• enviar a un amic/ga
• compartir
• imprimir

LA semana pasada se conoció la actuación de la Audiencia Nacional, dirigida por el juez Baltasar Garzón, persiguiendo una presunta trama corrupta de la que formarían parte entre otras personas el ex conseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra, el ex secretario de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, el ex diputado socialista Luis Andrés García «Luigi» -hace tiempo separado del PSC-, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el Teniente de Alcalde de Urbanismo Manuel Dobarco. El viernes por la noche se conoció el auto judicial en el que se precisan los delitos presuntamente cometidos por cada uno de los imputados y las medidas cautelares adoptadas por el juez.
Apenas transcurridas dos horas de las primeras operaciones de registro ordenadas por el juez y de la detención de algunas de las personas presuntamente vinculadas a la trama, el PSC hizo pública una Declaración en la que, desde el más absoluto respeto a la presunción de inocencia y a las actuaciones judiciales, se anunciaban las medidas que la Comisión Ejecutiva del partido tomaría si la autoridad judicial dictaba medidas que afectaran a los cargos electos llamados a declarar. Así, este mismo lunes, la ejecutiva del PSC reunida de manera extraordinaria suspendía de forma preventiva de la militancia en el PSC a los cargos imputados y, conocida su voluntad de renunciar a sus cargos, facultaba a la secretaria de organización para dar instrucciones al Grupo municipal en Santa Coloma para proceder a cubrir las vacantes.
El PSC ha reaccionado con celeridad y con contundencia ante la gravedad de los hechos investigados por la Audiencia Nacional. Unos hechos que, de confirmarse, serían totalmente incompatibles con la pertenencia a nuestro partido y el ejercicio de responsabilidades públicas.
El PSC es un partido responsable. Un partido comprometido con el servicio público y con nuestros conciudadanos. Son ellos los que nos otorgan la legitimidad y es a ellos a quienes nos debemos. En nuestra actuación nos guía la vocación democrática de rendimiento de cuentas y de control del ejercicio del poder.
Para el PSC es un imperativo ético la tolerancia cero respecto de los casos de corrupción, sin olvidar la presunción de inocencia ni la reivindicación de la dignidad de la política, el reconocimiento a los miles de cargos públicos que honradamente desarrollan sus tareas, y la transparencia y eficacia de las instituciones.