Joaquim Paladella i Curto és alcalde de Batea y diputado en Parlament de Catalunya y escribe este artículo que le compartimos como argumentario.

En 2020 el Gobierno aprobó por ley la creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, un nuevo tributo propio de la Generalitat de Catalunya que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que ocasiona la realización de las actividades gravadas por el impuesto, mediante las instalaciones y otros elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de contribuir a compensar la sociedad del coste que soporta y frenar el deterioro del entorno natural. Entre estas instalaciones se encuentran las que producen energía eléctrica de origen nuclear.

Posteriormente, mediante la Ley 2/2021, de 29 de diciembre de 2021, de medidas fiscales, financieras y del sector público, el Gobierno modificó la ley anterior especificando que el 20% de los ingresos provenientes de este impuesto relacionados con las actividades de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica de origen nuclear deben destinarse a nutrir un nuevo fondo, el llamado “Fondo de Transición Nuclear”. Este fondo debe servir para financiar actuaciones de desarrollo socioeconómico y de transición energética justa de las zonas afectadas por el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica nuclear.

La recaudación prevista para este impuesto, según datos de la propia Generalitat, es de unos 120 millones de euros al año, durante el resto de la vida de las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs, lo que representaría unos ingresos anuales de unos 24 millones de euros para las zonas afectadas por el impacto ambiental de estas instalaciones.

Desde el primer momento, el PSC consideró totalmente injusto e insuficiente que sólo el 20% de la recaudación de un impuesto basado en el impacto ambiental se invirtiera en el territorio donde se genera y produce la energía nuclear, mientras que el 80% restante marchaba lejos de esta zona.

Cabe recordar que el territorio donde se ubican estas dos instalaciones nucleares, especialmente las comarcas del Ebro y El Priorat, ha estado históricamente por debajo de la media catalana en cuanto a los datos de inversión pública, mientras que los indicadores de despoblamiento, PIB y envejecimiento de la población son muy negativos y se encuentran entre los peores de Cataluña.

Cabe recordar también que se trata de un territorio y una gente que siempre han sido solidarios con el resto de Cataluña en temas claves como el agua, la producción de energía nuclear y ahora también las instalaciones de energías renovables . Por eso no se entiende que estos recursos que deberían ayudar a desarrollar estas zonas y equilibrar el territorio, y que representan una oportunidad de vida y de futuro, estén limitados injustificadamente.

Por este motivo, durante todo este tiempo, el Grupo Parlamentario Socialistas – Units per Avançar ha venido clamando y trabajando para revertir esta realidad, presentando hasta 5 iniciativas en Parlament de Catalunya para hacer algo más justos los efectos de esta normativa. Pero siempre nos hemos encontrado con la negativa de los diputados de ERC y Junts que, en privado, te reconocían la injusticia de la norma para la gente del territorio. Ahora, de nuevo, presentamos una Proposición de ley, que se debate en el Pleno de los días 13, 14 y 15 de diciembre, con el objetivo de hacer más justa la distribución del “Fondo de Transición Nuclear”.

En concreto, la propuesta del PSC plantea, por un lado, ampliar la afectación de los ingresos del impuesto dirigidos al territorio pasando del 20% al 50%, es decir, garantizar una inversión de 60 millones de euros anuales, en lugar de los 24 millones de euros previstos. Y, por otro lado, delimita la zona de afectación, cosa que no hacía la anterior norma, intentando hacer beneficiario a los pueblos de estas comarcas que tienen legalmente reconocido un riesgo de impacto ambiental por la producción de energía nuclear de estas instalaciones. Además, la propuesta define los ámbitos en los que se tendrán que invertir los recursos y determina una gobernanza con prevalencia de los ayuntamientos y agentes sociales del territorio. Se trata, pues, de una propuesta mucho más ventajosa para la gente del territorio y que, en su conjunto, representa una oportunidad nunca antes soñada para la gente que vivimos en ella.

La sorpresa, por algunos, ha sido la reacción por parte de ERC. Es raro que alguien se pueda oponer a recibir más dinero!!! Pero lo cierto es que ERC se ha opuesto frontalmente a su tramitación, con dilaciones y todo tipo de intentos por detenerlo. Lamentamos también la manipulación y las mentiras empleadas con el objetivo de desprestigiar el conjunto de lo que se propone ya quien la propone, con el único fin de hacerla fracasar.

Por último, la Proposición de ley se ha podido debatir en el Pleno del Parlamento y negociar con los diferentes grupos parlamentarios para mejorar el texto final y conseguir nuestro objetivo: MÁS RECURSOS, MÁS BENEFICIARIOS y MÁS DECISIÓN por la gente del Priorat, del Baix Camp , del Baix Ebre, de la Ribera de Ebro y de la Terra Alta.