César Yáñez (*)

Hace 16 años, en 2010, la coalición de centroizquierda que lideró la transición a la democracia en Chile -después de 18 años de dictadura feroz-, perdió el gobierno en manos de una coalición de derechas que incluía a quienes habían apoyado con entusiasmo el gobierno dictatorial. Desde esa fecha, la política chilena ha vivido una secuencia de gobiernos de izquierdas y derechas -los gobiernos presidencialistas chilenos son de 4 años sin derecho a reelección— que, más que hablar de un sano relevo democrático, habla de un continuo fracaso de los gobiernos en resolver los principales problemas del país.

La crónica de los hechos apunta a que, después del primer gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010), la presidenta entregó el gobierno al conservador Sebastián Piñera (2010-2014). La derrota de la coalición de centroizquierda significó una durísima experiencia para la Democracia Cristiana chilena, el partido de centro que había liderado las coaliciones de la transición. Una parte de ese partido comenzó entonces a alejarse de la izquierda, aludiendo que la transición a la democracia había terminado y que era el momento de volver “al camino propio”. Lo que doctrinariamente significaba fortalecer la opción de centro tomando distancia de la izquierda, pero en la práctica, a la larga, también ha significado que una parte de la DC chilena girara hacia la derecha; algunas de sus figuras hoy están en el gabinete del ultraderechista José A. Kast. Esta deriva derechista se agudizó en la DC cuando la renovación de la coalición que enfrentaría a la derecha en las elecciones de 2013 incluyera al Partido Comunista y cambiara de nombre hacia “Nueva Mayoría”. Pero la fórmula de ampliar la coalición que permitió un nuevo gobierno de Bachelet II (2014-2018) no fue lo suficientemente exitosa como para ganar unas nuevas elecciones presidenciales en 2017, con lo que Piñera volvió al gobierno (2018-2022).

En ese lapso ocurrieron dos fenómenos en la política chilena que afectaron con fuerza a la izquierda y al socialismo chileno. A fines del gobierno de Bachelet apareció un nuevo actor político, el Frente Amplio, que criticaba severamente la acción política del socialismo chileno dentro de los gobiernos de coalición con la Democracia Cristiana, reclamando una política más a la izquierda. Surgido desde los movimientos sociales y estudiantiles con origen en 2011 -durante el primer gobierno Bachelet-, el FA aspiraba a romper el bipartidismo de hecho de la transición con una alternativa de izquierda que atrajera al Partido Comunista hacia sus posiciones. En las presidenciales de 2017, el FA obtuvo el 20% de los votos y el candidato independiente apoyado por el socialismo el 22%. El desafío estaba planteado. Más aún cuando la DC llevó a Carolin Goic por fuera de la coalición con los socialistas, consiguiendo un magro 5,8. La fragmentación del voto “progresista” facilitó un nuevo gobierno conservador de Piñera que se impuso en la segunda vuelta.

A poco andar de Piñera II ocurrió el segundo fenómeno antes aludido. En octubre de 2018, un estallido social de grandes proporciones sacudió a la sociedad chilena. El reclamo de cambios radicales se expresó en la calle antes que en el sistema político. Sobre todo, jóvenes de clases populares se expresaron violentamente a lo largo de todo el país y una manifestación pacífica de más de un millón de personas se expresó el 25 de octubre de 2019 en favor de las movilizaciones populares. Todo mostraba que los partidos parlamentarios habían perdido el control sobre el proceso político. El presidente Piñera llegó a hablar de una “guerra” con influencia externa, desmentido por el responsable militar de la época.

Pero el dato significativo era que ninguno de los partidos de la izquierda representados en el parlamento, que incluía por primera vez al Frente Amplio junto a socialistas y comunistas, podía reclamar la paternidad sobre las agudas movilizaciones del estallido. La sociedad, o una parte de ella, se había “liberado” del control de los partidos para expresarse directamente. En primera instancia, esta “liberación” parecía más grave para los partidos de derecha, centro e izquierda que habían protagonizado la transición a la democracia. El PC y el FA hicieron cuentas alegres.

Sin embargo, la Asamblea Constituyente elegida en mayo de 2021, en la que se confiaba la solución de los problemas por vía de una nueva constitución política, generó nuevos problemas para la izquierda y el socialismo. Aunque las candidaturas de izquierda ganaron ampliamente la elección de constituyentes, la fragmentación del voto dejó en minoría a los partidos que habían estado en los gobiernos de las últimas décadas: socialistas, 15 constituyentes; pepedés (partido por la democracia), 3; el Partido Demócrata Cristiano, 2; y el Partido Radical, ninguno. Por su parte, los comunistas eligieron 7, el Frente Amplio 21 y la Lista del Pueblo 27, y las candidaturas independientes identificadas con la izquierda, 7 constituyentes más, a los que se sumaban 15 representantes de los pueblos originarios. Un análisis de la época publicado por CIPER titulaba: “77 constituyentes electos provienen de listas que impulsan cambios radicales al sistema”, de un total de 155.

El gobierno de Piñera II parecía acorralado desde la izquierda y abandonado por los propios. Por lo que las elecciones presidenciales de 2021 se plantearían con los partidos de la transición debilitados, a la vez que se fortalecían los nuevos representantes de la izquierda y la derecha. Por el flanco conservador emergió un candidato de extrema derecha que reclamaba la “vuelta al orden”, que eufemísticamente aludía a los años de la dictadura. José Antonio Kast, que había sido diputado del partido más cercano al pinochetismo, la UDI, entre 2002 y 2018, disputó con éxito el liderazgo a los partidos tradicionales de la derecha. Su partido, el Republicano, ganó la primera vuelta, aunque obtuvo pocos parlamentarios -Chile tiene un régimen superpresidencialista, recuérdese- y fue derrotado en segunda vuelta por Gabriel Boric, del Frente Amplio, que había llegado segundo en la primera vuelta.

Después de las convulsiones del periodo 2017-2021, que incluían estallido social, crisis de la covid y cambio de actores políticos, muchos chilenos esperaban una solución que representara estabilidad política. ¡Pero esta no llegó!

El gobierno de Boric (FA) comenzó con mal pie. Dos de sus ministros más cercanos y pilares de su coalición (Izkia Siches de Interior y Giorgio Jackson de Presidencia) debieron dejar sus cargos y la opción de nueva constitución preferida por el gobierno fue derrotada a solo 6 meses de estar gobernando. Boric había pensado un gobierno que pondría en práctica la nueva carta constitucional y la derrota le dejó sin agenda, con una derecha crecida y con un nuevo tema en la agenda política para el que no estaba preparado para afrontar: el aumento de la delincuencia que los medios de comunicación atribuían al aumento de la inmigración.

En poco tiempo, en cuestión de meses, el gobierno se vio impulsado a convocar una nueva convención constitucional. Esta vez la elección de constituyentes favoreció al nuevo partido de derecha -el Republicano de Kast- que agitaba el rechazo a la inmigración y la necesidad de mano dura con la delincuencia. Si la primera constituyente representó a la izquierda radical, la segunda a la derecha extrema. Entre ambas constituyentes había un elemento en común: la expresión de un voto contra el sistema.

La explicación de este bandazo electoral está en un cambio profundo del universo electoral. La irrupción del voto obligatorio con inscripción automática lanzó literalmente a las urnas a un tercio de los electores que nunca había votado y que miraba la política como una cuestión ajena y distante de sus intereses y valores. La discusión de ideas, el contraste de proyectos de sociedad, era para ellos una expresión de los intereses de la élite que se aferraba a privilegios garantizados por las reglas del juego político. La independencia de este grupo de nuevos votantes fue tal que, aunque eligieron por mayoría a “republicanos” para redactar la nueva constitución, también la rechazaron en el siguiente plebiscito.

El desconcierto del gobierno de Boric, ahora con una amplia coalición de izquierdas en la que ganaba protagonismo el socialismo y el comunismo por sobre el frenteamplismo, fue en aumento. Casos de corrupción, a medida que avanzaba la legislatura, le comenzó a afectar gravemente. Paradójicamente, en la carta de resultados al final del gobierno, las políticas clásicamente de derechas, como el crecimiento económico, el empleo y la derrota de la inflación, eran mejores que las demandas de mejora de las condiciones de vida propias de la izquierda. Como ejemplo, el sistema de pensiones privado se reformó para que no cambiara.

El más reciente proceso electoral, el del final del gobierno de Boric, comenzó con primarias dentro de la izquierda. Un ejercicio de democracia ejemplar, tanto como infecundo. Concurrieron a votar 1.400.000 ciudadanos de quince millones y medio con derecho a voto, saliendo ganadora la candidata comunista Jeanette Jara con el 60% de los sufragios; Tohá, del Socialismo Democrático, obtuvo el 28%; y Winter, del Frente Amplio, el 9%. Los que concurrieron a votar, todos ellos adeptos de los partidos de izquierda, que habían probado con la socialista Bachelet y el frenteamplista Boric, ahora apostaban por la comunista Jara. “Ensayo y error” con el país como laboratorio, mucho más que contraste de proyectos políticos.

En la elección presidencial, Jara enfrentó a Kast, quien se había negado a participar en primarias de su sector, reafirmando su autonomía política. Ningún candidato consiguió los votos para ganar en primera vuelta: Jara llegó primera con el 26,8%, Kast segundo con el 23,9%, Parisi un outsider al sistema de partidos, el 19,7% y Matthei de la derecha de siempre el 12,4%. Que Jara ganara en la segunda vuelta requería que la mayoría de los votantes de Parisi se inclinara hacia la izquierda. Lo que era improbable y que efectivamente no ocurrió. El resultado final dio a Kast el 58%, frente al 41% de Jara.

Mirando retrospectivamente en busca de una explicación, en los últimos 40 años la izquierda socialista chilena ha estado en 6 de los 9 gobiernos democráticos. Es sin duda una señal de éxito electoral. En alianza con la Democracia Cristiana gobernó durante el primer periodo, últimamente con el Frente Amplio y el Partido Comunista. En este periodo ha sido un pilar en la defensa de valores y principios democráticos, primero contra los amarres autoritarios que dejó la dictadura y la defensa de los derechos humanos; después mostrando altas capacidades para gestionar áreas críticas del Estado, como la economía, la defensa y la seguridad. Pero dejando a su izquierda espacio para la recuperación del Partido Comunista y la aparición del Frente Amplio. Incluso, durante el “estallido social”, para que creciera el efímero grupo de la Lista del Pueblo, francamente de izquierda antisistema.

Pensar que el péndulo electoral pudiera dentro de tres años volver a poner a la izquierda en el gobierno es una falsa ilusión. Los desencantados del gobierno de Kast, antes acudirán a votar a Franco Parisi que a los partidos del arco tradicional de la democracia posttransición.

La introducción del voto obligatorio con inscripción automática ha creado un nuevo universo electoral en el que los nuevos votantes no se identifican con los actores políticos que se pudieran identificar como intrasistema. El rechazo a los partidos, tanto de izquierdas como de derechas, ha dado oportunidades a opciones radicales de distinto signo en la elección de dos asambleas constituyentes en el plazo de tres años. Y en la última elección presidencial, el voto favoreció al candidato con menos nexos con el sistema de partidos -Kast-, dejando en el disparadero a Parisi para tomar el relevo.

La alternancia política sin resultados concretos sobre las condiciones de vida de las personas ha llevado en Chile a poner la democracia en manos de opciones políticas que no creen en la democracia. Los rasgos populistas con un líder fuerte, con una organización política no deliberante detrás, que promete soluciones nacionalistas y xenófobas, exigen de la izquierda y del socialismo en particular un cambio en la práctica política. Que significa leer la política no desde su clientela habitual, ampliando la mirada hacia los sectores populares que quedaron desatendidos por el Estado, recuperando sensibilidad capilar en sectores sociales que no tienen empleo estable ni nexos con las organizaciones sindicales; que si no se recuperan para la política, tienen a mano las opciones populistas y, si estas fallan, a organizaciones delictivas que se enfrentan con el Estado.

(*) César Yáñez es director del Centro de Análisis Multidisciplinar de la Incorporación Social (CAMIS) en la Universidad de Valparaíso y es miembro del Consejo Académico del Instituto Igualdad, del Partido Socialista de Chile.