EL PLEBISCITO DE CHILE: UN TRIUNFO DEL REFORMISMO QUE DEJA ATRÁS LA TEMPESTAD CON EL DESAFÍO DE EVITARLA EN EL FUTURO

LA TEMPESTAD DE OCTUBRE 2019

La Primera Dama de Chile se expresaba en una conversación con una persona de su confianza, de una manera dramática, casi aterrorizada por las protestas callejeras que un año atrás -en octubre del 2019- desbordaron las calles de la Capital Santiago y varios centros en el interior del país, asemejándolas en sus palabras a una “invasión alienígena” que sobrepasaba al gobierno. Concluía la Sra. Cecilia Morel de Piñera que iban a tener “que disminuir sus privilegios [de clase social debe entenderse] y compartir con los demás”.

Más allá de lo anecdótico de este diálogo privado entre amigas, que tomó estado público, Chile ya había registrado señales de descontento social por situaciones de desigualdad, descontento por la insuficiente conformidad a nivel masivo con más de dos décadas de constante crecimiento bajo un sistema capitalista, que se ha constituido en uno de los más abiertos y hasta cierto punto ejemplares en América Latina. También Chile fue pionero en la aplicación (exitosa en buena medida) de las políticas de privatización y equilibrio fiscal propugnadas por el “Consenso de Washington” de los años 90, producto de las recomendaciones y acuerdos entre los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial, además de los gobiernos de las grandes potencias occidentales.

Sin embargo, como decimos esta sorpresa de fin de la década de la clase “privilegiada”, seguramente expresada por el gobierno de centro derecha de Piñera, un auténtico demócrata pero a la vez en extremo conservador, había tenido ya avisos previos. El anterior gobierno de centro izquierda de la Concertación chilena de la entonces presidente Michelle Bachelet había debido dar marcha atrás con una compleja reforma del sistema de transporte, que en búsqueda de mayor eficiencia y ampliación de servicios exigía su encarecimiento.

También había padecido el gobierno de Bachelet las protestas estudiantiles, con reclamo de mayor accesibilidad (gratuidad) a los estudios superiores. De ese movimiento surgieron nuevos liderazgos más a la izquierda de la Concertación. La Concertación es una coalición liderada por los partidos Socialista y Demócrata Cristiano y ha colocado varios presidentes desde el retorno de la democracia en 1990, Awlyn, Frei, Lagos y Bachelet (dos veces).

Este “malestar” con la democracia a pesar de años de crecimiento, tiene que ver con factores comunes al conjunto de las democracias occidentales, un sentimiento generalizado de insatisfacción, que conjuga tres factores, siguiendo al historiador Timothy Snider de la Universidad de Yale (La Nación de Buenos Aires, 25-10-20), a saber: en primer lugar la creciente desigualdad social; en segundo lugar, la sensación de gobiernos oportunistas, que solo atienden el presente sin dar una perspectiva desafiante y esperanzadora hacia el futuro y finalmente, tercero, los bajos niveles intelectuales y morales de los gobiernos. No parecía presentarse esta última característica en el sistema del país andino, aunque en materia de corrupción, que es un problema clásico en América Latina, también ha llegado como preocupación al escenario chileno en años recientes.

Por el contrario, la cuestión de la desigualdad, parece presentar contornos exacerbados. En Chile y a pesar de las reformas del socialismo gubernamental de años anteriores, todavía es limitado el acceso popular a los servicios públicos básicos como salud y educación, entre aquellos cuya accesibilidad resulta una aspiración universal.

Nuevamente fue el tema de transporte la piedra del escándalo en lo que se conoce como el “estallido social” de octubre 2019, ya que el Gobierno de Piñera sí fue adelante con el aumento de tarifas y encontró rápida respuesta opositora en los movimientos estudiantiles que ganaron las calles de Santiago. A partir de allí se precipitaron las protestas en todos los centros urbanos del país, sumando luego otros reclamos más amplios (salud, educación, sistema de seguridad social), al punto que desbordaron la capacidad de control de la policía. Piñera decidió entonces la intervención militar que controló las calles a costa de sumar con ello un nuevo motivo de descontento por la “radicalización” gubernamental.

Fue entonces que para encontrar un canal de diálogo frente a los reclamos, Piñera debió aceptar y luego a continuación, asumir el llamado a un plebiscito para la reforma constitucional, en principio para debatir la incorporación a la carta magna chilena de nuevos derechos sociales y asimismo para la reducción o directa supresión de ciertos capítulos de la constitución actual (diseñada por la dictadura de Pinochet), que preservó privilegios de las Fuerzas Armadas y del sector conservador.

Así y todo, los disturbios solo se apaciguaron de modo categórico cuando la pandemia del Covid-19 llegó a las costas de América del Sur e impuso la necesaria restricción de la circulación de personas y su acatamiento. Incluso esa situación propició que el plebiscito tuviera lugar ya a fines de 2020.

EL ÉXITO DEL SÍ

No por previsible fue menor el éxito de la aceptación de la reforma constitucional, apoyada por casi el 80% de la población (de la que votó casi el 50% de los habilitados). Esa aprobación fue acompañada también por mayoría abrumadora por la selección del sistema simple de reforma, que queda así a cargo de los representantes que sean expresamente elegidos para la asamblea constituyente. De este modo quedó descartada la otra alternativa consistente en un sistema “mixto”, en la que se sumarían a los representantes electos los actuales legisladores del parlamento chileno, donde la derecha cuenta con mayoría.

Al momento es previsible que en la elección constituyente a realizarse en 2021 para una reforma que debería sancionarse ese mismo año, es decir antes de la próxima elección presidencial y parlamentaria, la derecha y sus variantes más moderadas representen solo una minoría. Del otro lado, estará una oposición también dividida entre moderados de centro izquierda (de línea social-demócrata) y la izquierda más radicalizada, que ha mantenido importantes consignas anti-sistema, en el sentido de su crítica la “vieja política” y a los antiguos partidos.

En cualquier caso es claro que el Plebiscito ha sido un éxito para la democracia e incluso para los partidos tradicionales. El gobierno conservador de Piñera, quien es en particular verdaderamente demócrata, y que parecía acorralado y al borde de la ingobernabilidad, pudo canalizar las tensiones y ganar tiempo. Y todo ello a pesar de perder apoyos y prestigio, al igual que la mayoría de los gobiernos que debieron administrar la crisis de una pandemia inesperada.

Los partidos de la Concertación, que no parecían controlar o incluso participar directamente de las protestas del “estallido social”, adquirieron un rol preponderante al darle un tono más positivo a la reforma, reforma que hubieran querido seguramente encarar mucho antes, en particular en todo lo que hace a los poderes y derechos especiales concedidos a las fuerzas armadas y a sectores de privilegio, para llegar a una constitución más moderna y más cercana a las corrientes democráticas modernas.

Desde la ultra izquierda se suman más reclamos, algunos de los cuales ya habían sido receptados por la Concertación, tales como el logro de sistemas educativo y de salud más accesibles a los sectores de bajos recursos, llegando a su gratuidad y universalidad, lo que obviamente significa una reorientación de los recursos fiscales. Otros aparecen como excesos populistas poco factibles, por ejemplo vivienda asegurada por el estado a todos los habitantes (“derecho universal a la vivienda”).

La extrema derecha debe lamentar en cambio la dura derrota, unida al rechazo del sistema de reforma con asamblea “mixta” donde hubiera podido contar como vimos, con una presencia mayor. En la reforma tendrá entonces una presencia reducida y sin capacidad de obstruir los acuerdos mayoritarios, que seguramente se presentarán en los temas que más dividen las opiniones de los dos grandes bandos, como privilegios de las fuerzas armadas, conformación del Senado, amén de las reivindicaciones sociales antes comentadas.

En donde se abren las incógnitas es en otras cuestiones que han planteado los líderes del “estallido social” más radicalizados y no alineados con los partidos políticos tradicionales: la supresión del sistema actual de “fondos de retiro” y su reemplazo por un régimen jubilatorio universal y la incorporación como derechos humanos de nuevos conceptos como el “derecho a la vivienda”.

En este aspecto la decisión de un miembro de la asamblea que dicta normas es sencilla; cuanto más populista fuera su visión más proclive estará a dictaminar en favor de más derechos para los sectores de menores recursos que signifiquen una mejora económica, sin reparar en costos y en las reales posibilidades de la economía chilena de abrir las compuertas a esos excesos. Para ese asambleísta radicalizado su desafío es solo redactar y levantar la mano, ya que otros estarán a cargo de su concreción…si ésta fuera posible. Y si no, como es muy probable que pase, otros serán los responsables de no cumplir con lo establecido en los papeles.

EL NUEVO DESAFÍO

Así como el llamado a una reforma constitucional y su votación significaron una canalización pacífica y efectiva de los reclamos sociales y del inconformismo generalizado con el sistema, la discusión y sanción de la reforma pasa a ser el nuevo problema para la democracia chilena.

Es factible que la reforma constitucional permita diseñar una nueva institucionalidad que pueda remover los viejos obstáculos que impidieron en el pasado reciente el avance de las reformas propuestas por la centro izquierda chilena en favor de una mayor igualdad, en particular aquellas que buscan extender los beneficios de salud y educación a los sectores de menores recursos, es decir una mejora efectiva de su accesibilidad.

Y es posible también que el costo fiscal consecuente pueda ser administrable sin alterar profundamente el régimen de economía de mercado de Chile, quizás con algunos requerimientos fiscales en materia impositiva, amén de otras exigencias en términos de reorientación del gasto público.

Pero el riesgo es que la izquierda más radical y menos comprometida con la “vieja política” se deje llevar por las ilusiones facilistas y populistas que señalamos arriba. Y en ese punto, el otro problema que puede presentarse es el de “finlandización” de la centro izquierda [n.r.: “finlandización” es un término acuñado para caracterizar el modelo político del proceso finés durante la guerra fría luego de la segunda guerra mundial y hasta la caída del muro de Berlín, modelo que posibilitó al país progresar dentro de una economía de libre mercado pero acordando un convenio de “defensa común” con la Unión Soviética y evitando al mismo tiempo, tanto en el orden interno como en el internacional, cualquier crítica o confrontación con el sistema comunista de la ex URSS]. En el caso chileno la finlandización sería para la centro-izquierda de la Concertación aceptar los reclamos de la extrema izquierda a fin de poder avanzar en la recuperación del poder y lograr algún tipo de fórmula que permita llegar al gobierno. Y una vez allí tratar de cabalgar el potro de las promesas populistas que no podrán cumplirse.

Para no caer en ese extremo existe una fuente de reflexión y trabajo coordinado en sectores del socialismo, así como en otros partidos que componen la Concertación, para encontrar un acuerdo en las reformas posibles y en la puesta de un límite a la incorporación de las promesas populistas incumplibles. Figuras respetadas y de prestigio pueden identificarse en esta línea, notablemente el ex Presidente Ricardo Lagos.

Al mismo tiempo la derecha aún dividida puede encontrar algún liderazgo “gatopardista” que asuma la incorporación a la constitución de pequeñas reformas, suficientes eventualmente para traer a sí a los sectores más moderados y de centro (hasta el pasado reciente incluidos en la Concertación), que temen una radicalización de los grupos de centro izquierda, precisamente por su posible finlandización.

El avance que registre la izquierda radical con sesgo anti-sistema en la próxima elección constituyente y del otro lado- los partidos tradicionales, con un muy posible dominio de la centro izquierda, marcará muy probablemente el signo final de los acuerdos que puedan instrumentarse en esa asamblea.

Y si Chile quiere dejar atrás el malestar de la sociedad y la vuelta de las protestas a las calles, la democracia deberá dar pasos concretos para el logro de una sociedad más igualitaria, más progresista en definitiva, manteniendo los éxitos del pasado basados seguramente en la economía de mercado con integración al comercio mundial, pero eliminando antiguos privilegios, redireccionando el gasto público en favor del gasto social y posiblemente también, mediante una ampliación de las formas de participación.

Para la democracia chilena y el futuro progreso del país será clave encontrar un consenso compatible con reformas que puedan llevarse a la práctica, para ello será necesario escribir con la mente y soñar con el corazón y no pensar que las utopías pueden ser reales. Para protestar a la manera de Daniel Cohn-Bendit puede estar bien “pedir lo imposible”, pero para gobernar no más de lo posible.

M.S.

Mario Alejandro Scholz (Chubut, Argentina-1963), abogado académico en Derecho Internacional. Dirigente político de la UCR. Delegado de Relaciones Internacionales (UCR) desde 1989. Entre 1996 y 2000, presidente del Comité Americano de la IUSY. Colaborador del ex-presidente Raúl Alfonsín hasta el fallecimiento del mismo.