Nilo López es el presidente de la Comisión de Garantías Estatutarias de la Joventut Socialista de Catalunya.
¿Por qué el debate sobre la regulación del cannabis es un tabú? ¿Por qué evitamos hablar de ello? ¿Nos da pereza o es que quizás nos da miedo?
Como es sabido, la actual legislación sobre cannabis es de carácter eminentemente prohibicionista. El Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel a quienes cultiven, elaboren, trafiquen o de cualquier otra forma favorezcan o faciliten el consumo ilegal de cannabis o lo posean con estos fines.
Aún así, a pesar de la actual prohibición, los datos hablan por sí solos y demuestran que el consumo de cannabis es una realidad social que está a nuestro alrededor y en nuestro día a día.
El informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del año 2021 sitúa al cannabis como la quinta droga más consumida, después del alcohol, el tabaco, los cigarrillos electrónicos y los hipnosedantes. Así pues, el cannabis es la droga prohibida con un mayor índice de consumo. De hecho, se estima que actualmente hay tres millones de personas que son consumidoras habituales de marihuana y hachís en España y, entre los años 2019 y 2020, al menos 237.000 personas habrían empezado a consumirlas.
La popularización del consumo se debe, obviamente, a un claro aumento de la demanda, pero también influye notoriamente en que hoy en día es mucho más fácil disponer de cannabis que hace diez años. Por un lado, a través de los llamados “clubes cannábicos” que, dentro de una relativa legalidad, han ido proliferando notablemente en los últimos años por toda la geografía. Por otra parte, a través del tráfico ilegal de cannabinoides que ha crecido enormemente, siendo cannabis el 46% del total de sustancias estupefacientes requisadas en 2019 en el conjunto de los estados miembros de la Unión Europea, con Noruega y Turquía.
Ante esta situación, preguntémonos por qué el modelo prohibicionista está fallando.
El modelo actual falla porque está obsoleto por nuestra realidad social actual, que ha avanzado en el reconocimiento de derechos. Falla porque es contradictorio con el derecho a la autodeterminación personal, porque cualquier persona tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida. Falla porque en la práctica castiga más a las personas pobres, que por carencia de recursos se ven forzadas a atravesar la frontera para introducir droga escondida. Falla porque los clubs cannábicos pueden existir acogiéndose a un criterio del Tribunal Supremo, pero eso genera una situación de inseguridad jurídica intolerable.
Falla por muchos motivos. Pero lo que más nos escandaliza es que falla porque no hay un interés político real en resolver toda la problemática que genera el modelo actual, que sin quererlo, sólo por estar desactualizado y no responder a la realidad de hoy día, perpetúa la existencia de las mafias de la marihuana y del hachís.
La posición de la Juventud Socialista de Catalunya es clara: Legalización y regulación.
Como personas comprometidas con el avance social y la lucha por la defensa de los derechos colectivos e individuales, no podemos mirar hacia otro lado cuando aparece un debate que quizás nos incomoda, pero que tiene un impacto social muy relevante. Debemos tomar partido y hay que ser realistas. Y lo primero que debemos hacer es librarnos de los prejuicios tradicionales y analizar la situación desde una perspectiva neutral, basándonos en el puro empirismo, sin las injerencias morales que innatamente pueden aparecer.
En el último congreso nacional, la JSC volvió a renovar su compromiso con la legalización y regulación del cannabis, como única vía posible y realista para paliar el impacto negativo que tiene una legislación heredada del siglo XIX, que hoy en día es desproporcionada y opuesta al avance natural que ha realizado la sociedad en la última década.
La JSC no obvia en ningún caso que el cannabis es una droga y que, por definición, comporta un impacto negativo sobre el organismo, pero no por eso no puede ser legalizada. El alcohol, el tabaco, los cigarrillos electrónicos o los hipnosedantes son drogas y son legales. Entonces, ¿por qué no puede serlo también el cannabis, si su consumo se ha normalizado tanto?
La legalización y regulación es la única opción viable para intervenir un mercado negro gigante que tenemos en nuestro país que comporta mafia, violencia y una gran inversión de recursos del estado. De esta forma, se puede tener un mayor control sobre el comercio internacional de esta sustancia, controlarlo administrativamente y grabarlo con impuestos y tasas. También por establecer controles sobre la calidad y la seguridad en el consumo de los formatos de marihuana y hachís, así como otros derivados, que actualmente son inexistentes, y no se sabe la procedencia ni el estado de lo que en los usuarios consumen. La regulación también puede permitir controlar a quién y cómo se vende, ya que, a día de hoy, a excepción de los clubs cannábicos, con el tráfico ilegal no se discrimina una venta a menores o mayores de edad. La habilitación de establecimientos como estancos permitiría un control sobre la adquisición y consumo. La legalización también serviría para dar seguridad jurídica a las asociaciones cannábicas y sus trabajadores.
En definitiva, la legalización y regulación supondría dar el estatus al cannabis de la misma consideración que el alcohol, el tabaco, los cigarrillos electrónicos o los hipnosedantes, drogas que algunas incluso tienen un impacto negativo mucho más evidente que el cannabis.
Porque con más motivo debe defenderse una regulación del cannabis, cuando los últimos estudios sobre el impacto del cannabis sobre el cuerpo humano, realizados principalmente en Canadá o Estados Unidos, donde el cannabis ha sido legalizado, han demostrado que comporta beneficios a pacientes con dolor crónico, glaucoma, epilepsia, etc.
A raíz de ello, también destacar que desde que se ha legalizado y regulado el cannabis en Canadá o Estados Unidos, no se ha apreciado un significativo aumento de los consumidores habituales.
La JSC trabajó coordinadamente con el grupo parlamentario socialista en Parlament de Catalunya en 2017 sobre la posición hacia la ILP para la elaboración de una ley de asociaciones cannábicas. En mayo de ese año, todos los grupos votaron favorablemente a la aprobación de esta ley, con la excepción del voto contrario del Partido Popular y la abstención del entonces diputado no adscrito, Germà Gordó. Al año siguiente, esta ley fue anulada por el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales en materia de drogas.
Sin embargo, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios supieron leer la voz ciudadana, que exige los derechos que le son propios y se inclina por intervenir y regular el sector como mecanismo más eficiente que la prohibición, con todo lo que conlleva.
Por eso la posición de la JSC es clara y no tiene otra interpretación: Defendemos la libre autodeterminación del individuo como derecho humano que es y por eso que no podemos más que significarnos en favor de romper tabús, desprender de prejuicios y de hablar sobre soluciones ante una problemática real y actual. La regulación del cannabis es un asunto incómodo pero inevitable. En nuestras manos está ofrecerle una solución razonable. ¡Hagámoslo!