Actualidad

Las ocupaciones no son la solución al problema de acceso a la vivienda. Por Marta Farrés y Núria Parlon

26 septiembre 2022

las ocupaciones no son la solución al problema de acceso a la vivienda

Artículo publicado en la edición especial del Endavant por la Fiesta de la Rosa 2022


Por Marta Farrés i Núria Parlon

La defensa del derecho a una vivienda digna forma parte de nuestro ADN, ha sido y sigue siendo una preocupación constante y no resuelta. Los ayuntamientos socialistas son líderes en políticas de vivienda social y en el impulso de medidas innovadoras para la creación de vivienda adecuada a las necesidades de las personas a lo largo de la vida, con especial atención a las más vulnerables. Pero al tiempo que trabajamos en políticas progresistas de vivienda, debemos ser contundentes en la actuación contra la ocupación de pisos, especialmente en los casos que provocan dificultades de convivencia con el resto del vecindario.

La vivienda es un derecho muy sensible, un bien precioso y costosísimo que supone para muchas personas la inversión familiar de toda una vida. Y esto, ese bien privado, ese derecho personal, es lo que no puede estar en duda.

No puede que alguien se vea privado de su vivienda por una ocupación ilegal y la policía no pueda actuar. No puede que comunidades de vecinos vean alterada su convivencia, sufriendo molestias y peligros relacionados con empleos ilegales. Es inadmisible que las mafias actúen impunemente usurpando viviendas o traficando con personas. Tampoco es adecuado que personas vulnerables que se ven abocadas a dormir en la calle, acaben ocupando naves o locales inhabitables, poniendo en riesgo sus vidas. Todo esto, simplemente, no puede ser.

No somos ingenuas. El fenómeno del empleo no es unívoco, tiene motivos tan diversos como personas o familias ocupantes y, por tanto, es necesario abordarlo de manera transversal. Los y las socialistas llevan años reclamando al Gobierno de la Generalitat un plan integral de abordaje de las ocupaciones, que afronte esta problemática desde todas sus aristas: para garantizar el acceso a la vivienda a las familias más vulnerables, por acabar con los conflictos de convivencia en comunidades de propietarios y barrios de nuestros pueblos y ciudades, para luchar en serio contra las mafias que se aprovechan de la desesperación de muchas familias, para evitar situaciones de riesgo provocadas por los enganches ilegales y por las condiciones de insalubridad en la que se encuentran muchas viviendas ocupadas. Y también para hacer compatible el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad privada. Una petición que ha sido en ocasiones ignorada y que, hoy, pasa a ser de extrema urgencia.

Cuando las personas no se sienten amparadas por la ley buscan caminos paralelos, a menudo al margen de la legalidad y esto es siempre un fracaso colectivo. Si a alguien le ocupan su casa, la actuación de desempleo debe poder ser ágil e inmediata como lo es en la mayoría de países europeos vecinos. Las ocupaciones conflictivas generan tensión y sensación de fragilidad en los vecinos y no tenemos suficientes instrumentos para combatirlos. Se debe poder actuar con celeridad.

Por eso, desde los ayuntamientos pedimos cambios legislativos que agilicen los procedimientos judiciales en empleos ilegales. No puede ser que la media de tiempo en obtener una sentencia sea de seis meses, con suerte, y que a efectos reales se esté tardando en el orden de un año en recuperar la vivienda. Y hace falta también directrices claras en los cuerpos de seguridad, para facilitar la actuación en casos de empleos conflictivos. Si la ley permite que las fuerzas de seguridad recuperen una vivienda ocupada dentro de las 48 horas posteriores a su ocupación, los cuerpos policiales deben tener el apoyo de sus mandos, el acuerdo social y las herramientas para poder hacerlo con garantías .

Los ayuntamientos no podemos gestionar sólo la problemática de las ocupaciones ilegales. La Generalitat debe dedicar recursos a las ayudas ya ampliar el Parque de Vivienda Social (actualmente sólo el 2% del parque de vivienda de Catalunya es de protección oficial) pero también debe dar instrucciones claras a los Mossos d'Esquadra para actuar con rapidez. Porque los datos son contundentes: Catalunya es la comunidad autónoma con más empleos ilegales.

Y es necesario que el Gobierno español y los grupos parlamentarios promuevan una reforma urgente de la normativa procesal, para garantizar y dar cobertura a la actuación policial en los desempleos. Así como reformar urgentemente la normativa penal para clarificar la tipificación de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de la propiedad, que se incrementen las penas y que se introduzca un agravante en los casos que haya afán de lucro. Y es necesario que el Consejo General del Poder Judicial cree juzgados especiales para los delitos de empleo en las demarcaciones donde se acumulan más casos y crear la figura del Fiscal especializado, que puede depender del de delincuencia organizada o del delitos económicos.

Debemos solucionar esta situación lo antes posible. Se necesitan reformas legales, recursos públicos y el consenso e implicación de los agentes privados. Es trabajo de todos defender el derecho a la vivienda así como el derecho a vivir en paz y sin miedo en nuestros barrios y ciudades.

 

Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell
Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet