Eva Granados es la portavoz socialista en Senado y escribe este artículo después de la aprobación definitiva de la primera Ley de la Vivienda de la democracia.
Siempre lo decimos, reducir las desigualdades sociales y combatir la urgencia climática son los principales retos que tenemos como sociedad y con estas prioridades trabajamos en todos los frentes como proyecto político para construir una sociedad más justa y un planeta habitable que dejar a nuestros hijos .
En el proceso de construcción del Estado del Bienestar hemos utilizado la metáfora de los pilares para referirnos a las grandes políticas sectoriales y universales: Educación, sanidad, seguridad social y servicios sociales/atención a la dependencia como sistemas de protección social que hacen frente a los distintos riesgos durante todo el ciclo de vida de las personas y familias. Con esta arquitectura, el Estado del Bienestar combate la ignorancia, la enfermedad, la falta de empleo y la privación material para reducir las desigualdades de origen y sobrevenidas. Mucho nos queda por hacer con las viejas y nuevas desigualdades, sin duda, pero teníamos una gran asignatura pendiente ya que durante muchos años la vivienda ha sido uno de los grandes déficits estructurales de nuestro Estado del Bienestar en relación a otros países de Europa donde gozan de mucho más la vivienda social.
Todos sabemos que la situación de la vivienda es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. La brecha que se ha ido haciendo mayor en las últimas décadas entre salarios y precios de la vivienda ya sea de alquiler o de propiedad no tiene una solución fácil. Con sólo dos datos muy contundentes podemos ver la magnitud del problema: ser de cada diez familias que viven en alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a pagarlo y la edad media de emancipación son los 30 años. Por eso desde 2018 hemos incluido entre las prioridades de las políticas de bienestar las políticas públicas de vivienda como factor clave para la emancipación y la generación de proyectos de vida. El Gobierno socialista ha decidido hacer del acceso a la vivienda una misión de país en la próxima década.
Hasta ahora no nos hemos estado quietos: multiplicar por siete la inversión presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado, chocar al 2% el aumento de los precios de alquiler, la suspensión de los desahucios de la vivienda habitual para personas y familias vulnerables, el bono de alquiler joven, la movilización de 183.000 nuevas viviendas sociales y el aval a la compra por jóvenes y familias son medidas que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho realidad. La voluntad es clara: que la vivienda deje de ser una mercancía con la que unos pocos puedan especular para convertirse en un derecho de ciudadanía.
Es un orgullo que sea una ministra socialista y del PSC como es nuestra Raquel Sánchez quien haya liderado el texto legislativo que lleva al BOE, entre otras medidas, la protección de los parques públicos de vivienda frente a los fondos buitre, el impulso a la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, el reforzamiento del equilibrio entre arrendatarios y arrendadores, la creación de un entorno fiscal favorable para que los propietarios pongan en alquiler sus pisos, hace posible la intervención del mercado en zonas residenciales con precios tensionados o con oferta insuficiente, ofrece instrumentos a los ayuntamientos para facilitar el aumento de la oferta de vivienda y contempla la creación por parte del INE de un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler.
Con la aprobación esta semana en el Senado de la primera ley en democracia que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna el Gobierno quiere consolidar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.