Artículo publicado en la versión impresa de Envant! Especial "Fiesta de la Rosa". Septiembre 2022
Por Esther Niubó i Raül Moreno
El pasado día 5 de septiembre (y el 7 en los institutos) comenzó un nuevo curso escolar marcado por el descontento de la comunidad educativa después de un curso que ha profundizado la desconfianza entre ésta y la Consejería y el gobierno de la Generalitat. En los últimos tiempos, a pesar del acuerdo a cuatro días de empezar el curso entre la Consejería y los sindicatos, se ha puesto de manifiesto la falta de diálogo y de búsqueda de complicidad con los y las docentes, direcciones, municipios y familias a la hora de sacar adelante cambios y reformas. Y sigue pendiente un gran pacto social por la educación, sin el cual el sistema educativo no podrá avanzar ni mejorar.
Pero ésta no es la única característica del nuevo curso. Será el primer curso posterior a la pandemia donde no será necesario (al menos, por ahora) aplicar medidas sanitarias. Ahora bien, sobre todo ha sido noticia por el adelanto del calendario que se impuso de forma unilateral con la oposición del Consejo Escolar de Cataluña, que había defendido una moratoria de la medida para mejorar su organización, ya que se ha vinculado a una jornada compactada durante todo el mes de septiembre, que supondrá una nueva piedra en el zapato para la equidad educativa y la calidad de la educación pública.
Otra de las novedades anunciadas para 2022-2023 ha sido la gratuidad del Infantil 2, que se hará gracias a una nueva aportación adicional de los Ayuntamientos, después de muchos años de haber sostenido este servicio público a sus espaldas, y sin ningún compromiso por parte del gobierno de la Generalitat para avanzar hacia la universalización, creando nuevas plazas públicas, necesarias para garantizar un acceso universal
Se ha explicado también que las ratios se reducirán a 20 niños en Infantil 3, pero no explican, en cambio, que no será en todas partes, y que no las bajarán en la secundaria, donde sería muy necesario para mejorar la calidad de atención educativa, ni en la FP, donde continúan a niveles anteriores a la pandemia, ante la dificultad de generar más oferta pública en nuevos equipamientos de calidad. Y es que en FP no sólo es necesario garantizar plaza a ciclos formativos al alumnado proveniente de 4º de la ESO, sino también a los estudiantes provenientes de otras trayectorias formativas o profesionales (Bachillerato, Escuelas de Adultos, PFi, etc.) , de los que 20.000 están todavía pendientes de asignación, por falta de una correcta planificación del gobierno de la Generalitat.
Pero este curso también se recordará porque debería ser el del despliegue de los nuevos currículos educativos derivados de la nueva ley estatal, la LOMLOE, que afectará especialmente a la secundaria con un enfoque más competencial, y por la no renovación de los conciertos en los centros educativos que segregan el alumnado por sexo, gracias también a los cambios introducidos por la nueva normativa estatal.
Y ante el incremento importantísimo de los precios de los libros y material de papelería, así como del precio del servicio de comedor escolar, la buena noticia es que el gobierno español ha anunciado un esfuerzo especial en materia de becas y ayudas al estudio. Así, el alumnado que obtenga una beca para cursar sus estudios este curso, recibirá una ayuda complementaria de 100 € mensuales, lo que implica una inyección de 400 millones de euros adicionales, que se suman a los 2.134 millones que se han destinado en 2022 en becas por parte del Ministerio. Y, es que, en los últimos años, ha habido un incremento presupuestario del 45% de la partida de becas
Una hiperactividad, la del gobierno de España, que contrasta con la pasividad del gobierno en Cataluña. Más de 160.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo siguen esperando el despliegue, cinco años después de su aprobación, del decreto de escuela inclusiva. Es más, el curso ha comenzado con 2000 profesionales menos de apoyo educativo que hasta ahora el Gobierno de España había asegurado mediante Fondo Covid y que el Gobierno no ha mantenido para este curso. La inclusión, más allá de ser un derecho, tiene un impacto positivo en la calidad de la educación y la inclusión social de las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. La escuela debe ser universal, de verdad, y exige celeridad en la adaptación metodológica de los proyectos educativos de centro para que sean más integradores, mejorar la coordinación de los recursos de apoyo entre la escuela, CDIAPS, CESMIJ y todos los actores territoriales que trabajan para la mejora del desarrollo del alumnado, sin olvidar el necesario acompañamiento a las familias.
En definitiva, este curso volverá a caracterizarse por la insuficiencia de recursos para abordar los muy retos pendientes en un pilar fundamental del Estado del bienestar como es la educación: queda pendiente avanzar en escuela inclusiva, apostar por una mejora de éxito educativo, reforzar a los docentes y otros perfiles profesionales, hacer una apuesta de verdad por la FP, por la universalización de la escolarización en la primera infancia, o por combatir la segregación escolar.
Pero sobre todo, este curso comienza con una crisis de gobernanza que, pese al acuerdo sindical, hasta ahora ha afectado a la motivación del colectivo docente ya la confianza de la comunidad educativa en el sistema educativo. Es fundamental que este nuevo curso que se inicia sea una oportunidad para buscar un pacto educativo pendiente, que vaya más allá de los sindicatos, y que ponga por delante la importancia de la educación para la sociedad, garantía de promoción social y de igualdad oportunidades, y afronte con prioridad los retos educativos inaplazables.