Juan Roma es el presidente del Consejo de Federación del PSC del Bages-Berguedà-Solsonès, exalcalde de Borredà y ex diputado en el Parlament de Catalunya.

 

Nos quejamos de las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), además de las de otros órganos y organismos del poder central y/o autonómico, pero no nos pedimos porqué estamos como estamos?

Es decir: ¿cómo puede que 45 años después de la recuperación de la democracia, no hayamos sido capaces de oxigenar, airear, ampliar y/o renovar el alto funcionariado de nuestro país?. Y cuando digo país, quiero decir, Cataluña y con ella el Estado: España.

Si miramos los tres niveles de las administraciones veremos que en ninguno se han hecho los deberes. A nivel municipal/comarcal/diputaciones, sólo en Cataluña, faltan 300 secretarios y 200 interventores. A nivel de España, deberíamos multiplicar la cifra por seis o siete. Increíble, porque son los altos funcionarios de los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones.

Si estudiamos el Gobierno de la Generalitat y del resto de gobiernos autonómicos, veremos las carencias en letrados, subdirectores generales, interventores, depositarios, etc. Lo mismo podemos decir de las cámaras autonómicas, aunque los elevados sueldos chupan funcionarios de administraciones inferiores. Un problema más para los más pequeños.

Si llegamos a la estructura del Estado, constataremos el déficit de jueces, fiscales, notarios, letrados, abogados del Estado, subdirectores generales… de forma que se van prolongando las familias del alto funcionariado por los siglos de los siglos. Si miramos los apellidos de jueces, letrados, notarios, fiscales, abogados del Estado, secretarios generales, interventores, oficiales de los ejércitos, guardia civil, policía nacional…veremos cómo se repiten en multitud de lugares y espacios.

No estoy de acuerdo en que sea fruto del franquismo. En algunos casos sí, pero en muchos otros es cuestión de cultura, tradición, vocación y/o ambición, en territorios que a falta de grandes empresas e industrias, se decantaron por las administraciones. En muchos casos, hablo de cien y ciento cincuenta años atrás. Una salida, si desea conservadora, pero de plena seguridad, en el sueldo mensual. Además de promoción constante y segura.

La procedencia y la interrelación entre ellos/as, ha dado pie a matrimonios y relaciones estrechas que han configurado unas élites que por preparación y consideración, se creen poseedoras del derecho a vigilar y proteger al Estado y, con él, a todas las administraciones que lo conforman. Es un efecto bastante lógico y consecuente, cuando los cuerpos estatales están conformados por personas de procedencias similares, con pensamientos muy cercanos, por no decir simétricos.

¿A qué viene pensar en fuerzas ocultas o estrategias secretas? Es evidente que estas élites tienen una afinidad con muchos políticos de similar procedencia y son sensibles a los argumentos y propuestas que les puedan llegar. Si ellos/as se sienten protectores de la patria, consideran lógico salvarla de intromisiones y decisiones que la puedan afectar. De ahí a interpretar de forma determinada las leyes fundamentales, hay un paso.

Ni siquiera es necesario prevaricar. Bastan informes y dictámenes que justifican una visión concreta, del pensamiento y voluntad de los legisladores. No extrañe a nadie ese círculo en el que nos movemos porque en los niveles más altos del funcionariado imperan unos núcleos reducidos de apellidos interrelacionados.

¿Cómo puede no haber hecho los deberes en estos 45 años? Pues, es lo que debemos preguntarnos y reprochar, todos los que hemos actuado en política. Y sobre todo, ¿qué hacer para romper el círculo? Si sólo nos quejamos y no actuamos, no servirá de nada.

Toca abrir el círculo, esponjar, oxigenar, airear el sector, mediante la entrada de constantes hornadas procedentes del pueblo, lisa y llanamente. Fácil de decir, complicado de resolver, pero es la vía para renovar al alto funcionariado. Ellos se pueden permitir tener hijos/hijas, preparando concursos y oposiciones durante 3, 4 o 5 años.

Piense que sólo para secretarios o interventores de ayuntamientos, el promedio de preparación está en 2 o 3 años. Similar al de juez, letrado, oficial de ejército, etc. Para cargos de mayor nivel ya podemos añadir uno o dos años más: notario, abogado del Estado, letrados de parlamentos…

¿Quién puede permitírselo? Las familias normales y corrientes no, o más si el posible candidato/a encuentra otros trabajos más fáciles y rápidamente retribuidos. Sin embargo, estamos ante un tema fundamental y estratégico. Aquí, todas las administraciones, universidades, partidos y sociedad civil deberían impulsar medidas rápidas y eficientes.

Los estudiantes mejor preparados deberían disponer de becas, ayudas en varios formatos, facilidades innovadoras para entrar en ese círculo cerrado. Ponemos en marcha un ambicioso plan para renovar al alto funcionariado y, en unos años, conseguiremos resultados espléndidos. Llenamos todos los vacíos a todas las administraciones. Lograremos mejorar la eficiencia, a la vez que interpretar y defender las leyes vigentes con visiones a pie de tierra.

Los grandes temas no se resuelven en cuatro días. Tiempo suficiente hemos perdido como para no poner los medios para hacerlo realidad. Quien no mira a medio y largo plazo, no puede considerarse un buen gestor y, menos aún, un buen político. Hemos hecho pocos deberes en esta materia, en los 45 años de democracia. Cuanto antes nos ponemos, más bien conseguiremos aportar sangre nueva a los altos niveles de las administraciones. En todas ellas, sin excepción.