En este artículo, que lleva como subtítulo Iincluso mejor que la de la Comisión, el eurodiputado Jonás Fernández Álvarez nos ilustra sobre el actual proceso de configuración del nuevo marco europeo de gasto para los estados miembros. El objetivo del grupo parlamentario S&D (Socialistas y Demócratas) y de la Comisión Europea ha sido dotar a los estados miembros de herramientas para adaptar las restricciones presupuestarias a las realidades nacionales, a la vez que se fomenta la inversión en desarrollo a largo plazo y se incentiva la reducción progresiva de la deuda pública.
El primero en el que se hace énfasis es en las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo en las normas presupuestarias entre Parlamento, Consejo y Comisión. Básicamente, devolveríamos a las restricciones en gasto público vigentes después de la crisis de 2008, que, recordemos, obligaron a varios gobiernos españoles a recortar de una forma brutal el gasto en seguridad social, inversión pública y salarios públicos. Lo más importante durante la negociación parlamentaria ha sido evitar un "no acuerdo", lo que ha sido una voluntad compartida de casi todos los grupos parlamentarios europeos.
La propuesta de la Comisión Europea presenta un cambio fundamental en el paradigma a aplicar para la evaluación y el control presupuestario en la Unión Europea. En vez de aplicar un criterio común de déficit público anual, se centra en el gasto público neto como variable principal a la hora de supervisar la adhesión a las normas presupuestarias comunes. La propuesta consta de dos elementos fundamentales: objetivos de déficit variables y marco temporal.
En primer lugar, el objetivo general es reducir el déficit estructural por debajo del 3% en todos los Estados miembros. Si un estado está por encima de ese umbral de un año para otro, se tendrán que hacer presupuestos enfocados a reducir el déficit en 0,5 puntos. Si un país (como España) presenta un déficit estructural por encima del 3% o una cantidad de deuda pública por encima del 60% del PIB, el gasto público no podrá crecer por encima de las estimaciones de crecimiento del PIB a medio plazo. Por otra parte, el marco temporal para llevar a cabo estas medidas es de cuatro años, ampliables a siete si las inversiones a realizar en el marco de esta planificación económica se encuentran alineadas con los objetivos de la Unión Europea.
El grupo parlamentario S&D recibió esta propuesta con los brazos abiertos, ya que permite suficiente flexibilidad en los estados para poder evitar períodos de austeridad, al tiempo que se ajustan las cuentas públicas de forma individualizada. Sin embargo, dado que el grupo S&D no tiene mayoría en la cámara, ha tenido que conceder cesiones al grupo parlamentario popular y Renueve a fin de conseguir los votos necesarios para tramitar la propuesta. Las cesiones se centran en la reducción de la deuda pública: así pues, S&D acepta que los países con deudas por encima del 90% del PIB tendrán que comprometerse a reducir esta deuda en un punto porcentual cada año, mientras que los que tienen un deuda entre el 60% y el 89% del PIB lo harán en medio punto porcentual.
En términos generales, los acuerdos alcanzados entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y entre los grupos parlamentarios, señalan un cambio generalizado en la visión de Europa respecto a la política presupuestaria de los Estados miembros. Los esfuerzos por no volver a aplicar las normas vigentes desde la crisis de 2008, junto con la voluntad de adaptar las medidas de control presupuestario a las realidades nacionales, son de extrema relevancia y marcan el rumbo del próximo período después de las elecciones europeas de junio. A falta de conocer el texto de la propuesta del Consejo Europeo, parece que en el futuro tendremos cada vez mayor especificidad a la hora de desarrollar, aplicar y evaluar las normas europeas para adaptarlas a la realidad de cada uno de los Estados miembros.
FAP
Jonás Fernández Álvarez (Oviedo, 1979) es, desde el año 2014, diputado en el Parlamento Europeo. Pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, donde es el coordinador del grupo socialista europeo, ya la subcomisión de Asuntos Fiscales. Además, es suplente en la Comisión de Presupuestos. Es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, Máster en Economía y Finanzas por el CEMFI-Banco de España y Executive MBA por el IESE Business School.