daniel martínez es historiador y presidente de la Agrupación Memoria Socialista. También es el primer secretario de la JSC de L'Hospitalet. 

La damnatio memoriae, es un término del latín que se traduciría como la condena de la memoria. Esto es precisamente a lo que estamos asistiendo durante las últimas semanas en nuestro país.

Mientras la ciudadanía aún está a la espera de si finalmente habrá una investidura progresista o tendremos que ir a una nueva repetición electoral, allí donde gobiernan Partido Popular y Vox se ha iniciado ya una damnatio memorie. En Cantabria tenemos el ejemplo más claro y es que, hace apenas un par de semanas, el parlamento autonómico de la región cántabra aprobó, como los votos de PP y VOX, derogar la ley de memoria democrática en la comunidad, (si bien la ley nacional seguirá vigente).

No es el único caso. Los acuerdos de investidura en Aragón o en Baleares, por poner algunos ejemplos, también incluyen como una de las diez medidas básicas la derogación de su propia ley autonómica, y así en todas las comunidades que contaban con ley autonómica de memoria democrática, donde la derecha y la extrema derecha está intentando borrar y eliminar el pasado y memoria colectivos. No hay que olvidar que, a nivel nacional, el propio Alberto Núñez Feijoo dijo que derogaría la Ley de Memoria Democrática como una de sus primeras medidas si legaba a la Moncloa.

Una ley aprobada por el parlamento democráticamente y como el visto bueno del relator de ONU, para la justicia, la verdad y la no repetición, o por un sinnúmero de organismos internacionales, que habían alabado la puesta al día de España, durante los últimos años, en los temas de memoria y reparación.

Enfrente, nos encontramos a una derecha y extrema derecha, con un objetivo que es totalmente contrario: tratar de amagar y borrar nuestro pasado, como si eso les quitara legitimidad o hiciera más validas sus ideas y menos las progresistas. Por otra parte, también intentan a menudo restituir a antiguos colaboradores del régimen franquista y miembros destacados de la dictadura, reincorporándolos en el callejero o pidiendo, como en Palencia, la inclusión de lapidas de falangistas en el registro de público, para así intentar esquivar la ley de memoria estatal.

Por no allargarnos y como pequeña reflexión final, tenemos a una parte de la sociedad política intentando borrar claramente nuestro pasado y nuestra historia y es el trabajo de todas las entidades, personas y partidos progresistas evitar que esto ocurra y seguir luchando por nuestra historia, para tener un presente y futuro democrático y digno.