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Laberintos de la prosperidad – Arias, X.C. y Costas, A. (Galaxia Gutenberg, 2021)

11 juliol 2022

Los autores hacen un recorrido por las doctrinas económicas de los siglos XX y XXI que les sirve para plantear su propuesta: la necesidad de un nuevo pacto social que aborde la doble transición digital y ecológica reduciendo la desigualdad.

El libro es de agradable lectura, al emplear un lenguaje sencillo. Hay una referencia que está presente a lo largo de la obra, que es la pandemia de la covid-19, que sitúa como punto de partida para abordar los necesarios cambios. Los autores recurren a diferentes momentos de la historia económica, como referentes para plantear su propuesta de un pacto social.

Ya en la introducción del libro aparece la pandemia, para recordar la similitud y la diferencia respecto a la crisis financiera de 2008; la similitud es la alta vulnerabilidad de los agentes económicos y la diferencia es la actitud de gobiernos, bancos centrales y los agentes sociales. A lo largo del trabajo se plantean las posibles reformas, examinando las fuerzas favorecedoras y las inercias contrarias al cambio.

En el primer capítulo los autores destacan que en 2008 se mostraron las debilidades del modelo económico y que la pandemia ha mostrado las debilidades de nuestra salud. La crisis producida por la pandemia fue totalmente diferente a las crisis anteriores, porque en esta ocasión la produjo un agente externo, agravada por la decisión de los gobiernos al decretar el gran confinamiento, lo que provocó un choque simultáneo de la oferta y la demanda.

Los autores destacan que hubo una reacción de los gobiernos y organismos internacionales muy contundente, pero que habrá que plantear acciones a largo plazo como el plan Next Generation EU de la Unión Europea. Este plan representa una gran oportunidad para alcanzar grandes metas, no solo por la vía del gasto, sino con la creación de nuevos impuestos. Dos rasgos definen ese avance: los órganos políticos de la UE se configuran como un eje vertebral y es la primera experiencia paneuropea de mutualización de deudas y riesgos.

Con la crisis han aparecido nuevas ideas, entre ellas, dejar de confiar en la plena racionalidad de los mercados y que, frente a la amenaza de estancamiento a largo plazo, se reaccione con una intervención pública intensa en educación e innovación, aún a riesgo de provocar inflación. Pero también hay riesgo de que se puedan trivializar los problemas derivados del incremento de la deuda pública, que pueden lastrar el crecimiento a largo plazo. En cualquier caso, el nuevo pensamiento macroeconómico es mucho más abierto y antidogmático, surgiendo el reforzamiento del Estado como estabilizador de la economía.

En el capítulo dos, los autores se adentran en un nuevo concepto: el capitalismo inclusivo. Y empiezan destacando que los economistas han fallado al no haber participado en el debate del cambio climático y sus consecuencias en la economía. Sin embargo, las cosas están cambiando y, como consecuencia, la macroeconomía se está reescribiendo en la cuna de la economía de mercado, Estados Unidos, donde se aprecia la necesidad de ir más allá del PIB y contemplar la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, la sostenibilidad o el futuro del trabajo.

Los autores presentan otros temas que están surgiendo, como las tecnologías de la información, la digitalización, el big data, la inteligencia artificial, la concentración monopolística, la falta de retornos al sector público, la apropiación de nuestros datos. En el esquema mercados versus Estados, existen tres debates muy importantes: 1) el principio de máximo beneficio como propósito único de la empresa, 2) el Estado emprendedor y 3) la desigualdad; pero faltaría otro pilar: el valor de la comunidad asociado a lo que Rajan llama localismo inclusivo.  

El objetivo de máximo beneficio para el accionista tiene graves consecuencias económicas, porque detrae recursos de los objetivos de las empresas y provoca el estancamiento a largo plazo, la inestabilidad de las empresas, la deslocalización y la concentración de la riqueza. Los autores aportan unos datos a partir de la aparición de una corriente neopolanyiana, sobre la idea del Estado emprendedor de Marianna Mazzucato, en que se demuestra que en Estados Unidos el 88% de las grandes innovaciones que tuvieron impacto sobre los sistemas productivos entre 1971 y 2006 fueron financiados con fondos federales. Por otra parte, la ciencia básica ha sido fundamental, produciendo no solo beneficios científicos sino también económicos. Las vacunas han confirmado la importancia de la intervención de los gobiernos, pero no solo las vacunas,  también la futura doble transición ecológica y digital necesitará de una gran inversión pública que debe producir un retorno al sector público.

Los temas que últimamente tienen un mayor interés en el debate económico son la distribución de la renta, la desigualdad y la pobreza, como reacción al pensamiento económico dominante a partir de 1970, que concluía que la eficiencia y la igualdad son incompatibles. Los autores destacan los trabajos que analizan la situación de los países desarrollados, cuyo incremento de la desigualdad ha tenido importantes consecuencias, siendo la principal el malestar social y la deslegitimación del capitalismo. La explicación convencional de la desigualdad actual se centra en la nueva tecnología y la internacionalización: aun siendo en parte cierto, Piketty afirma que la desigualdad no es económica o tecnológica, sino que es ideológica y política.

Los autores inician el capítulo tres subrayando que a finales de 2019 había una cierta atonía, esperando transformaciones en un futuro próximo que girarían alrededor de seis ejes: los dos primeros (digitalización extensiva y lucha contra el cambio climático) se refieren a la adaptación de los sistemas productivos de una forma imperativa. El resto son: las dudas sobre el futuro de la globalización actual, la aceleración de la actividad económica, la importancia del sistema de salud y la presencia del malestar ciudadano. La gran revolución tecnológica sigue avanzando con efectos transformadores en todos los aspectos de la vida social, estando ya entre nosotros el big data, la inteligencia artificial o la robotización.

En Europa, la gran transformación vendrá del plan Next Generation EU para hacer frente a la polarización chino-norteamericana. Esta transformación tiene riesgos sobre el empleo, por lo que muchos trabajadores tendrán que cambiar de puestos de trabajo y si al final los peores escenarios se confirman, algunas propuestas polémicas como la renta básica universal o el trabajo garantizado entrarían en escena.

Los autores miran con preocupación la implicación problemática de un pequeño grupo de empresas: Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA), que concentran cotas de riqueza y renta desconocidas hasta ahora. Su expansión no se debió solo a su capacidad tecnológica, sino a su posición de vanguardia que les proporcionó un poder monopolístico. Su actividad es fuertemente determinante en el resto de las actividades económicas, siendo su concentración de riqueza, causa del incremento de la desigualdad, porque están debilitando el poder negociador de los sindicatos y reduciendo el ritmo innovador de la economía.

Arias y Costas recomiendan que, de la misma manera que a principios del siglo XX se pusieron en marcha leyes antimonopolio vigentes durante décadas, ahora se tendría que hacer algo similar. Llama la atención que, comparado con los descubrimientos tecnológicos anteriores (ferrocarril, teléfono, automóvil, televisión, etc.), la tecnología digital ha progresado con muy poca regulación y esta es necesaria para permitir alcanzar un nuevo contrato social. Finalmente, resulta inaceptable que la inversión pública que hizo posible la tecnología, no tenga un retorno a la sociedad. Este cambio del capitalismo, con una gran concentración de la riqueza, del conocimiento y del poder, no tiene precedentes en la historia. Las repercusiones son importantes, tanto desde el punto de vista económico, porque se produce extracción de valor en lugar de creación de valor, como desde el punto de vista de las libertades individuales.

En EE.UU., a pesar de Trump, ha ganado espacio la idea de crear un nuevo New Green Deal, e incluso China empieza también a asumir compromisos. La pandemia ha servido para que se visualice cómo un shock puede alterar la actividad económica y de alguna manera nos prepara para otro shock como es el cambio climático. Los autores recuerdan que hay un importante informe sobre economía europea que demuestra cómo invertir en una baja emisión de CO2, puede producir una tasa de crecimiento muy importante. No solo los gobiernos tienen una responsabilidad, también los Bancos centrales la tienen financiando las agendas verdes. La doble transición digital y ecológica constituye un hecho extraordinario por cuatro razones: permite realizar un gran esfuerzo económico con un sentido estratégico, establece horizontes temporales dilatados para la acción económica, obliga a establecer colaboración público-privada y combate la tendencia hacia el estancamiento actual.  

En el capítulo cuatro, se estudian cuatro fenómenos que caracterizan la evolución económica y social de los últimos años: el cambio en la tendencia de la globalización, la aceleración de las transacciones económicas, el sistema de salud y el malestaren el tejido social. 

Los problemas de abastecimiento de bienes básicos durante la pandemia pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de producción en un mundo tan internacionalizado. A diferencia de la Gran Depresión, en la que las restricciones eran para las importaciones, con la pandemia las restricciones fueron para las exportaciones. Todo apunta a que se reducirá el crecimiento económico que dependa del comercio global. La integración de Rusia en el espacio supranacional y la entrada de China en la OMC en 2001 apuntaba a un reforzamiento del multilateralismo. Sin embargo, los años del trumpismo han dañado la gobernanza supranacional.

En el centro de la crisis de la globalización está la lucha por la hegemonía tecnológica. El poder tecnológico de China no se centra en unas pocas empresas, sino que es un proceso de transformación general, de tal forma que EE. UU. y China están destinados a enfrentarse en algún momento del siglo XXI y conformarán dos globalizaciones distintas: una liderada por el capitalismo de libre empresa y otra liderada por el capitalismo de Estado. Se han visto los problemas que crea la globalización, sin embargo, esta tendencia hacia la desglobalización coincide en un momento que es muy necesaria la cooperación en temas sanitarios o de cambio climático. También se necesita coordinación en el tema fiscal, para evitar los paraísos y la competencia fiscales. Precisamente en el tema fiscal, los autores ven una ventana al optimismo con la decisión del G-7 de establecer un mínimo del 15% para el impuesto de sociedades y la obligación de las multinacionales de tributar donde obtienen sus beneficios.

Los autores, después de analizar el cambio en la globalización, se adentran en la aceleración de las transacciones económicas. La revolución tecnológica ha tenido una incidencia profunda en los sistemas organizativos y gerenciales del moderno capitalismo, en los sistemas organizativos se ha impuesto el modelo just-in-time y la revolución logística. En los aspectos gerenciales, se ha impuesto maximizar el beneficio del accionista en el menor tiempo posible. La aceleración no tiene el mismo ritmo en todas las actividades, siendo las finanzas las que protagonizan una mayor aceleración, no solo por la aplicación de las nuevas tecnologías, sino por una voluntad política de liberalizar esos mercados.

Otro de los fenómenos que se analizan y que caracterizan la evolución económica es el de la salud. La pandemia ha dejado claro que la salud es lo primero, por lo que hay un consenso en invertir masivamente en cuidados médicos, sistemas de rastreo, producción de productos sanitarios básicos y sobre todo la vacunación. Finalmente, se avanzó en la idea de crear una política sanitaria común. Las mejoras en salud favorecen la fuerza de trabajo y el aumento de la productividad: un tercio del crecimiento de la economía en un siglo es atribuible a los progresos sanitarios. Se aporta un dato sobre el coste de los problemas de salud, que confirma que es del 15% del PIB a escala global, del cual un 40% se podría haber evitado con tratamientos médicos convencionales.

El último fenómeno que se analiza es el malestar de laciudadanía. Es un hecho evidente, como demuestran las encuestas, que en 2018 el 67% de los europeos opinaban que el mundo antes era un lugar mejor para vivir. El malestar se origina en la pobreza, el desarraigo, el retroceso, la pérdida de ingresos y de posición social, pero también en la falta de identificación con un proyecto colectivo, que la aparición de los nuevos paradigmas culturales de origen thatcheriano No-society y There is no alternative han contribuido a acentuar.

En el capítulo cinco se desarrolla más ampliamente la manifestación del malestar y lo relacionan con el populismo: los “chalecos amarillos” en Francia, el referéndum del Brexit, o en España el movimiento de los indignados del 15-M. El malestar se puede considerar como una enfermedad de la democracia, imprecisa en sus causas, pero concreta en su patología y en sus consecuencias sociales, políticas y económicas.

La primera causa es la pérdida de bienestar y la falta de oportunidades de colectivos prósperos en los años 50 y 60, que ahora se han empobrecido. La segunda causa del malestar tiene razones culturales en las conductas racistas y de rechazo a la inmigración. Sin embargo, los autores concluyen que las verdaderas razones del malestar tienen raíces socioeconómicas. Las razones culturales e identitarias sostienen la existencia de una guerra cultural como consecuencia de la desazón y el populismo, debido a que gobiernos liberales y socialdemócratas han defendido a las minorías y a los inmigrantes. Las razones socioeconómicas y culturales no son excluyentes entre sí, sino complementarias.

Debido a que el populismo basa su estrategia en elementos culturales, los autores plantean la necesidad de analizar los costes económicos del populismo y si este es un peligro para la democracia liberal. Concluyen que con los datos que disponemos en la actualidad no se puede sacar conclusiones definitivas, pero en investigaciones recientes con datos del populismo desde 1900 en diferentes países, se ha demostrado que es económicamente costoso, porque sus políticas comerciales se vuelven proteccionistas y porque, por otra parte, el populismo fomenta la inestabilidad y el deterioro institucional. El populismo actual bebe en la desigualdad de la renta y la riqueza y en la falta de oportunidades. Pero hay un dato paradójico en el hecho que países con alta desigualdad en renta y riqueza, tienen un crecimiento estable sin grandes conflictos, porque existe ascensor social y funciona bien.

Los autores introducen a lo largo de estas líneas el principal mensaje del libro, que es el contrato social, argumentando que este permite que el conflicto social sea gestionable, porque permite repartir equitativamente los riesgos en tiempos de crisis y los beneficios en las etapas de crecimiento. Adam Smith manejaba el “principio de simpatía” para explicar la armonía entre productores y consumidores de la sociedad del siglo XVIII, que podría tener una cierta relación con el contrato social. Sin embargo, los economistas del siglo XIX creían en el efecto autorregulador de los mercados, que es una fantasía intelectual que tuvo y tiene una gran influencia en los economistas.

La idea que los economistas tenían del laissez faire, era que la actividad económica traería prosperidad para todos, por lo que el contrato social no tendría ningún papel. Pero la realidad funcionó de otro modo, y el capitalismo creó riqueza, pero sin repartirla, por lo que se incrementó la desigualdad y la pobreza y con ello se provocó conflictos laborales y caos político a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Al finalizar la I Guerra Mundial se volvió al laissez faire y los conflictos se enquistaron. Solo después del crack de 1929 y de la II Guerra Mundial, las élites comprendieron la necesidad de un contrato social. En ese periodo, la desigualdad disminuyó de forma notable, aparecieron amplias clases medias y se consolidaron las democracias. El Estado de bienestar tenía dos grandes objetivos: la igualdad de oportunidades mediante la implantación de la educación universal, y la erradicación de la pobreza mediante tres pilares básicos como la cobertura de paro, la sanidad universal y el seguro de pensiones. En España el contrato social no cambió hasta la mitad de 1970, con la transición hacia la democracia mediante los Pactos de la Moncloa. Pero en los países desarrollados, a partir de mediada la década de 1970 el contrato social empezó a cuartearse, situación que se agravó con la crisis financiera de 2008.

De forma inesperada, la pandemia puede ser una segunda oportunidad para renovar el contrato social, porque mientras que el coste de la crisis financiera recayó en un 80% en los trabajadores y un 20% sobre las empresas, con la pandemia ha sido justo al revés, y ha sido así por la intervención masiva de los gobiernos. La cuestión ahora es cómo garantizar que algunos de estos beneficios se puedan garantizar en un futuro, porque  con el final de la crisis de salud y la vuelta al crecimiento económico a partir de 2022 aparecerán vulnerabilidades, y sería un error que el inesperado impulso hacia la economía inclusiva se perdiera cuando se supere la crisis.

Se inicia el capítulo seis afirmando que uno de los fenómenos más trascendentales y universales de los últimos años es la crisis sufrida en las democracias liberales. Los autores recuerdan que detrás del populismo hay causas culturales, pero las de tipo económico son fundamentales y las políticas económicas puestas en marcha para resolver la crisis anterior agravaron el malestar.

A diferencia de los viejos movimientos de extrema derecha, los nuevos populismos no atacan a la democracia electoral, porque buscan sus bazas de poder en la radicalización del voto. Los intentos de explicar el retroceso democrático genera un debate, que, por una parte, se centra en cuestiones identitarias y culturales, y por otra se centra en los problemas económicos que genera la globalización, con la apertura de la cuenta de capital, que produjo escasas ganancias productivas y, sin embargo, trajo reducciones en las rentas de trabajo y aumentos en la desigualdad, tal y como se  ha producido a lo largo de la historia cada vez que se impusieron políticas radicales de austeridad. Otra cuestión a tener en cuenta son las dificultades de la democracia por la fuerza que tienen los mercados liberales. La democracia retrocede no solo por el rasgo del liberalismo de una inclinación hacia la democracia iliberal (democracia sin derechos), sino también porque hay una tendencia hacia un liberalismo ademocrático (liberalismo sin democracia).

Por otra parte, también se produce una enorme capacidad de decisión de los bancos centrales, que actúan como creen que deben actuar y eso que es bueno para la eficiencia, resulta letal para la democracia en tiempos de crisis. La pregunta que se hacen los autores, es si una democracia puede dejar en sus manos, decisiones que afecta al conjunto de la ciudadanía. Otra cuestión que abordan los autores es el tema de las llamadas puertas giratorias que se produce entre política y negocios sin un efectivo control. Crece el malestar con los “expertos”, porque no solo hay malestar con la desigualdad, sino con las perspectivas de que el ascensor social funcione. Como conclusión, además de por razones económicas y culturales, existe otra causa de la crisis democrática, que es el factor tecnológico que ha provocado la proliferación de fake news producidas por los agentes políticos.

Los autores no tienen una conclusión clara respecto del efecto de la pandemia en el populismo, ya que en unos casos ha provocado polarización y recesión democrática en países como España, pero en otros casos ha perjudicado a la extrema derecha, como han sido los casos de Alemania, Austria o Escandinavia. A pesar de que los efectos a corto plazo de la pandemia son poco concluyentes, sí se puede pensar en un impacto negativo por la fuerte presencia de los poderes públicos, que no se entendió en muchos países por la colisión que se produjo con las libertades individuales. Existen investigaciones que coinciden en que las pandemias limitan el crecimiento y aumenta la desigualdad, lo que conduce al aumento del malestar. Existe la idea de que después de la pandemia los países democráticos limitarán algunos derechos en favor de la eficacia. Presentan dudas acerca de la eficacia de las soluciones democráticas, porque para combatir la pandemia, han sido fundamentales los sistemas de rastreo a través de geolocalizadores que son claramente intrusivos en la privacidad. 

Los autores inician el capítulo siete volviendo al otoño de 2008 y a la primavera de 2020, donde los gobiernos tuvieron que intervenir necesariamente, por lo que la controversia intervención pública versus mercado desapareció. Ahora la cuestión es si esta situación se mantendrá, y todo parece indicar que así será por varias razones: en primer lugar, porque los grandes crecimientos del gasto son difíciles de retrotraer; en segundo lugar, porque el debate teórico y público ha cambiado mucho y el fundamentalismo de mercado ha tenido un gran retroceso, y en tercer lugar porque la nueva presencia del Estado tiene mucho que ver con las transformaciones de fondo, que exigirán durante mucho tiempo fuertes inversiones y coordinación por parte de los Estados.

Los autores observan que hay distintas formas de establecer la relación gobierno/mercado. En el mundo occidental hay diferencias entre los países nórdicos y los anglosajones.  En los primeros siempre ha habido una presencia importante del Estado, y en los segundos predomina el mercado. A pesar de la posición dominante en el pensamiento económico de la “mano invisible”, algunas de las experiencias de éxito han venido de la mano de los Estados con una fuerte coordinación público/privada, y en el caso de China, con fuerte intervención del Estado.

Ya antes de la pandemia, y a raíz de la crisis de 2008, se estaba debatiendo el papel del Estado en la economía y se preveía que se reforzaría la idea de una mayor intervención pública frente a la idea de la estabilización que crean los mercados. Y estas nuevas ideas están permitiendo un retorno de las políticas industriales, después de revisar algunas ideas dominantes, que argumentaban que las políticas industriales distorsionaban los procesos virtuosos del mercado. Hay dos motivos a favor de las políticas industriales: por una parte, con la pandemia ha aparecido el concepto de sectores estratégicos, pero la razón más importante es porque la actividad productiva estará cada vez más condicionada por la doble transición digital y medioambiental, que va a requerir inversiones a gran escala, estrictas regulaciones y finalmente la coordinación del sector público y privado. Las políticas industriales ambiciosas deben tener un compromiso medioambiental y dinámicas de investigación e innovación, y además deben tener retornos para el sector público a través de participación directa en el capital de las empresas estratégicas.

La intervención pública tiene otro ámbito: el Estado de bienestar para combatir la desigualdad y la pobreza a través de un nuevo contrato social con un capitalismo inclusivo. Pero el Estado de bienestar tiene serias amenazas. Por una parte, un fuerte incremento de deuda pública y, por otra parte, la dinámica adversa de la demografía por el incremento de la población dependiente. La pandemia ha reforzado la necesidad de un Estado fuerte, pero tampoco se ha de idealizar la intervención pública, como tampoco aceptar la noción de “fallo del Estado”, que ha sido exagerada por el liberalismo, lo que demuestra la complejidad de la relación entre economía y política.

Siguiendo con los comentarios anteriores, sería conveniente que en las relaciones gobierno/mercado, se dé entrada a un tercer vector: la comunidad. Hay dos razones: la primera es por el retroceso de la globalización, cuyas consecuencias son un preocupante crecimiento de los nacionalismos, y la segunda razón es por el retroceso democrático. Pero teniendo en cuenta la cultura democrática de las últimas décadas, parece un objetivo inalcanzable, porque llega a la conclusión de que el uso colectivo de los recursos llevaría al agotamiento, y, por tanto, la asignación de los mismos se debe realizar con la lógica de los mercados. Afortunadamente, hay valiosas aportaciones en sentido contrario, en las que se demostró que cuando se utilizan los recursos naturales de forma conjunta, con el tiempo se establecen normas para cuidarlos sin necesidad de regulación pública alguna. Inicialmente se aplicó estas ideas a actividades tradicionales (pastos, bosques, regadíos), pero luego se utilizó en actividades más sofisticadas, como el uso de las tecnologías del conocimiento y las redes sociales. Los autores definen la comunidad como “un espacio de cultura compartida e interacción libre y espontánea que se da en un territorio localizado”.

En el capítulo ocho, los autores vuelven a recordar que ya antes de la pandemia las democracias tenían un problema distributivo: el crecimiento económico y de la productividad a partir de los años ochenta no vinieron acompañados de prosperidad y oportunidad para todos. Al mismo tiempo, la autoritaria China, consiguió sacar de la pobreza a un número creciente de personas, lo que ambas circunstancias debilitaron aún más el núcleo fundamental del capitalismo liberal de prosperidad e igualdad de oportunidad para todos. Esta situación se agravó con la crisis de 2008 por las políticas de austeridad fiscal que afectaron a los trabajadores y hogares pobres y, para más injusticia, al mismo tiempo se producía un rescate multimillonario a los bancos causantes de la crisis. La recuperación económica posterior no trajo prosperidad para todos, sino que agravó la situación de los más vulnerables, lo que produjo la deslegitimación de la economía de mercado. La inesperada pandemia está rehabilitando algunos aspectos de ese contrato social, como demuestra la ingente movilización de recursos públicos para ayudar a familias y empresas; está por ver si estos programas de ayudas seguirán más allá de la pandemia o volverá la doctrina del laissez-faire.

Hay diferentes formas para eliminar el malestar, de combatir el populismo y el retroceso democrático, de reducir la desigualdad y lograr la prosperidad inclusiva. Los autores resumen, de forma sintética, los diferentes contratos sociales que representan en función de dos ejes: el horizontal recoge preferencias por el modelo de filosofía social (individualista o solidaria), y el vertical, preferencias por el tipo de economía (abierta o proteccionista). De la combinación de ambos ejes, los autores apuntan cuatro grandes tipos de contratos sociales. “La combinación de economía abierta y filosofía individualista” es la que defiende el laissez faire, es decir mercados libres y bajada de impuestos a las empresas y a los más ricos, porque según opinan sus defensores, mediante el derrame, los beneficios llegan al conjunto de la sociedad. “La combinación de economía cerrada y filosofía individualista” es la que defienden los nacionalistas, que con la política arancelaria persiguen retornar puestos de trabajo perdidos por la globalización. “Con la economía cerrada y filosofía solidaria” que defiende la izquierda radical, se propone un gasto social redistributivo fuerte, junto con un incremento de los impuestos a las rentas altas y una mayor intervención del Estado. Una de sus medidas más radicales sería la Renta Básica Universal. Finalmente, la“combinación de economía abierta y filosofía solidaria”busca una economía abierta a través de la libre empresa, pero con políticas de reparto de los beneficios y con predistribución mediante políticas educativas y de formación profesional. Esta opción es la preferida de los autores.

La razón por la que el buen funcionamiento del capitalismo de las décadas posteriores a la II Guerra Mundial torciera su rumbo no ha sido por la globalización ni el cambio tecnológico. No es por la globalización, porque las políticas desigualitarias empezaron antes de la globalización, y no es por culpa del cambio tecnológico, ya que la introducción de máquinas herramientas en el siglo pasado aportaron mejoras. La desigualdad ha sido una opción política, no una fatalidad inevitable.

Las dos fuentes que provocan la desigualdad son: por un lado, la política de defensa exclusiva del accionista y, por otro lado, el fuerte poder de los mercados. Por ello se viene planteando una reforma del capitalismo contemporáneo, a través de la firma de un manifiesto realizado en 2019 por parte de 181 grandes empresas, y también mediante otro manifiesto de la cumbre de Davos en 2020. Pero será necesario, además, una regulación pública y mucha presión social.

Una fuente que provoca el malestar social es la gran fuerza de las corporaciones globales por una elevada concentración de los sectores tradicionales y monopolios en los tecnológicos. Un estudio sobre la relación entre desempleo y salarios detectó que una reducción del desempleo no provocaba un aumento de los salarios, como hubiera sido lógico, y este dato provocó un interés en estudiar la relación concentración económica/estancamiento salarial. En este sentido, Joan Robinson desarrolló una teoría sobre la competencia imperfecta en 1933 que fue una revolución intelectual. En ella afirmaba que si los mercados son imperfectos, algunas empresas pueden tener “poder de mercado”, y con este poder pueden obtener beneficios extraordinarios sin ser eliminadas por la competencia.

Estudios empíricos actuales vinculan la concentración empresarial con la caída de los salarios en la línea de Robinson. Los bajos salarios no siempre fueron un problema del capitalismo: en las décadas de 1950 y 1960, los salarios crecieron de forma intensa, coincidiendo con un fuerte crecimiento económico. Sin embargo, a partir de la década de 1970, el crecimiento de los salarios se redujo y en muchos casos se estancó. Siguiendo la teoría de Robinson, la razón se debe al poder de mercado, por la desigual capacidad de negociación entre empresa y trabajadores, por lo que la solución es fortalecer a los sindicatos y legislar para que los trabajadores entren a formar parte de los órganos de control y gobierno de las empresas, tal y como propone la OCDE y el FMI. Hay que reformar los mercados de bienes y servicios y fortalecer la política de defensa de la competencia, especialmente con las nuevas empresas tecnológicas y plataformas digitales, tratando a estas empresas como servicio público, para que los datos de sus clientes puedan ser de acceso libre.

Por todo lo dicho hasta aquí, el contrato social debe tener dos objetivos: por una parte, promover una economía innovadora, compatible con el medio ambiente y resiliente frente a las crisis y, por otra parte, evitar que nadie se quede atrás en el reparto de la prosperidad de la economía. Para conseguirlo, hay que transformar el capitalismo desigualitario en un capitalismo inclusivo que revierta la falta de oportunidades para los niños y jóvenes, y también la falta de oportunidades en el ascenso social para los trabajadores.

Si la desigualdad es la última causa del deterioro de la democracia, hay que medir el impacto que tienen las medidas políticas sobre la equidad y no solo sobre la eficiencia. Se suele analizar el impacto sobre el precio de bienes y servicios, sin tener en cuenta que a veces se hace a costa de una precarización de los empleos, o de un deterioro del medio ambiente, o de las comunidades sociales de su entorno. Los monopolios digitales son un ejemplo paradigmático porque ofrecen sus servicios a coste cero (bueno para los consumidores) pero puede que sea a base de precarizar el trabajo, impedir la competencia y restringir la privacidad.

Los autores han confeccionado un cuadro con dos ejes: en el vertical, están representadas los tipos de desigualdad y en el horizontal, las diferentes políticas para luchar contra las desigualdades. Combinando los dos ejes, salen tres políticas contra la desigualdad: predistributivas, distributivas y redistributivas. Los autores se centran en el pilar fundamental del contrato social que está formado por las políticas distributivas, que son las que actúan en la etapa de la producción. En este pilar, los autores mencionan las diferentes políticas distributivas para luchar contra la desigualdad que se puede ver en el cuadro. En el pilar de las políticas predistributivas, el objetivo sería fortalecer la formación de las personas y legislar a favor de una política de vivienda. Finalmente, para los autores es muy importante la gratuidad de la etapa preescolar de los niños, porque es fundamental para su trayectoria vital y laboral. En el pilar de las políticas redistributivas, los autores proponen una serie de acciones tal y como figuran en el cuadro. Hay otras políticas redistributivas en caso de que la digitalización y automatización provoquen una destrucción masiva de puestos de trabajo, como sería la Renta Básica Universal.

Desde los años ochenta, existe un falso dilema entre eficiencia y justicia social en el sentido de que las políticas para reducir la desigualdad dañan la eficiencia económica, pero investigaciones actuales del FMI y la OCDE, que en un pasado defendieron esa tesis, concluyen de forma diferente. Los autores han confeccionado un cuadro con dos ejes: el vertical recoge todos los factores que los economistas utilizan para explicar la eficiencia y el crecimiento, y el horizontal, factores relacionados con el contrato social. Evidentemente, cuantos más recursos disponga un país más rápido será el crecimiento, pero este crecimiento puede ser lento y dual, debido a la forma en que se combinan todos los factores, por lo que un buen contrato social puede mejorar el crecimiento económico.

En el último capítulo, los autores ya definen, con el título, su esencia: Capitalismo inclusivo o barbarie. A partir de la crisis financiera de 2008, se veía la necesidad de un cambio en la vida económica y social que la pandemia aceleró, debido al malestar de amplios sectores sociales. De ahí surgieron nuevas preguntas y respuestas sobre las causas y efectos de la desigualdad, sobre el reparto de la renta y de la riqueza, pero sobre todo la forma de conciliar la eficiencia con la justicia social. Es un diálogo más abierto y menos doctrinario que el que ha dominado el último medio siglo. Llegados aquí, los autores proponen hacer una reflexión histórica, basada por una parte en los dos siglos de desarrollo capitalista y por otra, en los cambios producidos en las décadas centrales del siglo XX. Los dos siglos de desarrollo capitalista han creado unas sociedades de la abundancia, pero que no son sostenibles. Los años centrales del siglo XX se realizaron cambios con unos resultados espectaculares, por lo que se puede aprender que todo es posible y si se hicieron aquellos cambios entonces, también se pueden hacer otros ahora. 

Los autores ven que, en la actualidad, se tiene una mirada muy corta y sin estrategia a medio y largo plazo. Afortunadamente, abundan estudios que muestran que tanto la Unión Europea como EE.UU. empiezan a tener políticas estratégicas a largo plazo, como es la doble transición digital y medioambiental, que requerirán de fuertes inversiones y de la colaboración público-privada. También serán necesarias otras intervenciones públicas: políticas monetarias más allá de la estabilidad de precios; políticas de defensa de la competencia; inversiones en la salud, la educación y las políticas sociales de la predistribución.

Los autores afirman que las decisiones económicas tienen evidentemente consecuencias en la economía, pero también tiene consecuencias políticas y sociales y afortunadamente se ha recuperado la idea de Economía política, frente a la idea de que la economía es algo neutro, alejado de las ciencias sociales.

Vuelven los autores a referirse a la historia, para concluir que los países de vez en cuando revisan su trayectoria, que casi siempre coincide con las grandes crisis y cuyos cambios pueden tener un carácter inclusivo, como ocurrió con el final de la II Guerra mundial, o un cambio al neoliberalismo, como ocurrió con la crisis energética de 1970. Pero no siempre se producen cambios con las crisis, como ocurrió con la crisis de 2008, donde se siguieron aplicando las ideas liberales de la época. Cuando las crisis son producto de factores externos como una guerra o una pandemia, los cambios son más propensos a una tendencia inclusiva, porque la incertidumbre provoca prudencia y racionalidad, y en ese sentido los autores aportan la distinción que hizo Keynes entre riesgo e incertidumbre: el riesgo se relaciona con sucesos identificados (accidentes) y de los que tenemos datos históricos; sin embargo, la incertidumbre se relaciona con sucesos que no podemos identificar (guerras, pandemias) y, al no disponer de datos históricos, no se le puede asignar una probabilidad de que ocurra.

Los autores concluyen que “la incertidumbre no se puede gestionar a través de los mercados, sino que debe afrontarse de forma colectiva y pública mediante políticas de consenso”, como ocurrió después de la II Guerra Mundial, y eso es posible porque en situaciones de incertidumbre somos más proclives a enfrentarnos al fututo empleando el principio de reciprocidad (diferente al principio de solidaridad) a través de instituciones colectivas.

Pero hay más obstáculos, de los que los autores destacan cinco: 1) Las dificultades propias de los procesos complejos de transformación que conduzcan a otros escenarios; 2) La dificultad de revertir tendencias profundas a lo largo de medio siglo; 3) La fuerte polarización política que dificultará el consenso; 4) La ineficacia de muchos Estados; y 5) La acusación de que es un retorno al pasado. Evidentemente no es una vuelta nostálgica al pasado, sino el deseo de recuperar algunos de los valores que predominaron aquellos años. En las décadas centrales del siglo XX hubo consenso para ofrecer una alternativa al socialismo real que estaba en franca expansión, y en la actualidad debería haber consenso para destacar las ventajas de las democracias liberales, frente las que ofrece China. Y que, para una parte importante del mundo, son más eficientes.

La obra finaliza con una amplia bibliografía (12 páginas), y un índice onomástico.

F.M.

Xosé Carlos Arias (Lugo, 1954). Catedrático de Política Económica en la Universidad de Vigo. Entre sus últimos libros publicados, destaca la coedición de Nuevo institucionalismo: gobernanza, economía y políticas públicas (CIS, 2013), así como capítulos en libros de editoriales internacionales como Springer. Colabora en diversos medios como articulista.

Antón Costas (San Pedro de Matamá, Vigo, 1949). Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Ha presidido el Círculo de Economía de Barcelona y en la actualidad es presidente del Consejo Económico y Social de España. Autor de un importante conjunto de libros. Participante en distintos foros sobre economía.

Presentación del libro “Laberintos de la Prosperidad” de Antón Costas. LLYC. 19 enero 2022.