Sonia Guerra López, diputada y portavoz de Derechos Sociales del Grupo Socialista durante la XIV Legislatura. Compartimos su artículo de análisis político sobre la acción del gobierno de Pedro Sánchez en ese ámbito, durante este mandato.
El pasado 29 de mayo el presidente del Gobierno decidía poner punto y final a la XIV Legislatura. Una de las legislaturas más productivas de la historia de nuestro país. Durante estos tres años y medio, los y las socialistas hemos trabajado sin cesar, tomando decisiones, aprobando leyes y priorizando presupuestariamente todas las partidas vinculadas con el bienestar de las personas con el firme propósito de construir un escudo social que no dejara a nadie atrás. O lo que es lo mismo, con el convencimiento que era el momento de consolidar el Estado de Bienestar español, ampliando derechos y oportunidades para todos y todas, independientemente de su cuna. Y eso es lo que no soporta la derecha extrema y la extrema derecha.
Este mandato hemos incrementado la inversión en dependencia en más de 1.800 millones para reducir la lista de espera heredada por el Partido Popular, hemos aprobado un nuevo modelo de acreditación de centros residenciales y atención domiciliaria (después de la barbarie vivida durante la pandemia y de los protocolos de la vergüenza de Ayuso, cuyas residencias tuvieron una mortalidad cuatro veces mayor que el resto de las Comunidades Autónomas), hemos garantizado los suministros eléctricos, hemos parado desahucios y limitado el precio de los alquileres al mismo tiempo que aprobábamos la Ley de Vivienda, la primera ley que cumple con el artículo 47 de nuestra Constitución y reconoce la vivienda como un derecho y no como un bien especulativo.
También ha sido la legislatura del reconocimiento de derechos de personas con otras capacidades, como por ejemplo la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o la regulación de la accesibilidad cognitiva.
Tampoco nos hemos olvidado de poner en el centro de la agenda legislativa a los 38.000 menores que cada año sufren violencia en nuestro país. Niños, niñas y adolescentes que sufren en silencio, que no se atreven a denunciar. La ley de infancia adapta los protocolos para facilitar la denuncia, establece como obligatoria la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la victimización secundaria, eleva ls preinscripción de los delitos de abuso sexual y violaciones a partir de que la víctima cumpla 35 años, prohibe la aplicación judicial del falso Síndrome de Alienación Parental, y reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Esta norma ha pasado a ser la punta de lanza en la lucha contra la violencia infantil a nivel internacional. Una más.
Además, hemos mejorado, una vez más y siempre bajo mandato socialista, la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; y nos han quedado pendientes muchísimos avances. Me gustaría destacar uno: el derecho al olvido oncológico. Porque queremos un país que garantice que los supervivientes de cáncer no sean discriminados por aseguradoras y entidades de crédito en relación con otros ciudadanos y ciudadanas.
Pero, sin duda, este ha sido el mandato de la garantía de ingresos. La reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la vinculación de las pensiones con el IPC (lo que ha supuesto el aumento del 8,5% de las pensiones contributivas, y el 15% de las no contributivas), y la creación del Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho de ciudadanía creado durante este mandato para los que nada tienen, son todas ellas medidas para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan vivir con dignidad.
Esta es sólo parte de la hoja de ruta que hemos impulsado los y las socialistas durante este mandato. Y es la que defenderemos con orgullo durante la campaña. Y estos son los nuevos derechos conquistados que los y las españolas deberán defender, si quieren continuar teniéndolos, el próximo 23 de julio con su voto. Porque lo que la derecha pretende derogar no es a Sánchez, si no lo que Pedro Sánchez representa: la igualación de derechos y la derogación de privilegios.