Cuando hablamos de gobernar un territorio como Lleida, hablamos de entender una realidad que a menudo queda fuera de los modelos administrativos estándares. Hablamos de un territorio en el que más del 70% son municipios de menos de 1.000 habitantes y donde la mayoría de los ayuntamientos no tienen suficientes recursos económicos, técnicos ni administrativos.

Y aquí, la Diputación, como administración supramunicipal, es donde entra en juego. Desde el área de Cooperación, aparte de los diferentes planes y subvenciones que incorporan criterios de discriminación positiva para los pequeños municipios, hemos llevado a cabo un plan de casi 5 millones de euros que subvenciona a los consejos comarcales la contratación de secretarios-interventores, los servicios de asistencia técnica y urbanística y el apoyo a la administración electrónica. Y lo hacemos con la clara convicción de que si queremos hacer frente al reto demográfico y fijar nueva población en el territorio, los ayuntamientos de la demarcación de Lleida, Pirineo y Aran, deben disponer de los recursos técnicos, económicos y administrativos necesarios.

Y, además, lo hacemos incorporando un sistema de distribución más coherente y más ajustado a la realidad. De esta forma, mantenemos el criterio territorial como elemento principal, pero también incorporamos criterios vinculados a la ejecución real de los servicios para garantizar que los recursos públicos se asignen de la forma más eficiente posible. Además, con esta convocatoria también hemos querido homogeneizar y simplificar los mecanismos de justificación, reduciendo sobre todo cargas administrativas y facilitando la tramitación de los expedientes tanto para los entes gestores como para los ayuntamientos beneficiarios.

Éste es un plan que se complementa con el SAM (servicio de asistencia municipal a los municipios), un servicio que recientemente la Diputación de Lleida ha reformulado con la voluntad de apoyar la prestación de las funciones de secretaría, intervención y tesorería en los pequeños municipios de la provincia. En este sentido, ayudamos de forma activa a los secretarios y secretarias de los pequeños municipios mediante diferentes proyectos que les permiten realizar mejor y con mayor seguridad jurídica sus tareas. Además, con la cobertura de 3 plazas de secretaría-intervención (SAT) de la Diputación estamos ejerciendo, de forma directa, las funciones de secretaría-intervención en aquellos municipios donde, por distintos motivos, el consejo comarcal no puede prestar el servicio, garantizando así que los ayuntamientos puedan continuar con su funcionamiento ordinario. 

Sabemos que garantizar la prestación de las funciones de secretaría e intervención en los pequeños municipios de la provincia es básico para el funcionamiento de estos ayuntamientos y sabemos que es necesario trabajar conjuntamente con las diferentes administraciones para hacerlo posible. Así, aparte de estas actuaciones y otras que estamos preparando conjuntamente con la Generalitat de Catalunya y el resto de Diputaciones catalanas, la misma Generalitat ha acordado impulsar una oferta pública de 540 plazas de secretaría, intervención y tesorería. Esta convocatoria, después de la recuperación de la competencia por parte de la Generalitat, responde a la voluntad de reducir el número de vacantes existentes y garantizar que los municipios, sobre todo los más pequeños, puedan disponer de personal técnico que resulta imprescindible para el correcto funcionamiento de la administración local.

Somos plenamente conscientes de las dificultades. Yo, como en alcalde de un pequeño municipio como es Torre-serona, también las padezco. Y por eso es primordial el apoyo de las administraciones supramunicipales; porque si queremos pueblos vivos y servicios públicos de calidad en todo el territorio, necesitamos ayuntamientos fuertes y que dispongan de soporte técnico suficiente para desarrollar su labor.