El periodista Francesc de la Torre entrevista para l’Endavant! a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del gobierno de España, días después de que se anunciara el acuerdo político que da luz a la primera Ley de Vivienda de la democracia y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara también una batería de medidas complementarias para garantizar el acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos y ciudadanas.

ENTREVISTA

Gracias por concedernos esta entrevista, ministra. La Ley de Vivienda es una de las leyes bandera del gobierno español de esta legislatura, la cual sin duda, será protagonista en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Regulación de los alquileres para limitar los precios, avances en materia de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional… 

P – ¿Qué aspectos y qué medidas destacaría de la Ley de Vivienda?

R – Para empezar, quiero destacar el hito histórico que supone haber pactado la primera Ley de Acceso a la Vivienda de nuestro país.  Estamos aprobando la gran asignatura pendiente de la democracia en España. Para nosotros, la vivienda digna debe ser el quinto pilar del Estado del Bienestar junto con la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia. Y, en consecuencia, se tiene que proteger desde lo público.

Es una ley de consenso porque incluye aportaciones de todos los grupos que han querido resolver el mayor problema que tiene nuestra sociedad hoy en día. La prueba es que se han transaccionado artículos con más de 400 enmiendas de las presentadas, que han superado las 800.

Y en cuanto a las medidas, la ley incluye un amplio repertorio de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, para dar seguridad a los pequeños propietarios y, muy importante, proteger el parque público.  En concreto, prohibimos que las viviendas protegidas puedan venderse y el parque público pasa a considerarse un patrimonio sujeto a protección permanente.

Hay otras muchas medidas como el incremento del 30 al 40% la reserva para vivienda protegida en nuevas urbanizaciones y de 10 al 20% en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, se establecen los criterios para declarar zonas tensionadas para ayudar a limitar los precios, deducciones fiscales para que al pequeño propietario le compense bajar el precio o alquilar a jóvenes.

P – ¿Qué objetivos busca el gobierno con esta nueva norma?

R – Podrían resumirse en dos. El primero, la protección efectiva de un derecho nuclear de la Constitución Española como es el derecho a una vivienda digna, y que es requisito para el ejercicio de otros derechos constitucionales y para el desarrollo individual y colectivo.

En segundo lugar, poner soluciones. A partir de ahora, ningún gobierno central o autonómico podrá escurrir el bulto. La época del desistimiento en la protección del derecho a la vivienda, en aras de un libre mercado sin cortapisas, va a terminar.

El derecho a la vivienda es la base de otros derechos, porque sin un techo digno es muy difícil garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, a la educación, a la salud… Disponer de una vivienda digna es la base de todo proyecto vital y los poderes públicos debemos protegerla.

P – El tope de alquiler ha sido uno de los puntos más problemáticos desde que el Gobierno presentó el proyecto de ley hace año y medio. ¿Qué le respondería a los que dicen que poner límites evita que los propietarios quieran alquilar?

R – En primer lugar, esta no es una ley de alquileres. Aborda el problema de la vivienda en toda su dimensión. Es una norma global que define el marco jurídico básico de los ciudadanos y de los propietarios, que va a incrementar el parque de vivienda social e impedirá su enajenación, que favorecerá la rehabilitación y mejora del parque edificatorio y que impulsará la oferta de vivienda asequible.

Insisto, lo que se busca y esta ley conseguirá es garantizar que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. Se interviene en el mercado en situaciones de oferta insuficiente para hacerla asequible al conjunto de la población. El acceso a la vivienda no puede estar supeditado a los ingresos con los que se cuente ni debe significar ahondar en la pobreza de quienes lo intentan.

Para eso la ley faculta a las Administraciones competentes a declarar zonas de mercado residencial tensionado bajo alguno de estos dos requisitos: que el esfuerzo para el pago de la renta o de la hipoteca supere el 30% de ingresos medios o que los precios de alquiler o compra acumulen en los cinco años anteriores crecimientos superiores en tres puntos al del IPC de la Comunidad correspondiente.

Es decir, allí donde el propio mercado ofrezca precios justos a las condiciones socioeconómicas de la zona, no se aplicarán las limitaciones.  Por tanto, el alquiler podrá seguir siendo una inversión rentable para los pequeños propietarios. Pero deja de ser una mina de oro para fondos especuladores y grandes tenedores.

Además, para los pequeños propietarios particulares hay incentivos para que pongan sus viviendas en alquiler, aumentando la oferta y, en consecuencia, contribuyendo a modular los precios.

P – Según el último CIS del mes de marzo, la vivienda es uno de los ocho principales problemas que más afectan a los españoles, incluso por delante de la subida de las tarifas energéticas o la guerra de Ucrania.  ¿Cree que con esta Ley la vivienda dejará de ser uno de los mayores quebraderos de cabeza para los españoles?

R – Eso espero. Pero hay que tener paciencia. Para ver resultados se necesita tiempo para desplegar todas las medidas y el compromiso de las administraciones autonómicas y locales, que son quienes ostentan las competencias directas en vivienda. Esta ley es un marco general, establece “las reglas del juego” común para todas las comunidades autónomas y crea instrumentos para los ayuntamientos. Dependerá de la voluntad política de cada gobierno regional y local aplicarlas en profundidad. Pero como mínimo, el Gobierno de España ha conseguido establecer unas líneas rojas que todas las administraciones deben cumplir: proteger el acceso a los más vulnerables, no vender el parque público y dar seguridad a inquilinos y pequeños propietarios.

La Ley llega ahora, pero desde el minuto cero de este Gobierno la vivienda ha sido una prioridad. Hemos impulsado la construcción del parque público para alquiler asequible por todos los mecanismos posibles: con acuerdos directos con ayuntamientos, movilizando suelo público, con el Plan Estatal de Vivienda y también con los Fondos Next Generation. Y ahora también, con la extraordinaria movilización de activos de la SAREB para vivienda social y con 4.000 millones de los fondos de recuperación para una línea de crédito ICO que permitirá construir o rehabilitar hasta 43.000 viviendas en alquiler social.

Y como no todo es construir, hemos dado un impulso sin precedentes a la rehabilitación porque es una herramienta estratégica que todo el mundo pueda tener un hogar digno y además para impulsar la eficiencia energética y regenerar nuestras ciudades.

Por tanto, se necesitará tiempo para consolidar los efectos positivos de la nueva ley, pero llevamos años trabajando para que la vivienda deje de ser una preocupación para la ciudadanía trabajando en todos los frentes posibles.