Rocío García es diputada y portavoz en la Comisión de Cultura del Parlament de Catalunya. Xavier Menéndez es arqueólogo y director del Programa de Memoria Democrática de la Diputació de Barcelona. 

 

El 17 de septiembre de 1993, el Pleno del Parlament aprobó la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán. Casi 30 años más tarde, el 27 de septiembre de 2022, el Govern Alternatiu de Cataluña aprobó un Documento de Bases para una Nueva Ley del Patrimonio Cultural de Cataluña (https://www.socialistes.cat/wp-content/uploads/2022/09/220923-Bases-Llei-del-Patrimoni-Cultural.pdf).

La Ley 9/1993 ha sido mínimamente reformada y, sobre todo, ha sido insuficientemente desplegada, tanto desde el punto de vista normativo y reglamentario, como desde el punto de vista de la acción política y territorial. Obviamente, en estos 29 años de vigencia de la Ley han sucedido muchas cosas, en Cataluña y en el mundo, y por tanto, su articulado hoy se convierte claramente en desfasado y obsoleto. Una nueva ley es a nosotros una prioridad.

A pesar del anuncio y compromiso realizado por la consejera de Cultura al inicio de esta legislatura, seguimos sin ver el anteproyecto de una nueva ley del patrimonio cultural de Cataluña. Un nuevo ejemplo de la parálisis legislativa de ese Gobierno. En cambio, sí aseguró y se comprometió a presentar en el Parlament el proyecto de ley de patrimonio inmaterial. Tampoco lo hemos visto por el momento.

El programa electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya en las elecciones de 14 de febrero de 2021 ya recogía como una de nuestras prioridades aprobar una nueva Ley del Patrimonio Cultural. Ante la inacción en el impulso normativo de la conselleria de Cultura, en este asunto como en muchos otros, el Govern Alternativo elaboró ​​un documento que dibuja las líneas de un nuevo marco legal patrimonial, claramente global e integral, como el PSC ha venido defendiendo siempre, en diálogo con los sectores profesionales y el territorio.

Para empezar, nuestra propuesta defiende que no debería haber una ley únicamente de patrimonio inmaterial como proponen los grupos independentistas, y que éste debería integrarse en la nueva Ley, una materia que pensamos que debe formar parte del todo . También proponemos que la nueva norma del patrimonio catalán incluya el etnológico, el documental, el bibliográfico y el arqueológico, además del patrimonio industrial y el cinematográfico, y que hable de las intersecciones entre el patrimonio cultural y el natural.

En cuanto a los Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), el Govern Alternatiu quiere revisar las actuales figuras de protección y propone cuatro nuevas: los bienes inmateriales; los espacios de memoria democrática; las zonas de interés industrial y los paisajes culturales.

La nueva Ley también tendrá que definir claramente los derechos y deberes de los diferentes agentes y sobre todo, de las diferentes administraciones públicas, con especial mirada a los ayuntamientos, ya que una vez más, el mundo local está claramente descuidado en la Ley 9/1993 . Nuestra propuesta regula y potencia la figura de los Bienes Culturales de Interés Local (BCIN) y la dota de mayor refuerzo normativo.

También proponemos regular los inventarios patrimoniales. Debe crearse un Inventario del Patrimonio Cultural de Cataluña, realmente global y accesible, ahora mismo inexistente; como también creemos que debe elaborarse un Mapa del Patrimonio Catalán, como herramienta para planificar las inversiones públicas necesarias a realizar por parte del gobierno de la Generalitat, buscando el consenso parlamentario, escuchando a los ayuntamientos y el territorio, y sobre todo que garantice la transparencia de la inversión pública.

La propuesta que hemos aprobado en el Govern Alternatiu asienta unas bases sólidas en la gestión del patrimonio catalán priorizando también el impulso de medidas de gestión, de fomento, de difusión y de acceso al mismo, para garantizar la democratización y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía en el disfrute de nuestro patrimonio cultural. La cultura es un derecho de las personas que no sólo debe quedar en palabras, sino en hechos y en acciones de gobierno.