Mercè Perea es diputada socialista en el Congreso y presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. También es la primera secretaria de la Agrupación Sur del PSC de L’Hospitalet.

 

 

“España es un estado social y democrático de derecho”. Así lo afirma la Constitución española en su artículo 1, propugnando como “valores superiores de su ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Tras la experiencia de las crisis económica y sanitaria de las dos primeras décadas del siglo XXI, los estados democráticos -y que se denominan sociales- han de tener claro el camino que deben transitar para afrontar con justicia social los retos presentes y futuros. Deben decidir si optan directamente por las políticas neoliberales que nos llevaron a un crecimiento exorbitante de la desigualdad en 2008, especialmente en política laboral, o si asumen de una vez por todas las políticas de escudo social, como las que desplegó el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018.

La senda neoliberal supuso un incremento desmesurado del poder de la patronal e infligió una presión brutal a las organizaciones sindicales, tuvo como efectos directos el desequilibrio en la negociación, la desregulación del trabajo y más precariedad en el empleo. En cambio, las políticas socialdemócratas del Gobierno de coalición progresista ayudaron a consolidar los derechos de los trabajadores. Política de tierra quemada, la de la derecha, contra la política útil, la que soluciona los problemas reales de la ciudadanía, especialmente en el ámbito que condiciona la vida de las personas: el trabajo. Esa es la elección.

La XIV Legislatura sentó esas bases con más de 14 acuerdos en el diálogo social, seña de identidad del Gobierno progresista de coalición liderado por Pedro Sánchez desde 2018. El diálogo social es el instrumento más eficaz para conjugar el equilibrio necesario entre los objetivos sociales y los derechos y libertades económicas. Un diálogo social que ha sabido articular, desde posiciones en ocasiones antagónicas de las organizaciones sindicales y la patronal, políticas públicas útiles y eficaces que se han consolidado gracias a la legitimidad social y económica de los acuerdos que son los que generan certidumbre y confianza en la ciudadanía, y aumenta la resiliencia de los Estados miembros en épocas de crisis económica.

La legitimidad es inherente al diálogo social. Prueba de ello fue la rotunda negativa del presidente de la CEOE a la propuesta electoral de derogar la Reforma Laboral del entonces candidato Alberto Núñez Feijóo.

Además, el Gobierno de España ha impulsado un gran paquete de medidas para reforzar los derechos de las personas trabajadoras. Primero en la pandemia, con un escudo social que puso en marcha más de 45.000 millones de euros para proteger las rentas de las personas trabajadoras y la actividad económica; y después, con medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 47%, con el objetivo de llegar al 60% del salario medio como marca la Carta Social Europea y que aleja de la marginalidad a las trabajadoras y trabajadores afectados. Una de las políticas de mayor éxito de los últimos tiempos. Asimismo, la próxima subida del SMI anunciada hace pocos días, que elevará ese incremento hasta más del 50% del salario mediano que indica la Carta Social Europea, reforzará esa apuesta por los salarios dignos, beneficiando a más de dos millones de personas trabajadoras. Especialmente a las mujeres.  

Se trata de una cuestión de absoluta justicia social. Además, la subida del SMI, contrariamente a lo que anunciaban los agoreros de la derecha apocalíptica, ha impactado de forma positiva en la economía nacional. España crece y crea empleo, superando un modelo injusto y con una corrección progresiva, acercándonos al estándar europeo. El objetivo es que los trabajadores que cobran el SMI no pierdan poder adquisitivo.

Hoy tenemos un mercado de trabajo más justo, compatible con la creación de empleo, con casi 21 millones de personas afiliadas y que ha reducido la brecha de género un 25%. Nunca antes había habido tantas mujeres trabajando. También el desempleo juvenil está en mínimos históricos y se está creciendo por encima de Alemania y Francia, creando más empleo indefinido que nunca.

La reforma laboral ha sido la gran revolución. Una revolución hecha desde el Boletín Oficial del Estado (BOE), como decía Ramón Rubial, que es desde donde se hacen las revoluciones en democracia. Esta reforma ha equilibrado las fuerzas entre patronal y agentes sindicales y ello ha dado sus frutos en términos de cantidad, calidad y condiciones del empleo.

Hace poco inauguramos la XV Legislatura con dos retos. Primero, consolidar los avances transversales conseguidos con la reciente revolución laboral producida en España desde 2018. Y, en segundo lugar, cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de transición ecológica y transición digital.

La automatización, robotización y la inteligencia artificial nos exigen el establecimiento de nuevos derechos a nivel nacional, supranacional y global. Por lo que las políticas económicas han de ser capaces de afrontar esos nuevos modelos desde la inclusión. Así, el reciente acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el proyecto de reglamento de Inteligencia Artificial es una gran noticia. Y aquí el diálogo social ha de ser la herramienta clave para la gobernanza de estos fenómenos y los retos que representan.  

Es evidente que la intermediación de los poderes públicos en el fomento del diálogo social no es ni un fenómeno reciente ni tampoco puede ser flor de un día. Es esencial su consolidación como institución democrática por cuanto la fortalece.  Es y ha sido un componente fundamental del modelo social europeo, siendo su germen el proceso de diálogo social de Val Duchesse, iniciado en 1985 por el entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors. Valga aquí nuestro reconocimiento y homenaje a Delors, europeísta socialista convencido, recientemente fallecido. El valor del diálogo social es incuestionable.

Por tanto, los estados deberán decidir entre un estado social y democrático de derecho en el que se asegure la justicia social o un estado en el que se apliquen las políticas austericidas a las que nos ha tenido acostumbrados mucho tiempo el PP. Para los socialistas no hay duda: tendrá que ser con justicia social y desde el diálogo y la concertación. Un diálogo para conjugar crecimiento económico y justicia social. Un diálogo para que nadie se quede atrás.

En estos años de crispación política, es una oportunidad fomentar instituciones de consenso y de la participación social como es el diálogo social. Una institución constitucional básica que legitima los procesos de transformación económica y social y eje fundamental del progreso democrático de España.

La derecha extrema y la extrema derecha han decidido convertir a los sindicatos en el objeto de sus recortes y de su sectarismo, con el objetivo de debilitarlos, obviando deliberadamente el papel que les otorga la Constitución. Un grave error. Porque el diálogo, el acuerdo y el pacto son los elementos que sustentan las reformas perdurables, y que generan seguridad y confianza en la ciudadanía. Actuemos en consecuencia.