2011, que perseguía esta equiparación en el ámbito de las condiciones laborales. A raíz de estas normas se incrementó un 40% la afiliación a la seguridad social. Esto es, muchas mujeres dejaron de ser invisibles.

Sin embargo, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, devolvió este colectivo a la indignidad, arrebatándoles sus derechos y con recortes en sus salarios.

Esta realidad es inasumible en un Estado democrático y derecho. Por ello nos felicitamos, colectivamente, de esta nueva norma del gobierno de Pedro Sánchez que devuelve a la dignidad a estas mujeres.

A partir de ahora, el empleador tiene la obligación de cotizar. Las condiciones laborales estarán recogidas en un contrato: la jornada, la retribución y el descanso quedarán por escrito. En caso de no haberse suscrito se presumirá indefinido.

Asimismo, se obligará a adoptar medidas desde la perspectiva de la prevención y la seguridad laboral. Y, además, se les dota de una mayor protección al ser incluida la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades profesionales.

Esta norma acaba con el despido sin causa. Hay que tener en cuenta que hasta ahora estas trabajadoras estaban a expensas de las rupturas abruptas de la relación laboral y sin derecho al desempleo.

Y, a partir de ahora, se tendrá que justificar el motivo de la causa del despido. Despido que llevará aparejado el derecho al desempleo. Un reivindicado derecho por las asociaciones de las trabajadoras del hogar, ya que era el único colectivo que no contaba con él.

Estabilidad, certidumbre y seguridad. Esto es lo que aporta el despliegue de derechos y protección del Real Decreto-ley 16/2022. Y cumple con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Coalición y con nuestros compromisos internacionales.

Los socialistas hemos puesto fin a una histórica discriminación de estas personas y se deja atrás, de una vez por todas, una vida de inestabilidad que pudiera parecer irremediablemente heredada para muchas de ellas. Por fin, las trabajadoras del hogar se alejan de la incertidumbre.

No ha sido un camino fácil para ellas. Sin embargo, todos estos años de lucha de estas mujeres, exigiendo su visibilidad, organizándose en asociaciones y reivindicando estos derechos, ha valido la pena.

Esta es una de las leyes más importantes de esta legislatura. Este Gobierno ha escuchado y hoy se garantiza la mejora de la vida de las trabajadoras del hogar.

Queda mucho por hacer. Cierto. Pero hoy podemos decir que esta norma dota de dignidad al colectivo de las personas trabajadoras del hogar, generándoles confianza y seguridad.

Avanzamos hacia una sociedad libre de discriminación y que apuesta por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Un gran logro colectivo para un país con una agenda transformadora y progresista.