Sergi Soler, candidato a doctor en Historia Política, firma este argumentario sobre la situación de la sanidad pública y su posicionamiento como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas en España.

Cuando este gobierno llegó al poder hace cinco años, los españoles señalaban como principales preocupaciones eran el paro, la corrupción, los problemas políticos, la economía y la independencia de Cataluña. A día de hoy, la preocupación por la independencia ha bajado de un 15% a menos de un 1% y, la corrupción, ha pasado de preocupar al 35% de ciudadanos a solo un 5%. No solo la independencia y la corrupción han dejado de preocupar a gran parte de los españoles, sino que, además, otras cuestiones como el paro han pasado de preocupar a dos de cada tres ciudadanos a uno de cada cuatro.

No obstante, otras problemáticas suben. Sin duda, uno de los elementos de mayor desasosiego es el estado de nuestra sanidad pública. Por desgracia, en muchas comunidades autónomas –en las cuales recae la responsabilidad de gestión de estos centros- las listas de espera son terriblemente elevadas, muchos centros están desatendidos o desprovistos de los profesionales necesarios y los sanitarios están agotados después de años de crisis sanitaria, lo que conduce a un empobrecimiento de los servicios intolerable cuando se habla de salud y que lleva a la desatención de enfermedades, incluidas o, especialmente, de salud mental.

Desafortunadamente, a diferencia de los liberales clásicos, que siempre defendían el bien común por encima del beneficio propio, el neoliberalismo adoptado por la derecha española es, de hecho, más libertario que liberal. Estos nuevos libertarios no cesarán en repetir sin parar su mantra acerca de supuesto “estado sobredimensionado” a pesar de que los datos indican todo lo contrario. Así lo dice el Eurostat, la agencia estadística europea, que informa que nuestro país es uno de los países de la Unión Europea que menos impuestos recauda y que menos gasto público tiene. Ateniendo al caso que nos atañe, mientras que la media de gasto en sanidad pública en Europa es de 2.200€ por persona, en España se gastan 1.700€, ni más ni menos que un 23% menos.

Es posible que, aun con los datos en la mano, las derechas libertarias sigan insistiendo en su cuento del despilfarro… me gustaría hacerles algunas preguntas, para que se lo puedan aclarar a toda la ciudadanía:

¿Ayudarnos entre todos es despilfarrar?
¿Que las familias tengan más dinero para gastar es despilfarrar?
¿Que la gasolina sea más barata es despilfarrar?
¿Que el salario mínimo vuelva a subir con lo que comporta para las familias es despilfarrar?
¿Que luchemos porque la calidad de vida aumente en una situación de crisis como esta es despilfarrar?
¿Que hayamos logrado una excepción ibérica que nos beneficia a todos es despilfarrar?
¿Entregar ayudas para tener más facilidades a la hora de llenar la cesta de la compra es despilfarrar?
¿Trabajar cada día para la consecución de la igualdad de género real es despilfarrar?
¿Que se haya aplicado gratuidad en el transporte público para ayudar a las familias es despilfarrar? ¿Trabajar para que los jóvenes tengan oportunidades y empleos con salarios dignos que les permitan iniciar sus proyectos de vida es despilfarrar?
¿Todo esto es despilfarrar, o es invertir en tu país y su gente?

No es una cuestión de despilfarro, es una cuestión de prioridades: el dinero invertido en la gente o el dinero gastado en empresarios afines que, a su vez, desvían fondos a paraísos fiscales o los ocultan en opacas sociedades.

Hoy en día, el gasto en sanidad privada en España supone el 30% del gasto sanitario total, convirtiéndose en uno de los índices más alto de Europa. Este trasvase de sanidad al sector privado supone un perjuicio para la mayoría social del país, que ve cómo debe dedicar un mayor presupuesto de sus ingresos a costearse servicios esenciales que antes tenía garantizados por el estado, provocando un empobrecimiento real que quita libertades. Los peligros de una privatización masiva del sector sanitario son muchos, sobre todo debido a que la sanidad no debe ser entendida como un bien de consumo que se rija por las leyes de mercado. Cada persona puede decidir cuánto vale para ellos un teléfono móvil pudiendo, incluso, elegir no tener teléfono móvil. Lo que nunca va a poder hacer nadie es elegir no tener sanidad, por lo que si no hay un servicio público fuerte y convertimos a la sanidad en un bien mercantilizable, las aseguradoras podrían cobrar tanto como les guste, ya que cualquiera pagaría lo que fuese por una operación o por la atención necesaria, provocando un empobrecimiento masivo, obligando a las personas, incluso, a vender sus propiedades para costearse los tratamientos y pagar las deudas médicas como ocurre en otros países.

El igual acceso a los servicios como educación y sanidad es la mayor garantía de igualdad, justicia social y de una meritocracia mucho más real que la que las derechas defienden y que es la que a día de hoy existe. La supuesta meritocracia libertaria es una falta de respeto a todas las trabajadoras y trabajadores que sufren jornadas de 12h, sin extras pagadas y que no pueden decir nada porque su vida y la de su familia dependen de ese sueldo. Esa es la verdadera meritocracia, y es gracias a esa gente y son, precisamente, esas personas las que dan sentido a la lucha por los servicios públicos. Porque no hay mayor meritocracia que empezar todos desde una casilla de salida lo más parecida posible. El estado del bienestar es el garante de esta idea y por eso debemos cuidar de los servicios públicos y a sus trabajadores como nada.

La España que queremos es una España que no deja atrás a nadie. Un país que no diferencia entre servicios para ricos y otro para todos los demás. Este gobierno, desde que llegó, ha aumentado en un 35% el gasto social, consolidando un proyecto de estado alejado de la deriva anarcoindividualista de esta derecha que trata de enfrentar a médicos y enfermeros en un burdo, desagradable e irresponsable intento de desmantelar los servicios públicos, que son los únicos garantes de la justicia social real y la verdadera meritocracia.