Hace casi treinta años que se aprobó la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural de Cataluña. En ese momento, en vez de apostar por una ley integral y conjunta como reclamaba repetidamente de forma unánime tanto el sector como el territorio, el Gobierno optó por presentar un texto que abordaba sólo el patrimonio inmueble (arquitectónico y arqueológico), completando así el “corpus” legislativo del patrimonio cultural catalán compuesto también por las leyes de archivos (1985), de museos (1990), del sistema bibliotecario (1993) y de cultura tradicional y popular (1993).

La Ley catalana toma como modelo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español (LPHE), de la que copia partes importantes, aunque, a diferencia de este último texto normativo, obvia un enfoque global del patrimonio cultural. Es una ley destinada fundamentalmente a la protección de bienes culturales mediante su declaración o catalogación (que es la medida primera para poner en marcha cualquier política de protección), siguiendo la clasificación de bienes y las diferentes figuras de protección que se establecen en la LPHE.

Después de veintinueve años desde su aprobación, la valoración y el balance de aplicación de la Ley del patrimonio cultural no es positivo. No sólo ha envejecido por el paso del tiempo y ha quedado desfasada, sino que presenta graves lagunas en su ejecución, por falta de voluntad política a la hora de aplicarla y por la falta de despliegue normativo.

Por estos motivos, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta este Documento de bases para una nueva ley del patrimonio cultural de Cataluña.