El PSC presentará a los ayuntamientos donde tiene representación mociones en defensa de la gestión realizada por el gobierno español frente al aumento de la tarifa de la luz. El texto, trabajado desde las secretarías de Política Municipal, Infraestructuras y Territorio, y la de Industria, Energía y Transición Digital, insta al Gobierno de la Generalitat a que, de acuerdo con sus competencias, exija a las empresas suministradoras el mantenimiento y revisión de la red eléctrica. Como ha explicado el secretario de Política Municipal y primer teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, "Es inadmisible que además del encarecimiento temporal del precio, los consumidores sufran cortes de luz que se producen de forma repetida en algunos barrios, por esta falta de supervisión".
Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se trabaja desde el 2018 para revertir la situación provocada por el anterior Ejecutivo del PP y promover políticas públicas en favor de la energía renovable y la transición energética .
"Este retraso ha supuesto que gran parte del encarecimiento del precio de la luz que padecemos estos últimos meses sea consecuencia de esta flagrante inacción de PP" según el Secretario de Política Municipal, Jaume Collboni.
Por este motivo, el Gobierno Socialista ha iniciado una serie de políticas como ha sido la adopción de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, la primera estrategia en materia de energía aprobada por un Ejecutivo español, que vela por aquellos consumidores más vulnerables y que más se ven afectados por el encarecimiento del precio de la luz.
También se ha aprobado un decreto ley para la ampliación de la prohibición del corte de suministro, creando el Bono Social Térmico (BST), y ampliando los supuestos para acceder a el Bono Social Eléctrico (BSE) para consumidores vulnerables. De esta manera se amplía la cobertura de estos hogares más vulnerables, que no podrán sufrir cortes de suministro en caso de impago por lo menos durante seis meses, en vez de los cuatro actuales. Además se beneficiarán de una nueva figura aprobada: un suministro vital energético (medida planteada en el año 2019) que quiere garantizar una potencia eléctrica de 3,5 kW en los hogares.
Además, recientemente se ha hecho público el Anteproyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la sostenibiliat del Sistema Eléctrico para reducir la factura alrededor del 15% en los próximos años. También, medidas temporales y coyunturales como la reducción del IVA del 21% al 10% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 7%, que se prorrogará hasta el 31 de diciembre.
Finalmente, la última medida aprobada por el Consejo de Ministros ha sido un plan de choque sin precedentes en Europa, con el que el Gobierno de España recortará los beneficios extras de las principales empresas energéticas para "limitar" el efecto del gas y abaratar así la factura de la luz. En concreto, se retendrá una parte del dinero que las eléctricas ganan de más gracias al funcionamiento del mercado mayorista para trasladarlos directamente al consumidor final (tanto si tiene contratada una tarifa regulada como libre) ya las pequeñas y medianas empresas.
Así, las grandes empresas energéticas deberán devolver el 90% de los ingresos extraordinarios obtenidos, según los cálculos del Ejecutivo unos 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo. A estas medidas se añade la reducción del 5,1% al 0,5% en el impuesto especial de producción de energía eléctrica, lo que conllevará que el Estado deje de recaudar 380 millones de euros este último trimestre.
El objetivo del plan diseñado por el Gobierno de España es lograr que al finalizar este año 2021, un ciudadano haya pagado por la luz una cantidad muy similar a la abonada en un año como 2018 descontando, como máximo, el IPC general .
En definitiva, para el responsable de política municipal de los socialistas catalanes "El Gobierno español trabaja en un plan para hacer que la subida desmesurada del precio de la energía en el mercado mayorista tenga un impacto mínimo en el recibo que pagan los ciudadanos y las ciudadanas. Avanzar de manera firme en la reforma del sistema eléctrico es la mejor hoja de ruta para poder cumplir con la Agenda 2030 y alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que exige a los países garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna ".