Alberto Batlle es el 5º Teniente de Alcaldía de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona.

Siempre he defendido que el concepto de seguridad no se reduce a la seguridad ciudadana entendida desde la perspectiva delincuencial.

En los últimos años, las crisis económicas, sociales, y más recientemente la sanitaria, han puesto de manifiesto lo que implícitamente la ciudadanía también vive como una amenaza a su estabilidad e integridad. El riesgo de perder el trabajo, la vivienda o la salud, o las limitaciones para acceder a unos espacios de confort social, de crecimiento personal y de oportunidades son una amenaza para muchas personas. 

Por otra parte la convivencia ciudadana en el ámbito domiciliario y en el espacio público también se han convertido en elementos focales en la concepción y construcción de la seguridad. 

Y en este debate sobre seguridad, en el sentido más amplio, el tráfico y consumo de drogas es un punto más, evidentemente. Las drogas son, además de una cuestión de salud, una cuestión de seguridad tanto desde el punto de vista delincuencial como desde el punto de vista de la convivencia y la tranquilidad.

Actualmente el consumo de cannabis va asociado a la actividad ilícita de cultivo y compraventa, con los conflictos que ello conlleva. Dejando aparte la actividad a gran y media escala de las mafias en el control de la producción y distribución de sustancias, con prácticas violentas en la defensa de sus intereses, también a nivel local genera conflictos de convivencia y disturbios vinculados a la confrontación entre derechos y libertades.

El argumento de que la legalización reducirá la inseguridad (sanitaria y jurídica) del consumo, y pondrá fin a las mafias, al mercado negro y la economía sumergida, es incierto; cómo lo es pensar que la legalización hará que se reduzcan el consumo y el tráfico de marihuana.

Lo que sí tenemos contrastado es que el (auto)cultivo y consumo de cannabis aunque sea a nivel doméstico, para el propio consumo, es muy invasivo e impacta en el derecho de quien no quiere convivir con esta práctica, y de forma más grave sobre los y las menores de edad a los que se supone que debemos blindar mayor protección. 

Por otra parte, a nadie se le escapa que el consumo recreativo de este tipo de sustancias tienen por objetivo alterar el estado de conciencia y el comportamiento de quien las consume, lo que puede ocasionar situaciones de riesgo o generar espacios de conflicto con otros personas.

En cualquier caso, cuando el consumo se hace en el espacio público y entran en juego los derechos y libertades de unos y otros, haciendo uso de un espacio común, tenemos el conflicto servido.

El mantenimiento de la convivencia y el civismo en el espacio público es uno de los principales objetivos de los responsables políticos y de los cuerpos policiales, como la Guardia Urbana. 

En este sentido, y hablando ya de forma concreta de una actividad relacionada directamente con el consumo del cannabis en las ciudades, creemos que los clubes cannábicos así como las tiendas de semillas cannábicas son actividades que no deben tener cabida en nuestra ciudad, de la misma manera como existen otras actividades que consideramos que tampoco tienen lugar. No deben formar parte de los valores que conforman Barcelona.  

Estamos poniendo todos los recursos para dar cumplimiento a la normativa vigente. La sentencia de 2 de junio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declaró nulo de pleno derecho el Plan Especial Urbanístico para la ordenación territorial de los clubs y asociaciones de consumidores de cannabis en la ciudad de Barcelona. El tribunal entiende que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia para regular los clubes de cannabis, dado que son espacios susceptibles de comisión de delitos (tráfico de drogas), y, por tanto la materia penal es de competencia exclusiva estatal.

Esto implica que, en virtud de esa sentencia, y otra jurisprudencia, los clubs de cannabis pasan a tener la habilitación de Club social privado. Esta habilitación permite únicamente realizar la actividad de club social. Pero, en ningún caso, permite la promoción del consumo del cannabis, así como su cultivo, venta o consumo.

De acuerdo con esta sentencia del TSJC y con la voluntad política de hacerla cumplir de forma estricta se ha iniciado una campaña para informar a las asociaciones existentes de la normativa vigente e intervenir para su cumplimiento.

Del total de 223 entidades cannábicas con licencia hasta abril de 2022, se inspeccionaron 159, (el resto, se negaron a la inspección o ya habían cerrado), y en más de la mitad (85) se va comprobar que tenían sustancias estupefacientes, por lo que se abrieron un total de 16 diligencias informativas, procediendo al precinto de una de ellas conjuntamente con el cuerpo de Mossos d'esquadra; además de 3 entradas a asociaciones cannábicas, autorizadas por los Juzgados, por presunto delito contra la salud pública derivado de las investigaciones realizadas.

Una propuesta de regularización del consumo del cannabis debería surgir de un debate profundo desde el ámbito sanitario, más allá del uso medicinal y terapéutico, valorando el impacto del cambio en las organizaciones ilícitas e intereses de ciertos sectores y grupos organizados al margen de la ley, y sin menospreciar el impacto que supondría en la convivencia ciudadana y el posible efecto llamada, entre otros no deseados.