Paco Aranda es diputado socialista en el Congreso y portavoz en la Comisión de Justicia, así como primer secretario de la Federación del Vallés Occidental-Sud del PSC.

 

Los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de España presentaron este viernes una proposición de ley para modificar el Código Penal. Esta iniciativa parlamentaria, hecha oficial después de que el presidente Pedro Sánchez manifestara la voluntad del Gobierno de reformar la legislación relativa al delito de sedición, contempla la sustitución de este tipo penal por otro de “Desórdenes públicos agravados”, en consonancia con el derecho comparado de nuestro entorno europeo.

En este sentido, es preciso señalar que entre los motivos esgrimidos por varios tribunales de estados miembros de la UE para no extraditar a los líderes del “procès” y que fueron responsables de los hechos acaecidos en 2017, han sido, entre otros, la inexistencia de delitos equivalentes a la sedición en los ordenamientos jurídicos de estos estados miembros.

La sedición, vigente en el Código Penal desde inicios del siglo XIX, responde actualmente en su redactado a una realidad decimonónica que no se ajusta a la realidad existente 200 años después. Su reforma, su transformación, su conversión en un nuevo tipo, más ajustado a la legislación comparada, es un paso en la dirección correcta para adaptar nuestro código penal, clarificar los tipos y ajustarlos a nuestra realidad.

Se trata, asimismo, de un ejercicio de valentía política y de una apuesta honesta, decidida, y de futuro con la convivencia y el diálogo en Cataluña.

Mientras que al Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, los independentistas le hicieron dos referéndums ilegales y el sentimiento separatista subió a los índices más elevados de los últimos años, durante el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y con el Partido Socialista como partido mayoritario en la coalición, se está cimentando una Cataluña cada vez menos interesada en la independencia, se ha rebajado la tensión en el ambiente político y social, y la apuesta por el diálogo, la convivencia y la política se ha convertido en el principal eje político. Todo ello en un escenario electoral donde la primera fuerza actual en el Parlament y en todas las encuestas de futuro es el Partit dels Socialistes de Catalunya.

Ante una derecha instalada en el 2017, y con nostalgia manifiesta de un entorno de conflicto, el Gobierno de España está liderando la nueva realidad del 2022, ante una ciudadanía catalana que mayoritariamente quiere pasar página. En esta Cataluña, el independentismo, otrora inflamado y crecido ante los gobiernos del PP, se muestra ahora decepcionado y claramente agotado.

Es por ello, que la decisión política de transformar el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados, manteniendo otros tipos penales como la rebelión y manteniendo intacta la defensa del Estado cuando éste se vea afectado por un intento de socavarlo, es una decisión adecuada y acertada. Hay que preguntarle al Partido Popular cuál es, más allá de su nulo interés en resolver los problemas, su propuesta política.

Es lícito pensar que el PP permanece secuestrado políticamente, estratégicamente y argumentalmente por los satélites político mediáticos que le impiden elaborar una línea política que le conecte con el futuro. Instalados como están en el pasado y en la parálisis, demuestran caer, una vez más, en su peor pecado histórico: son un partido inmovilista, conservador, y fuertemente alejado de la centralidad. La entrada de Vox en escena no ha hecho más que anclar aun más al PP en el extremo político.

Frente a este polo extremo, y frente también a aquellos que desde el independentismo siguen instalados en la radicalidad, en la negación del diálogo y en la nostalgia del conflicto y de los hechos graves que pusieron la convivencia en Cataluña en un punto muy delicado, sobresale la valentía y el sentido histórico del socialismo. Un socialismo el español que, de la mano del socialismo catalán (que recordemos tiene entre sus objetivos fundacionales la unión civil de Cataluña) están liderando la apuesta por la convivencia y el futuro.