El Parlament ha aprobado este miércoles la tramitación de la Ley de las Personas Mayores de Cataluña, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar ante la "inacción" del gobierno de la Generalitat.

El portavoz adjunto del grupo socialista, Raúl Moreno, ha recordado que el Parlamento aprobó en 2016 una moción del PSC que instaba al gobierno a presentar un proyecto de Ley de las Personas Mayores: "Estamos en 2023 y ante 7 años de inacción, hemos decidido tomar la iniciativa".

La iniciativa es el resultado de un año de trabajo con la participación de más de una cuarentena de personas, entidades y expertos, y tiene como objetivo la promoción del bienestar personal y social del colectivo de personas mayores en Cataluña.

La finalidad de la proposición es promover el bienestar personal y social de las personas mayores, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y establecer un sistema integral de atención y protección efectivo que posibilite un envejecimiento integral y saludable, con la participación de las administraciones públicas y de las entidades sociales y los sectores implicados.

El texto establece los derechos y libertades civiles y políticos de las personas mayores, y quiere recoger la obligación de las administraciones de garantizar la prestación de derechos sociales, reducir los tiempos de espera en el ámbito de la dependencia y garantizar el derecho a una vivienda adecuada ya una muerte digna.

Además, desarrolla derechos en materia de ocio, prevé medidas para promover la educación y el conocimiento de las personas mayores, proteger a las personas mayores LGBTI y garantizar la suficiencia económica del colectivo. También establece un régimen sancionador asociado a situaciones de falta de asistencia o maltrato y propone la creación de un observatorio de las personas mayores y de un defensor de los derechos de estas personas que asista al Síndic de Greuges.

"La ley recoge la voluntad, en la línea del modelo residencial acordado por el Gobierno de España, que queremos residencias medias y pequeñas, mínimamente medicalizadas, con asistencia sanitaria pública y con un nuevo modelo de inspección", ha añadido Raúl Moreno.