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Programa Electoral

Programa electoral por temas

  • 1 Hacia la España federal. Queremos decidir

    Las 4 R s: Recursos (fiscalidad propia). Representación (Senado federal). Reconocimiento y Respeto a las competencias propias.

    Las 4 R s: Recursos (fiscalidad propia). Representación (Senado federal). Reconocimiento y Respeto a las competencias propias.

    TREINTA AÑOS DESPUÉS, ES NECESARIO UN NUEVO ACUERDO

    Cataluña ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Cataluña no es la que era en aquellos tiempos, España tampoco lo es. El gran acuerdo que supuso el pacto constituyente de 1978, aquel consenso entre todas las fuerzas políticas, es lo que permitió la evolución del Estado Español y de Cataluña, con su transformación en un Estado de Derecho descentralizado –el Estado de las Autonomías– y en un Estado del Bienestar que ahora desgraciadamente la derecha está desmantelando. Los problemas a los que nos enfrentamos hoy, son a menudo muy diferentes que los de entonces, y en el caso de aquellos que no han variado, las circunstancias y el momento histórico actuales no tienen nada que ver con los del mencionado pacto constituyente, y, por tanto, no pueden ser abordados de la misma manera.

    La manifestación multitudinaria y cívica celebrada en la Diada de este año muestra claramente la insatisfacción y la desafección que ha ido creciendo respecto a las actuales relaciones entre Cataluña y España, un malestar que ya se demostró con la sentencia del Tribunal Constitucional y que se ha visto agravado por la crisis económica, por los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno del Estado y por los mensajes institucionales en tono de menosprecio de las demandas catalanas.

    El Gobierno del Partido Popular, lejos de abordar este creciente malestar provocado por la Sentencia, emprendió una ofensiva recentralizadora en la actual legislatura con medidas que han sido consideradas inconstitucionales en reiteradas ocasiones por el Consell de Garanties Estatutàries, al vulnerar las competencias de la Generalitat de Catalunya y los derechos de la ciudadanía.

    La disolución del Parlament por parte del President de la Generalitat, tan sólo 21 meses después de haber tamado posesión, demuestra su incapacidad para gestionar la difícil situación de Cataluña, causada en parte por su propio gobierno y, sobretodo, desvela la voluntad de esconder de la esfera pública el debate sobre su gestión al frente de la Generalitat de Catalunya, en una estrategia electoralista que quiere situar-lo en una mejor posición obviando la dramática situación en la que deja el país sólo dos años después. En materia de derechos nacionales, el “Gobierno de los mejores” también ha fracasado.

    ¿Qué ha hecho CiU en estos dos años de gobierno?

    - En sólo dos años de gobierno se ha evidenciado la rotura del compromiso político de CiU con el pacto del Estatut.
    - El despliegue normativo del EAC ha sido prácticamente nulo. La Comisión bilateral se ha reunido una única vez. El Govern no ha aprobado ninguno de los proyectos de ley de despliegue estatutario pendientes, frente al Gobierno de la VIII legislatura que aprobó nueve.
    - El Govern tampoco ha tomado ninguna iniciativa con tal de adoptar alguna de las recomendaciones que el grupo de expertos dictaminó en su informe de julio de 2010, encargado por el President José Montilla, que marcaban vías alternativas para minimizar los efectos de la sentencia del TC sobre el Estatut.
    - Es más, hemos dado pasos atrás, las reformas impulsadas por el Gobierno del Estado infringen competencias de autogobierno reguladas en el EAC: la reforma del mercado laboral, la reforma de la sanidad, la reforma de la ley de la dependencia, la supresión de derechos adquiridos de la función pública o la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De todas ellas tan sólo ha actuado recurriendo al Tribunal Constitucional contra la reforma en el ámbito educativo.

     

    LA PROPUESTA FEDERAL

    En este tiempo complicado que vivimos, con una crisis económica que nos ahoga y una turbulenta realidad internacional, necesitamos instrumentos para generar más crecimiento, más trabajo y más prosperidad en Cataluña y lo que no necesitamos son más incertezas, más inestabilidad y más barreras.

    Por esto…
    …ante las consignas y proclamas en pro de la independencia como salida de todas las encrucijadas del país, pero sin definir escenarios, obviando totalmente que lo que se pone en riesgo en Cataluña es la cohesión social, y las incertezas sobre el impacto en la economía…
    …ante un inmovilismo constitucional de la derecha española que nos deja anclados en un pacto constituyente de hace 30 años y que se niega a evolucionar, atrapado el inercias del pasado.
    …ante estos dos caminos sin salida es esencial que el PSC sea fiel a sí mismo y mantenga sus propios valores, y la capacidad de transformación de la realidad de Cataluña que siempre hemos demostrado. Por esto, con la fuerza y determinación que nos dan los más de treinta años de lucha política y construcción de una Cataluña y una España a favor de la justicia social, la libertad y la solidaridad, creemos que es el momento de renovar el pacto constitucional a través de la construcción federal.

    Es necesario recordar que el pueblo de Cataluña no responde sólo a un partido. Cataluña está llena de historias y vidas plenas que han crecido y viven con entendimiento, sin complejos, combinando sentimientos de catalanes y españoles. Y es con este espíritu de respeto a todas las personas, inhernete a los progresistas, que planteamos nuestro proyecto de un nuevo marco de relaciones entre Cataluña y España: el federalismo. Porque creemos firmemente que la prosperidad de Cataluña se verá fortalecida con una nueva relación federal con España, con un nuevo marco de relaciones que reconozca, a nivel institucional, la singularidad de la nación catalana.

    La alternativa federalista es la única capaz de articular un sistema institucional equilibrado, en el cual Cataluña forme parte de España sin renunciar en ningún caso a su identidad y a sus proyectos colectivos. Hablamos de utopías posibles, de grandes acuerdos posibles para llegar a un marco de entendimiento que evite la fractura social entre el pueblo catalán y el español. La unidad civil del pueblo de Cataluña es un bien muy preciado que los y las federalistas nos comprometemos a preservar y fortalecer.

    Vivimos tiempos de soberanías compartidas. Creemos en un proyecto de soberanía compartida entre Cataluña y España, y evidentemente también con Europa, porque somos y nos sentimos europeos y porque tenemos claro que los retos de Cataluña y España y su solución se encuentran en Europa. Es en el marco internacional donde vemos que los países más avanzados son estados federales: Alemania, Canadá y Estados Unidos. Lejos de ser un modelo anticuado, como algunos plantean, es un modelo plenamente vigente y operativo que da respuesta a realidades plurales diversas.

    LOS Y LAS SOCIALISTAS PROPONEMOS UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA HACER REALIDAD LA CATALUÑA PLENA EN UNA ESPAÑA FEDERAL.

    Queremos reformar la Constitución y transformar las estructuras del actual Estado de las Autonomías en las de un Estado Federal a través del diálogo y la negociación entre las fuerzas políticas españolas y catalanas.

    Ante la encrucijada histórica en la que nos encontramos, y frente a una derecha española recentralizadora, buscaremos la alianza entre el catalanismo de izquierdas y el socialismo español para que vuelva a ser un elemento central de este diálogo, negociación y acuerdo para hacer avanzar en democracia y libertad a nuestro pueblo; como ya sucedió con los Estatuts de Núria, de Sau y con el de 2006, y como pasó con la Constitución de 1931 y la de 1978.

    Federalismo significa alianza entre personas libres, basado en la lógica democrática, de articulación de la complejidad, de apuesta por la participación y la deliberación, de lealtad institucional.

    El federalismo es para nosotros un principio de organización social que refleja la aspiración de conjugar la libertad con la solidaridad, que considera la diversidad como una riqueza y fomenta el pluralismo. Un modelo de estado y sociedad basado en la convivencia, la igualdad dentro de una sociedad compleja y un país plural, un proyecto de unión desde la libertad y el autogobierno donde todos los ciudadanos y todas las ciudadanas ganan alguna cosa. Porque para los y las socialistas de Cataluña la construcción nacional ha sido históricamente inseparable de las libertades individuales y el progreso social. El pacto de convivencia sólo es posible por la vía de la convicción y de la voluntad, no por la vía de la imposición ni de la exclusión. El federalismo nos ofrece una manera de estructurar el territorio, pero con la finalidad última de ofrecer a la ciudadanía una vida mejor.

    Un federalismo integrador y horizontal, donde el centro de poder único se transforma en un reconocimiento de diferentes centros de poder, relacionados horizontalmente, no jerárquica o verticalmente, y trabajando en cooperación al servicio de la ciudadanía y desde la proximidad.

    Pero también creemos que el Federalismo nos permite a la vez realizar la profundización y regeneración democráticas que amplios sectores sociales reclaman y que España y Cataluña necesitan. Hablamos de un gran acuerdo donde se vuelvan a definir las bases de cuál es la España que queremos en el siglo XXI. Y de este modo volver a situar en el primer lugar de las prioridades políticas el programa social igualador que la Constitución Española de 1978 preveía y al cual aspiraba, y que nunca hemos conseguido plenamente. Por ello ahora es también el momento de llevar a cabo la reforma por la Federación, por la Democracia y por la Justicia Social.

    El Federalismo que proponemos, tal como hemos dicho, necesita de una reforma de la Constitución y debe desarrollarse bajo el sistema llamado de las cuatro R: el Reconocimiento, las Reglas, los Recursos y la Representación.

     • EL RECONOCIMIENTO
    La reforma que proponemos reconocerá a España como un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural, y garantizará el reconocimiento de la identidad nacional catalana, de su singularidad dentro de España, que tiene raíces históricas profundas y que se manifiesta especialmente en su lengua, su cultura, su derecho civil y sus instituciones de autogobierno. Cataluña es una nación de ciudadanos y ciudadanas de orígenes diversos, unidos por la voluntad de construir un futuro en común.

     • LAS REGLAS
    La reforma constitucional que proponemos contendrá reglas claras que delimitarán con precisión los espacios competenciales entre el Estado federal y las naciones o comunidades.
    En el caso de Cataluña, la Generalitat podrá desarrollar las políticas públicas que tiene encomendadas procurando la máxima proximidad, eficiencia y eficacia, y evitando duplicidades e innecesarias interferencias del gobierno federal.

    Por esto, la nueva Constitución recogerá tres tipos de competencias:
    1. Las competencias del Gobierno español: la defensa, la representación exterior, la subscripción de tratados internacionales, la protección civil del territorio en caso de desastres o problemas que van más allá de los límites de un territorio, o una parte de la fiscalidad para el mantenimiento del presupuesto federal, entre otras.
    2. Las competencias que serían exclusivas de las naciones federadas, como es el caso de Cataluña, en un marco de derechos básicos: por ejemplo la educación o la sanidad, la vivienda, la lengua y la cultura, el derecho civil, la justicia, la seguridad, etc.
    3. Las competencias compartidas, que deberían ser las menos posibles. Siguiendo las técnicas del federalismo dual, las competencias concurrentes, aquellas en las cuales los dos gobiernos tienen la posibilidad de regular la misma materia, serían las menos posibles y se suprimiría la legislación básica. Así, si la Generalitat tiene la competencia en educación, en cultura o en sanidad, el gobierno federal no podrá interferir.


    • LA REPRESENTACIÓN

    Queremos que la nueva Constitución que proponemos los y las socialistas reforme plenamente el Senado; hace falta un Senado federal con presencia de los gobiernos de las naciones o territorios federados. Tal como está configurada hoy, esta cámara es inoperante y redundante, ya que no funciona como cámara de representación territorial que debería ser.

    Por esto, proponemos la creación de un Senado federal con presencia de los gobiernos de las naciones o territorios federados, que deberá ser la cámara de primera lectura parlamentaria de todos los asuntos relacionados con los territorios federados y el espacio de pacto entre sus gobiernos. Una cámara que con este planteamiento tendrá menos miembros.

    A través del Senado reformado, las naciones o territorios participarán de la política legislativa general. En las competencias exclusivas, el Senado federal establecerá las leyes de cooperación horizontal que hagan falta y las naciones federadas podrán ostentar la representación de la Federación a nivel europeo e internacional.

    LOS RECURSOS

    La propuesta de reforma constitucional incluye también un federalismo fiscal basado en los principios de suficiencia, justicia y solidaridad, que nos permite alcanzar un trato económico justo para Cataluña. Un modelo que garantice unos ingresos suficientes para hacer frente a las responsabilidades derivadas de nuestras competencias y los servicios que presta la Generalitat. Nuestra propuesta apuesta por una Agencia Tributaria de la Generalitat de Catalunya con participación del gobierno federal, que se hará cargo de todos los impuestos que pagamos los catalanes y las catalanas. De esta manera dispondrá de la capacidad normativa y responsabilidad fiscal, capacidad de fijar y modificar todos los impuestos que le sean atribuidos en función de la distribución que se acuerde con el conjunto del Estado Español, teniendo en cuenta también las competencias de la Unión Europea.

    Hablamos de federalismo porque es el modelo de Estado que Cataluña necesita y porque nuestra sociedad consigue más igualdad, libertad y solidaridad. Por esto, el pacto fiscal también contiene el principio de solidaridad entre los distintos territorios, pero éste debe garantizar que lo que pagan los catalanes y las catalanas al conjunto del Estado federal, así como lo que pagan el resto de sus naciones o territorios, sea transparente. Queremos un sistema en el cual los catalanes sepamos a qué se destinan los recursos que aportamos de manera transparente.

    Hay que establecer los mecanismos adecuados con tal de garantizar que Cataluña no pierda capacidad fiscal una vez efectuada su contribución a la solidaridad, respetando escrupulosamente el principio de ordinalidad. Ahora bien, el objetivo es que el sistema funcione y que la solidaridad cada vez sea menos necesaria porque los territorios de todo el Estado Español se vayan nivelando.

    Para los socialistas catalanes y las socialistas catalanas el principio de solidaridad va íntimamente ligado al principio de ordinalidad y su cumplimiento debe estar garantizado en la misma medida, antes y después de aplicar los mecanismos de solidaridad y nivelación. En base a este principio, si Cataluña es el tercer territorio en aportaciones al conjunto del Estado federado, es necesario que también sea el tercer territorio en recepción de recursos por habitante.


    UN REFERÉNDUM PARA QUE LOS CATALANES Y LAS CATALANAS DECIDAN

    La prioridad del PSC será en la próxima etapa política la reforma constitucional para avanzar en la construcción de un Estado federal. Una prioridad que tiene todo el sentido desde la defensa del principio democrático del derecho a decidir y del principio de legalidad. Ambos forman parte inseparable de un Estado democrático y de derecho, de un sistema de libertades y derechos garantizados.

    Queremos reafirmar en este programa electoral el compromiso que el Grupo Parlamentario Socialista logró en el Parlament de Catalunya ante los ciudadanos en el último debate de política general.

    Así, los y las socialistas...
    Constatamos que la manifestación multitudinaria y cívica celebrada en la Diada de este año mostró claramente un malestar creciente con respecto a las relaciones entre Cataluña y España, un malestar que ya se expresó con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut votado por los catalanes en 2006, y que se ha visto agravado por la crisis económica y por los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno del Estado.

    Constatamos que el actual Gobierno del Estado, lejos de abordar este creciente malestar, ha emprendido una ofensiva recentralizadora que ha sido considerada inconstitucional en reiteradas ocasiones por el Consell de Garanties Estatutàries, al vulnerar las competencias de la Generalitat de Catalunya y los derechos de la ciudadanía.

    Manifestamos, en consecuencia, que es necesario proceder a una revisión en profundidad de las relaciones entre Cataluña y España en el marco europeo.

    Proclamamos la necesidad de impulsar la reforma de la Constitución para alcanzar un Estado federal que garantice el máximo autogobierno para Cataluña, nos asegure un trato fiscal justo y reconozca nuestra identidad y cultura nacionales en el marco del Estado Español y la Unión Europea, conscientes de que un sistema de soberanías compartidas es la mejor forma de gestionar las interdependencias existentes en la economía globalizada.

    Manifestamos nuestro convencimiento de que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña deberán decidir libremente sobre cualquier propuesta de cambio sustancial de las relaciones entre Cataluña y España, acordada entre las instituciones catalanas y españolas, a través de un referéndum en el que se plantee una pregunta clara a la que se deba responder de forma inequívoca, aceptando o rechazando el proyecto sometido a consulta.

    Nos comprometemos a promover las reformas necesarias para que los ciudadanos de Cataluña puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad.

     

    HACIA UNA EUROPA FEDERAL

    Cataluña necesita a la Unión Europea para su pleno desarrollo como país, para la salida de la crisis y para el desarrollo económico y social de la actual generación y de las futuras. Por ello, los y las socialistas no concebimos una Cataluña fuera de la Unión Europea, ni una Unión Europa sin Cataluña. En un mundo globalizado y de interdependencias políticas, económicas, financieras, etc., Europa es un espacio de gobernanza necesario para afrontar los retos globales que ya no pueden ser resueltos eficazmente por los gobiernos de los Estados. Y, en este contexto, estamos convencidos de que el modelo federal de soberanías compartidas es el mejor para gestionar el mundo que nos ha tocado vivir, y que es a nivel europeo donde debemos articular un modelo de bienestar eficaz, que será europeo o no será.

    Por ello, y conscientes de las interdependencias crecientes en un mundo globalizado, proponemos avanzar hacia una Europa Federal, una Unión política, económica, fiscal y social que dé respuesta a los problemas del conjunto de la ciudadanía europea y que aborde con eficacia los retos que Europa tiene por delante, en particular, la reactivación del crecimiento y la generación de empleo. Sin embargo, queremos que esta Europa se construya sobre la base de la legitimidad democrática y, por tanto, que la transferencia de soberanía al máximo nivel federal en pro de la eficacia se combine con mecanismos de control democrático, con un papel más importante del Parlamento Europeo (la institución que representa la soberanía popular), que debería controlar el conjunto de decisiones tomadas por las diferentes instituciones que terminan siendo determinantes para nuestro futuro (troika, BCE, Consejo Europeo, Ministerio de Finanzas del ECOFIN .. .). Por lo tanto, creemos prioritario fortalecer la Unión política al mismo tiempo que la democracia europea, ya que la Unión no puede seguir construyéndose de espaldas a la ciudadanía.

    En este sentido, el PSC promoverá también desde los diferentes ámbitos de representación parlamentaria, iniciativas para contribuir a impulsar este modelo de Europa: una Europa Federal que debe aportar soluciones en el actual contexto, que debe enderezar el rumbo de las sus políticas económicas, poniendo fin a las erróneas políticas de austeridad que están agravando la recesión y el desempleo en todas partes, y promoviendo políticas de y para el crecimiento sostenible, que aseguren un mínimo de inversión europea para reactivar la economía y el empleo. También, los y las socialistas contribuiremos a reforzar la democracia en el sistema de toma de decisiones comunitarias, porque estamos seguros de que sólo así, y recuperando el valor de la solidaridad que inspiró su nacimiento, la Unión Europea podrá volver a recuperar la legitimidad perdida.

    Los y las socialistas nos comprometemos a trabajar, desde nuestros ámbitos de representación parlamentaria, para asegurar la viabilidad y el mantenimiento del programa ERASMUS, uno de los programas comunitarios que más ha contribuido a fomentar la idea de Europa y de los más conocidos y valorados por la ciudadanía, y a continuar incidiendo en la necesidad de incrementar las becas de movilidad para hacerlas accesibles a un abanico más amplio de jóvenes.

    Para una mayor participación de Cataluña en la Unión Europea, los y las socialistas proponemos reforzar la participación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en las diferentes instituciones y organismos de la Unión Europea, profundizando en la participación de Cataluña en la conformación de la voluntad del Estado y, en particular, en el ámbito de las competencias exclusivas. En este sentido, consideramos necesario reformular las funciones de la Delegación del Gobierno ante la UE y mejorar su eficacia.

    Consideramos imprescindible trabajar para fortalecer la participación del Parlament de Catalunya en el proceso de toma de decisiones comunitario y, paralelamente, fomentar una relación continuada y directa entre el Parlament de Catalunya y el Parlamento Europeo, especialmente en políticas que afectan directamente a las competencias autonómicas.

    Propondremos la adopción de las iniciativas legislativas necesarias para que la legislación española reconozca la facultad del Parlament de Catalunya de intervenir en el proceso de control de la subsidiariedad previsto en el Tratado de Lisboa.

    Promoveremos la comparecencia parlamentaria de consellers y conselleres del gobierno de la Generalitat cuando participen en Consejos de Ministros de la Unión Europea, y la creación de comisiones parlamentarias mixtas entre los diputados del Parlament de Catalunya y los diputados catalanes en el Parlamento Europeo, así como con los diputados y los senadores catalanes de la Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso y el Senado.

    Igualmente, y de manera prioritaria, seguiremos impulsando el uso oficial del catalán en las distintas instituciones comunitarias, y sobre todo en aquéllas donde aún no está presente. En este sentido, trabajaremos especialmente para que se produzca la mayoría parlamentaria necesaria para desbloquear el uso del catalán en el Pleno del Parlamento Europeo, la máxima institución democrática de la Unión Europea, y para facilitar la interlocución y correspondencia en catalán entre la ciudadanía y las instituciones comunitarias.

    Fortaleciendo la capitalidad catalana en el Mediterráneo
    El espacio euromediterráneo es y seguirá siendo una prioridad para el PSC y, por este motivo, nos proponemos contribuir desde nuestros ámbitos de representación en la consolidación y profundización de la democracia en la región, así como al avance de los valores de la justicia, el progreso social, y el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

    Potenciaremos las posibilidades que ofrece la capitalidad de Barcelona, del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo (UpM), para hacer de Cataluña el eje del espacio euromediterráneo, y seguiremos impulsando la dimensión regional de la UpM a través de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM). Creemos también necesario fortalecer la Cámara de Comercio Euromediterránea, desplegando todas sus posibilidades.

    Contribuiremos a la mejora de la formación de la juventud de nuestro país, fomentando la cooperación con universidades y centros de investigación de los países mediterráneos, y promoviendo la especialización universitaria en las relaciones económicas, sociales y culturales entre las dos riberas del Mediterráneo. En este sentido, impulsaremos un programa concreto de intercambio y movilidad estudiantil en el espacio del Mediterráneo.

    Finalmente, consideramos imprescindible dinamizar el impulso de la Euroregión, impulsando la cooperación interregional en múltiples ámbitos: tecnología, educación, universidades, cultura, turismo y, muy especialmente, en infraestructuras, transportes y recursos naturales, y teniendo en cuenta sobre todo su dimensión social y ciudadana. Asimismo, continuaremos promoviendo la cooperación transfronteriza a través de instrumentos como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial.

     

    MUNDO LOCAL

    El PSC ha sido a lo largo de su historia un partido municipalista; 34 años de ayuntamientos democráticos nos avalan. En nuestros pueblos, villas y ciudades hemos desarrollado nuestros principios y valores basados en nuestro compromiso fundacional: la igualdad, la justicia y el progreso. Los ciudadanos y las ciudadanas han depositado su confianza elecciones tras elecciones revalidando su confianza y convencidos de que la opción socialista era la que mejor les podía representar y gestionar. Así, los Ayuntamientos han desarrollado una labor de construcción de nuestro país, de construcción del progreso en nuestras ciudades y nuestro objetivo ha sido siempre llevar la calidad de vida y la cohesión social a nuestros barrios.

    Pero la crisis económica está afectando a la mayoría de familias y los municipios no son ajenos a ello. Así vemos que la realidad de nuestros municipios es una elevadísima tasa de paro, los desahucios, la creciente exclusión social, la seguridad en la calle, barrios con índices elevados de personas recién llegadas…, vivimos una auténtica situación de emergencia. Además los recortes en servicios como la educación, la salud, los servicios sociales y de empleo de los gobiernos de derechas en Cataluña y España han agravado aún más la situación de miles de familias y han comprometido directamente la cohesión de los municipios. Todas estas cuestiones requieren soluciones y los ciudadanos esperan encontrar respuestas. Son los Ayuntamientos los que están dando respuesta a todas estas injustas situaciones, ya que las políticas que desarrollan tienen un impacto directo sobre las personas con las que conviven. Ahora mismo ejercen como frontera que impide que muchas personas caigan en el olvido y la exclusión social. Desde nuestros ayuntamientos continuaremos garantizando la calidad y equidad de los servicios que reciben los ciudadanos (con independencia de su lugar de residencia), velando por la cohesión social. Por esta razón, las competencias municipales y su financiación deben ser prioritarias.

    Son alarmantes también, sin duda, los anuncios del Gobierno del PP en los que cuestiona el papel de los ayuntamientos y su eficacia y eficiencia estableciendo planes de austeridad basados en la eliminación drástica del número de ayuntamientos, del número de concejales, de competencias y recursos. Porque detrás de todas estas medidas se encuentra la voluntad de la derecha de hacer de la política una actividad más selecta a la que sólo aquellos con una buena situación económica se puedan dedicar. Volvemos a la política de los privilegiados, no sólo adelgazan la administración, sino que también quieren adelgazar la política y, de paso, la democracia. El Estado debe asumir sus responsabilidades y no derivarlas a las entidades locales intentándolas desmantelar, porque ellas son en definitiva las garantes en estos momentos de crisis de la cohesión social en nuestros municipios.

    El descrédito hacia los políticos y la desafección política es un sentimiento que la mayoría de la sociedad ha desarrollado en los últimos años, desencadenando un efecto desmovilizador de nuestro electorado. También es cierto, sin embargo, que la mayoría de las veces el descrédito aumenta por la lejanía de los políticos hacia la ciudadanía, por eso la proximidad de los alcaldes y concejales con el ciudadano desdibujan este sentimiento, ya que se erigen como políticos al alcance de la ciudadanía.

    Es por este motivo que el mundo municipal debe dar un paso más y seguir haciendo bandera de la participación directa, de una política más transparente y representativa, políticos que rinden cuentas y que están al pie de la calle, en conexión directa con la ciudadanía.

     

    Más recursos financieros para evitar el cierre de servicios

    Los Ayuntamientos de Cataluña se encuentran en una situación financiera insostenible. El estado de las finanzas locales, ya de por sí precario, se ha visto agravado en los últimos años por la disminución de los ingresos propios, el descenso de la actividad económica, la disminución de las transferencias de recursos a los Ayuntamientos por parte del Estado y la deslealtad institucional de la Generalitat de Catalunya que les ha llevado a una auténtica asfixia económica. Los planes de austeridad impulsados por el Gobierno del Estado y de la Generalitat han limitado la autonomía local, lo cual tiene una traslación directa en el territorio y sobre todo en los servicios que prestan los ayuntamientos, que dedican todos sus esfuerzos a que no repercuta en la calidad de vida de los ciudadanos.

    El Govern de Catalunya debe actuar con lealtad hacia los ayuntamientos, y lo debe hacer con transparencia y evitando cualquier desequilibrio en el territorio. Creemos firmemente que los ayuntamientos deben estar en pie de igualdad institucional con el resto de niveles de gobierno con los que conviven y con los que comparten destinatarios de sus actuaciones.

    Por ello aplicaremos el principio de suficiencia financiera con respecto al ámbito de todos los servicios a las personas que actualmente están prestando desde los ayuntamientos: las guarderías, las becas comedor, los servicios sociales, la vivienda, consorcios sanitarios, deportes, cultura etc. Servicios esenciales que hay que preservar.
    En estos dos años, el gobierno de CiU sólo ha constituido un grupo de expertos que elaboró un documento de líneas maestras en las que se debía fundamentar la nueva Ley de Gobiernos Locales. Un documento que aún no es público y cuyo anteproyecto de Ley todavía esperamos.

    Además, el gobierno de la Generalitat ha incumplido de forma sistemática y unilateral, los convenios y los acuerdos firmados con los ayuntamientos relativos a las guarderías, escuelas de música, plan de barrios, inmigración, renta mínima de inserción, ayudas a las familias, promoción económica...

    Ante esta inacción, nosotros proponemos: 

    Eliminaremos duplicidades de gasto en servicios, en primer lugar mediante la coordinación de estrategias en materias en las que todas las administraciones actúan (promoción económica, empleo, etc.) y fomentaremos la colaboración interadministrativa.

    Promoveremos una modificación de la regulación de las elecciones locales para que los ciudadanos puedan elegir directamente a su alcalde o su alcaldesa y su diputado o diputada provincial.

    Promoveremos una ley en el Parlament de Catalunya que regule el Fondo de Cooperación Local a partir de los ingresos tributarios de la Generalitat, de carácter incondicionado, que tenga en cuenta la capacidad fiscal y las necesidades de gasto de los gobiernos locales, así como las singularidades de los territorios.
    Seguiremos incrementando el Fondo de Cooperación Local y el Plan Único de Obras y Servicios por encima de la media de incremento del presupuesto de los ayuntamientos, trabajando para mejorar la financiación del gasto corriente estos.

    A través de la Administración Abierta haremos que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de todos los municipios puedan realizar todos los trámites por vía electrónica.
    La singularidad aranesa

    Impulsaremos un nuevo estatus diferenciado para la Val d’Aran, territorio con carácter nacional y realidad singular reconocida por el Estatut con identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística, a través de una nueva Ley de régimen especial y un mejor marco de financiación para garantizar la autonomía y el ejercicio correcto de las competencias del Conselh Generau d’Aran al servicio del progreso y el bienestar de su ciudadanía, respetando su voluntad de proyectar el autogobierno hacia el futuro.

    Desplegaremos la Ley del occitano, aranès en el Aran, aprobada en 2010 por el Parlament y promovida por el gobierno del President Montilla, para desarrollar la cooficialidad del aranès, lengua propia del Aran y oficial también en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el Estatut.

    JUSTICIA

    Queremos una justicia más cercana, más eficaz y más eficiente. En los dos últimos años la justicia ha dado pasos atrás agigantados.

    El verdadero esfuerzo de modernización que reclama la ciudadanía radica en mejorar de manera profunda los aspectos de organización y gestión que permiten resolver los conflictos de manera justa y en tiempo razonable. Por eso hablamos de una justicia sobre el terreno (proximidad territorial, pero también y sobre todo, proximidad a las personas y problemas de un territorio, barrio, distrito etc.), que debe actuar con celeridad en la resolución de los conflictos y hacerlo con nuevos operadores, métodos e instrumentos de gestión de los conflictos más flexibles y que implican a las partes en la propia resolución, como la mediación, la conciliación o el arbitraje, que atiende tanto al infractor como a la víctima y que pone el acento en la restauración, la reparación, así como en la prevención.

    En estos dos años, ya se ha ido hacia atrás. Desde el recorte del 5% en los módulos del turno de oficio (siendo este un servicio que precisamente en tiempos de crisis habría que reforzar) al incremento de tasas judiciales, que hacen que en Cataluña sea más caro acceder a la justicia, el cese de las inversiones en equipamientos judiciales, el cierre de centros de Justicia Juvenil, o el aplazamiento de la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

    Pero la legislatura se podrá recordar también por la reforma del Libro III del Código Civil, para eliminar los controles que debían limitar a las fundaciones y asociaciones que pudieran desviar el cumplimiento de sus fines fundacionales, unos controles que hicimos instaurar los y las socialistas para evitar que se repitiera un Caso ‘Palau’ en Cataluña.
    Garantizar sin obstáculos los derechos de acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva.

    Los ciudadanos saben que una Justicia eficaz es la que resuelve los conflictos de manera justa y en tiempo razonable. Esto requiere una organización y administración moderna y un personal calificado técnica y humanamente. En el ámbito de las competencias de Cataluña y para alcanzar este objetivo trabajaremos en los siguientes aspectos:


    En lo que afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas…

    ... mejoraremos el servicio de justicia gratuita tanto en relación a los usuarios como en relación a los letrados que lo prestan y para recuperar una gestión más ágil de los recursos y retribuciones entendiendo que la justicia gratuita constituye la garantía básica del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
    ... potenciaremos el apoyo a la Justicia de Paz, arrinconada en este último mandato, para facilitar sus tareas y reforzar sus capacidades para resolver los conflictos menores, conscientes del papel indispensable que esta justicia representa para tejer una red de seguridad jurídica en todo el territorio.
    En lo que atañe a la organización y administración del servicio público de la Justicia...
    ... desarrollaremos hasta su implementación plena la conocida como "nueva oficina judicial", para ganar en eficacia, cosa que no es una opción sino una obligación.
    ... continuaremos el proceso de implementación de las TIC -que ya iniciamos nosotros- y la oficina sin papeles en el ámbito judicial para facilitar la gestión de la administración de justicia, el trabajo de los operadores jurídicos y reducir los tiempos de las actuaciones judiciales.

    Habrá también que aportar nuestro trabajo para modernizar el acceso a la carrera judicial y determinar el perfil y competencias que requiere la función de juez actualmente.

    Una política de prevención de la delincuencia y por una política penitenciaria social.
    Una política de prevención de la delincuencia no es, ni puede ser, una política de modificaciones y endurecimiento continuo del Código Penal porque ésta es una política abocada al fracaso. Son otras y un conjunto de políticas activas y contundentes las que pueden y deben servir para prevenirla y evitarla y que requieren del trabajo coordinado de instituciones y servicios, de agentes y de personal especializado.

    La idea de prevención y de reinserción es particularmente importante en el ámbito de la justicia juvenil, muy maltratada por el actual gobierno que quiere ignorar las graves consecuencias para los menores pero también para la sociedad del abandono y dificultad del trabajo de tratamiento personalizado de los menores.
    Dado que asumimos la competencia en política penitenciaria no podemos ahora abandonarla. Seguimos pensando que es una política social imprescindible, tanto para el penado como para la sociedad, ya que son más rentables las estrategias de inserción y reinserción que su contrario.

    Por ello reduciremos la masificación de nuestras prisiones abriendo el Centro Penitenciario de Puig de les Basses (Figueres) que permitirá la incorporación de 120 nuevos trabajadores que hasta ahora no han podido incorporarse a sus puestos de trabajo en este centro penitenciario.

    En la política de Justicia juvenil pondremos el acento en la prevención, el trabajo en medio abierto y la recuperación del menor infractor, y sobre todo en los tratamientos personalizados y la proximidad de los menores a sus familias y entorno. Evitaremos una masificación de los menores que impida su tratamiento a los efectos de la rehabilitación y reinserción perseguida.

    Apoyaremos el trabajo del personal, tanto penitenciario como personal educador, perfectamente dotado y capacitado, que resulta imprescindible para realizar una tarea solvente rehabilitadora. Lucharemos contra la multireincidencia coordinando a administraciones y agentes implicados optimizando los recursos ahora mismo ya disponibles.
    Recuperaremos y dotaremos de credibilidad a las Medidas Penales alternativas y los trabajos en beneficio de la comunidad como instrumentos de resocialización.

    CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

    Entendemos la seguridad como un factor indispensable de libertad, como una garantía de la protección individual así como de las libertades colectivas. Defendemos una seguridad para todos: nadie debe quedar privado del derecho a estar y sentirse seguro. Por eso la seguridad se debe configurar como un servicio público y es necesario que la administración garantice su provisión.

    Estos años vividos convertirán en una mala referencia política y de gestión
    Desgraciadamente en esta legislatura hemos asistido a una deriva del concepto de seguridad ciudadana, atentando a los derechos básicos de la ciudadanía. Un buen ejemplo es la resurrección de los somatenes, una institución del siglo XVIII excluida durante la transición, en la que los particulares se organizan para dotarse de seguridad de manera privada. Esta ha sido una práctica habitual en las Tierras de Lleida y totalmente fomentada por el Gobierno de CiU a pesar de los riesgos físicos que conlleva. Volvemos a la concepción privada de seguridad, en la que cada uno vela individualmente por él y por sus bienes. Por eso los y las socialistas reivindicamos que las políticas de seguridad son parte inseparable del Estado de Bienestar, en tanto que indispensables para la calidad de vida individual y colectiva, para la capacidad de vivir en libertad y para la el ejercicio de la plena ciudadanía.

    Todos tenemos en la memoria los gravísimos errores del Departament d’Interior: el desalojo de Plaça Catalunya, el acceso en helicóptero al Parlament, el operativo en la Ciudad de la Justicia, las detenciones de la huelga general. Otro gran error inicial fue suprimir el Programa contra la violencia de género: no se puede demostrar la correlación, pero las muertes se han disparado.

    Se ha producido también una pésima gestión de todo el personal relacionado con el Departament d’Interior. Por ejemplo, se ha detenido el proceso de crecimiento del número global de efectivos de Mossos d'Esquadra. Pero todos los colectivos, mossos, bomberos voluntarios, bomberos profesionales y voluntarios de protección civil han expresado su malestar y la poca voluntad de diálogo de la Conselleria. Y es así porque los recortes han tenido un fuerte impacto tanto en los medios técnicos como en los recursos humanos. La mayoría de parques voluntarios de Bomberos de Cataluña están en peligro de cierre.

    Finalmente, cabe recordar la nefasta gestión de la limitación de velocidad en los accesos a Barcelona, un incremento del 50% de las sanciones y limitación de velocidad más restrictiva. Y lamentar el repunte de las muertes en carretera este último año en algunos espacios del territorio.


    Nuestro modelo de seguridad
    El modelo de seguridad de los y las socialistas está basado en la prevención, en aquellas actuaciones de anticipación que pretenden de forma específica reducir o canalizar positivamente la conflictividad social, que está en el origen de las agresiones entre las personas y sus bienes públicos y privados, y que genera inseguridad ciudadana. La prevención es imprescindible para articular las políticas de cohesión social y territorial con las específicas de seguridad y protección ciudadana.

    Defendemos una concepción de la seguridad basada en la promoción de valores y actitudes cívicas: tolerancia, respeto, solidaridad y participación, entre otros. Desde el socialismo defendemos un modelo en el que la inclusión social incorpora el respeto por la diferencia, al tiempo que trabaja por la igualdad de oportunidades. Esta concepción de la seguridad basada en la tolerancia y que incorpora el respeto por la diferencia, debe ser decididamente beligerante contra actitudes xenófobas.

    El espacio público en nuestras ciudades, villas y pueblos, es un factor generador de seguridad y de bienestar social. La configuración y el diseño de este espacio público condicionan las dinámicas y grados de convivencia y de seguridad. El modelo urbanístico de ciudad mediterránea, multifuncional, con un espacio público diverso, es un modelo de ciudad socialmente inclusiva. Para avanzar en estos objetivos, la formación y el trabajo de mediadores y educadores especializados en el fomento de hábitos de buen uso y cívicos de los espacios públicos -atendiendo a la diversidad de hábitos existentes- puede contribuir a una mejor convivencia y a fortalecer la percepción ciudadana de seguridad. 

    A nivel de los planteamientos estratégicos de promoción de la seguridad...
    ... propondremos un pacto con el mundo local, las federaciones de comerciantes y otros empresarios y las asociaciones de vecinos, para la convivencia y seguridad. Un pacto que será una acción integrada en el territorio, en la prevención, la acción policial y el modelo de servicio a desarrollar. Igualmente impulsaremos un Plan Nacional para la mejora de la seguridad ciudadana en los pequeños municipios, con la premisa clara de que la seguridad no puede quedar en manos y responsabilidad de los ciudadanos. Hay muchos instrumentos a desplegar antes que éstos.

    Y a nivel de recursos, nos comprometemos a pactar con los representantes de los cuerpos una mejora progresiva de los recursos materiales, individuales y del Cuerpo, para hacer frente en buenas condiciones a todas las emergencias a las que diariamente tienen que hacer frente.

    Más concretamente, creemos que se hace necesario aprobar un Plan Director de Bomberos que valore las necesidades de organización del Cuerpo, la interrelación entre los bomberos voluntarios y profesionales, y que oriente una nueva Ley de Extinción y Prevención de Incendios.


    Protección civil e incendios
    Es necesario establecer una potente política de protección civil y emergencias para prevenir y afrontar con éxito la acción coordinada de todas las Administraciones. Los recortes han incidido en las políticas de prevención de incendios, los bomberos lo alertaban en el mes de febrero y el resultado ha sido que en los últimos meses se han quemado más hectáreas que en los siete años de gobierno de progreso. Por eso continuaremos apostando por la mejora de la planificación y capacitación de los servicios públicos ante emergencias y catástrofes; es necesario, entre otras estrategias, profesionalizar más la protección civil y apostar por la coordinación operativa de la protección civil de las emergencias.

    Debemos considerar los municipios como el lugar donde se produce la primera y básica respuesta ante una situación de riesgo para la población, facilitándoles las herramientas y promoviendo la participación necesaria para una óptima acción coordinada, cosa que ahora ha quedado claro que es así. Asimismo, hay que garantizar y dinamizar la participación ciudadana en las tareas de protección civil también mediante las asociaciones de voluntarios (territoriales o especializadas).

    Una sociedad laica

    Los y las socialistas creemos que hay que iniciar un debate social en torno a la idea de laicidad de la esfera pública. Entendemos que este es un camino para fortalecer la convivencia (no la simple coexistencia) en la diversidad, que es uno de los retos a los que se enfrenta Cataluña como lo hace desde hace tiempo buena parte de Europa. No se trata, dejémoslo claro, de iniciar ningún debate relativo a la negación de la religión, que forma sin discusión parte de los derechos esenciales de las personas y que merece especial protección.

    Este gran debate por la laicidad debe contar con la participación activa del conjunto de la ciudadanía: asociaciones cívicas y entidades religiosas, partidos políticos, agentes sociales, comunidad educativa, mundo académico, medios de comunicación, etc.

    Queremos que desde la reflexión sobre la laicidad, se vertebre una sociedad en la que las ideas de progreso y la emancipación de la persona no deriven de ningún credo, sino de la creación de un espacio público común a todos. El laicismo forma parte del intento de encontrar un marco de convivencia y referencia para la mayoría de seres humanos, que esté basado en la argumentación racional y en la aceptación de la necesidad que tiene la persona de autogobernarse la propia vida, también a través de la religión si lo desea. A través de la laicidad defendemos valores como el antidogmatismo, la tolerancia, el pluralismo, la diferencia, el racionalismo o los

    Derechos Humanos.

    Los y las socialistas queremos mantener un diálogo constante con todas las confesiones religiosas, asumiendo que la católica es muy ampliamente mayoritaria y que es inseparable de la cultura y la historia del país. Pero identificamos también que muchas personas viven el hecho religioso desde una cierta distancia con las jerarquías confesionales, y que muchas otras son ajenas al hecho religioso. Partiendo de esta lectura, creemos que el debate sobre la laicidad puede constituir una base para la integración y la convivencia de todas las visiones sobre la religión y sus hechos sociales y culturales asociados, que puede ayudar a la necesidad que tienen todas las personas de comprender su entorno y sentirlo como un hecho positivo, en una visión de la sociedad que ofrezca más certezas y en definitiva más sensación de seguridad.

  • 2 Reactivación económica, crecimiento y empleo

    Acuerdo Estratégico de país para la reactivación económica y el empleo. Soluciones específicas para los jóvenes y los parados de larga duración

    Acuerdo Estratégico de país para la reactivación económica y el empleo. Soluciones específicas para los jóvenes y los parados de larga duración

    La reactivación económica, el crecimiento y el fomento del empleo deben ser las máximas prioridades del próximo gobierno de la Generalitat. Porque, desgraciadamente, los dos años de gobierno de CiU en esta materia han sido dos años perdidos o, lo que es peor, dos años de aplicación de recetas lesivas para el potencial de crecimiento de nuestro país y para la capacidad de crear puestos de trabajo.

    En efecto, Cataluña está objetivamente peor que hace dos años: hay más personas en paro (hoy son más de 840.000 según la EPA) con un incremento de más de un 22% en sólo siete trimestres, con una media de 250 nuevas personas desempleadas cada día. Al mismo tiempo, hay un 7% menos de personas ocupadas. Entre la población más joven, la situación es aún más grave, y muchos de ellos optan por no buscar trabajo y dejar de ser activos. El tejido empresarial ha vuelto más frágil y nuestra base industrial se ha hecho más pequeña. No se han puesto en marcha proyectos tractores más allá de presentaciones de inversiones en el sector turístico-inmobiliario-recreativo, dejando en evidencia que el gobierno de CiU no está sabiendo aprovechar y dinamizar todas las grandes potencialidades que ofrece el país.

    Sabemos y somos conscientes de que la situación actual se debe, en parte, a las consecuencias de la crisis económica mundial, de origen financiero, que desde hace cinco años ha tenido graves efectos en la mayor parte de sociedades occidentales, con especial dramatismo en los países del sur de Europa. Pero si alguien esgrime la dimensión global de la crisis para disculparse o enmascarar la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno estará faltando a la verdad al obviar que estos tienen una capacidad de actuación con efectos directos en la evolución y en el impacto de la crisis en el bienestar de las personas.

    Por eso los y las socialistas de Cataluña queremos impulsar una estrategia en tres niveles, europeo, español y catalán, para la reactivación económica, para el crecimiento sostenible y para el empleo. Sólo volviendo a poner el crecimiento en el centro de la estrategia económica acabaremos con el lastre social y económico que supone el paro. Es el crecimiento -y no la visión dogmática de la austeridad que nos impone la derecha europea, española y catalana- lo que nos debe permitir aumentar los ingresos y dar así credibilidad a los esfuerzos de consolidación fiscal. El propio Fondo Monetario Internacional acaba de rectificar su anterior posición dogmática, reconociendo que la austeridad tal como se ha llevado a cabo ha generado una espiral negativa de déficit y deuda, y que hay que apostar por una austeridad sobre los que pueden aguantarla, y políticas de crecimiento. Un crecimiento que, siguiendo la estrategia Europa 2020, debe ser integrador, sostenible e inteligente. La austeridad no es un ejercicio contable, es un ejercicio político, es una elección política, y no sirve si no se hace con un reparto equitativo de los esfuerzos y con un horizonte creíble de recuperación económica, de apuesta por nuestro país.

    Desde el pacto y la concertación, los y las socialistas queremos impulsar una actuación que suponga un empujón real para la reactivación económica y el empleo, y con medidas complementarias para cada uno de los tres niveles.


    UNA AGENDA REFORMISTA PARA EUROPA ORIENTADA AL CRECIMIENTO, LA INTEGRACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL.

    En Europa existe una alternativa a la actual estrategia basada en una concepción dogmática y simplista de la reducción del déficit público para hacer frente a la crisis económica y financiera. Una alternativa que hace compatible la inevitable reestructuración del gasto público con las políticas de crecimiento sostenible y reactivación económica que deben permitir generar empleo.

    Impulsaremos a través de la acción exterior del Govern de la Generalitat en Europa y a través de los organismos europeos en los que participa (Comité de las Regiones, Euroregión, Cuatro Motores de Europa,...) -y ante el Gobierno del Estado-, una transición europea hacia estructuras políticas y financieras que permitan un gobierno económico federal. No podemos asumir, como repetidamente lo ha hecho Artur Mas, que no tenemos influencia en las decisiones europeas. Europa somos todos y la opinión y el trabajo político de todos debe contar. En este sentido, lo que entendemos como totalmente necesario alcanzar es:

    UNA AGENDA REFORMISTA EN ESPAÑA ORIENTADA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA COHESIÓN SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE BIENESTAR

    En España existe una alternativa a la actual estrategia dogmática de reducción del déficit público para hacer frente a la crisis económica y financiera, que propone reformas orientadas a la mejora de nuestra competitividad, la aceleración de la reactivación económica, la lucha contra el paro y que garantiza nuestros servicios de bienestar, fomentando que pague más quien más tiene.

    Así pues, proponemos realizar y/o negociar con el Gobierno del Estado la siguiente Agenda de Reformas, para propiciar las condiciones económicas y sociales necesarias para salir de la crisis: 

    UN GRAN PACTO CONTRA LA CRISIS EN CATALUÑA

    Los datos son mucho más que preocupantes. En Cataluña, el gobierno de CiU ha roto con el modelo de concertación y diálogo social de los gobiernos de izquierdas, que habíamos hecho del Acuerdo Estratégico el instrumento clave para la concreción de políticas en torno a una estrategia de país dialogada y consensuada. Y esta ruptura se ha producido cuando se hace más necesario el diálogo con los agentes sociales, en el marco de un difícil proceso de consolidación fiscal para reducir el déficit causado por la recesión económica y cuando es más necesario trabajar para reforzar la confianza entre los agentes.

    Los y las socialistas creemos que sólo con diálogo, concertación y pactos podremos alcanzar compromisos que, en tiempos de crisis, implican reformas y ajustes. Ahora más que nunca, los y las socialistas reivindicamos el pacto y la concertación como elemento esencial para una distribución justa y equitativa de los costes de la crisis.

    Así, el crecimiento económico de Cataluña dependerá, a medio plazo, de factores como el grado de competencia en los mercados, los recursos humanos y el conocimiento, la disponibilidad de financiación empresarial suficiente, un sistema fiscal eficiente y equitativo, o de la calidad de las infraestructuras (transportes, comunicaciones, etc.). Pero al mismo tiempo hay que tener presente que la cohesión social y el nivel y calidad de vida de las personas son, no sólo valores y prioridades fundamentales en nuestro ideario, sino también factores de competitividad esenciales. El papel de la administración de la Generalitat en todos estos campos es crucial y por ello plantearemos la actuación en un conjunto de líneas prioritarias, que se describen en las siguientes páginas.

     

    LA CREACIÓN DE EMPLEO, EL CENTRO DE NUESTRAS POLÍTICAS

    En Cataluña hay más de 840.000 personas en paro según la EPA. El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se han presentado en Catalunya de enero a mayo de este año ha aumentado un 84%, hasta 2.826, afectando a un total de 40.659 trabajadores, casi un 90% más que en el mismo periodo de 2011. Muchos trabajadores viven en la incertidumbre debido a la precariedad de su situación laboral, agravada por la última reforma laboral aprobada por PP y CiU, que dinamita el pacto social y desequilibra gravemente las relaciones laborales en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras.

    Pero además, en Cataluña, los retrasos y cancelaciones de programas de apoyo a las personas en paro por parte del gobierno de CiU han sido constantes y la innovación en materia de nuevos programas ha sido pobre, saldándose con un evidente y rotundo fracaso.

    Por eso los y las socialistas queremos volver a situar el empleo en el centro de nuestra actuación política. Es preciso por tanto, crear las condiciones óptimas para que se vuelva a crear empleo. Hay que invertir en formación, investigación e innovación. Hay que reforzar el espíritu y capacidad emprendedora como vía de creación de empleo, especialmente entre los y las más jóvenes. Hay que afrontar con urgencia el grave problema del paro juvenil, y hay que tratar con especial atención a los colectivos más desfavorecidos, para que nadie quede excluido de la oportunidad de tener un puesto de trabajo.

    Para evitar al máximo la destrucción de puestos de trabajo existentes...
    ... crearemos una unidad de acción rápida en procesos de reestructuración de empresas en Cataluña, que haga seguimiento personalizado de todas las empresas que presenten ERE y presente alternativas que faciliten su viabilidad, para tratar de evitar la desaparición del negocio, y busque nuevos socios o analice la reconversión del negocio por otro, y fomente la reempresa.

    Para redinamizar los territorios, municipios o barrios más afectados por la desaparición de empresas y de base industrial, y con mayor índice de paro...
    ... impulsaremos un Fondo de Acción Territorial para trabajar en proyectos concretos (con el tejido empresarial e institucional) de dinamización económica y laboral de las zonas afectadas.

    Garantizaremos el derecho de toda persona en edad de trabajar a disponer de un asesoramiento y acompañamiento personal, un apoyo en la transición hacia el empleo, mediante políticas activas de empleo. Todos estos derechos los haremos efectivos mediante unos servicios de empleo públicos fuertes, de calidad y gratuitos, y que asuman los instrumentos, y estén coordinando el resto de agentes públicos y privados. Trabajaremos también para garantizar más recursos procedentes de Europa para luchar contra el paro (Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y otros de nueva creación)
    Y como medida directa para los colectivos con más dificultad para encontrar trabajo...

    Y para que todas las personas que quieren trabajar, más allá de sus capacidades funcionales, tengan oportunidades, estableceremos una nueva estrategia para la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo para los colectivos con más dificultades. Mantendremos el modelo catalán de trabajo protegido y de participación del Tercer Sector Social en la formación e inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables.

    Recursos y servicios para las personas que trabajan

    Para las personas que están trabajando, que también deben ser objeto de interés y de protección de la administración...
    ... crearemos la "tarjeta de vida laboral", accesible por Internet, que integrará servicios e información laboral de cada persona, herramienta básica para diseñar un plan de carrera profesional.
    ... impulsaremos la transferencia completa de los fondos de formación dedicados prioritariamente a las personas ocupadas en Cataluña, así como la gestión del programa de bonificaciones a la contratación estable y a la formación continua bonificada para las empresas, como fórmula para aumentar la eficacia, la eficiencia y el uso que las empresas instaladas en Cataluña dan a este fondo.

    Además de todas estas líneas de actuación, nos comprometemos con la Tolerancia Cero hacia los accidentes de trabajo. Seguiremos apostando por la Salud y la Seguridad en el Trabajo como elemento inequívoco de competitividad de las empresas. Así, promoveremos una Ley Catalana de Seguridad y Salud Laboral que fije y ordene las actuaciones y las intervenciones en materia de seguridad, salud laboral y prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de Cataluña.


    REFORZAR NUESTRA BASE INDUSTRIAL

    Para los y las socialistas de Cataluña, la política industrial debe seguir siendo uno de los ejes centrales de las políticas económicas en el próximo período. La industria forma parte de la historia de Cataluña: nos ha otorgado potencial económico, proyección y riqueza como país y como sociedad. Es el sector que aporta más valor, genera empleo de mayor calidad y permite que Cataluña sea una economía abierta y exportadora. La industria deberá modernizarse y adaptarse al nuevo ciclo económico, ser aún más competitiva, y desde las administraciones se deberá velar por que el cambio sea posible y sostenible en el tiempo. Tenemos que "poner toda la carne en el asador" para recuperar el tejido industrial destruido por la crisis.

    Defendemos una política industrial compatible con la competencia, horizontal y no dirigida a proteger empresas concretas. Por eso defendemos la implementación de políticas que incentiven la incorporación de tecnología, la innovación, y la formación del capital humano. Desde los poderes públicos se deberá favorecer un ecosistema que profundice en el cambio tecnológico y en el fomento de la innovación productiva necesaria para posicionarnos adecuadamente en las nuevas condiciones de competencia internacional. Incidiremos en la mejora de las calificaciones, los resultados de la formación profesional y de la relación entre la formación universitaria y el tejido productivo; en transferencia de tecnología, en spin-off y licencias aún tenemos mucho camino por recorrer.

    Desarrollaremos también nuevos programas de política industrial. La crisis y el proceso de destrucción de empleo y de empresas, así como los procesos de transformación del tejido productivo, nos obligarán a poner en el centro la política industrial para recuperar la masa crítica. Cataluña debe seguir siendo una economía industrial. Pero de una nueva industria, que se adapta a las condiciones de la competencia globalizada, que innova, que se internacionaliza, que gana dimensión.

    Por ello son necesarias políticas de estímulo fiscal y de inversión pública. Se trata de políticas que sólo son posibles en un entorno de confianza y de corresponsabilidad con todos los agentes productivos. Por eso el mejor marco para esta nueva política industrial es el nuevo "Acuerdo Estratégico para la reactivación económica y el empleo".

    La nueva política industrial debe poder dotarse de más recursos para su posición central en la agenda política, y de nuevos instrumentos: de centros de excelencia de formación profesional concertados con los agentes económicos y sociales; de coordinación de los recursos formativos existentes en cada sector; de vehículos de inversión y de capital; de instrumentos publicoprivados de desarrollo de nuevas actividades industriales en torno a la I+D+i; de nuevas políticas de atracción de inversiones industriales complementadas con políticas orientadas a la atracción de talento; de políticas de compra pública que incentiven la actividad industrial; de políticas de concertación y colaboración pública que permitan anticipar tendencias y prevenir procesos de transformación y de desindustrialización; de políticas territoriales de desarrollo industrial; de nuevos instrumentos de política sectorial, a la vez que reforzamos los ya existentes y exitosos; de auténticas políticas de promoción exterior de la realidad industrial de Cataluña; de acompañamiento de los procesos de internacionalización y dimensionamiento de las empresas.

    Una economía puntera en investigación e innovación

    Uno de los retos de las políticas de investigación e innovación en Cataluña es conectar la innovación con el tejido productivo catalán, por lo que es vital una política de I+D+i cercana a la empresa y la creación de un sistema de transferencia tecnológica potente que fomente la innovación abierta.

    La contribución del sector público logró que durante los primeros años de la crisis (2008-2010) se compensara la reducción de gasto del sector privado en actividades de I+D, según los datos del INE. Pero la reducción prevista del gasto público en I+D, tanto por parte de la Administración de la Generalitat como de la Administración central del Estado, hace temer por la continuidad del conjunto de actividades de la ciencia, la investigación y la innovación en Cataluña, que en términos generales tiene un nivel alto de calidad objetiva, y que en muchos casos está compitiendo al máximo nivel mundial. No podemos dejar que la situación presupuestaria general dañe un tejido del conocimiento que ha costado años construir y que ha sido elogiado por muchos organismos internacionales. Por lo tanto... 

    El rol del Estado es clave para soportar las grandes infraestructuras y centros

    Por otra parte, aparte del compromiso del gobierno de Cataluña, es clave el compromiso del Gobierno del Estado. Negociaremos con el Gobierno del Estado las bases del «Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación" para garantizar que la (muy desafortunada) reducción de un 25% del presupuesto estatal no afecte a las grandes infraestructuras y/o plataformas científico-tecnológicas singulares de Cataluña.
    De manera singular, velaremos por el apoyo del Estado al Barcelona Supercomputing Center en el despliegue de la iniciativa europea PRACE, que debe hacer de este centro uno de los cinco mejores de Europa de manera permanente, y también por la continuidad de los centros del CISC, los fondos estructurales y competitivos del Instituto Carlos III en los centros de investigación biomédica de Cataluña, de la contratación de diferentes tipologías de investigadores en Cataluña estableciendo instrumentos de retención del talento investigador joven y la financiación de los programas principales del IRTA, como motor del sector agroalimentario.

    Instrumentos para una investigación de máxima calidad

    Los criterios de asignación de los recursos deben ser un estímulo permanente a la calidad. La transparencia y la evaluación son clave. Estableceremos en todos los organismos dependientes de la Generalitat nuevos criterios de transparencia en la asignación de recursos vía convocatorias de concurrencia y en la evaluación final de los proyectos financiados.

    Y para estimular la captación y retención de talento, trabajaremos conjuntamente con los actores del sistema, para hacer más potentes y atractivos los programas de incorporación de investigadores de máximo nivel. Reforzaremos las figuras de contratación existentes, como los ICREA, dotándolas de más recursos y de mayor alcance; promoveremos nuevas vías de contratación más flexibles. Al mismo tiempo crearemos y definiremos una carrera investigadora digna de este nombre (y lo afirmamos desde la conciencia de que hace años que se dice y nunca nadie lo ha hecho), que contemple desde el acceso hasta el ejercicio profesional, y que entre otras cuestiones, haga posible mejorar las condiciones laborales de los becarios de investigación que trabajan en el sistema universitario y de investigación del país.
    Es necesario a la vez apuntalar el mapa de espacios de la investigación, que no tiene todavía consolidado su futuro. Presentaremos un Plan de impulso, financiación y sostenibilidad 2013-2020 de los Parques Científicos y Tecnológicos y Campus de Excelencia Internacional de Cataluña, que se convierta en un instrumento óptimo para las sinergias entre universidad y empresa y para el desarrollo territorial y social y, de manera especial, para fijar una solución financiera al retorno de los créditos llamados «parquetazos».

    Del sistema de investigación al sistema de innovación (¡la asignatura pendiente!)

    Cataluña cuenta según los parámetros de referencia, con una investigación de buena calidad, incluso excelente en algunos ámbitos. También cuenta con un empresariado generalmente dinámico y con vocación de crecimiento y mejora. Pero la fluidez de los intercambios entre un ámbito y otro es aún mejorable. Para lograrlo, no se puede fiar todo a una única medida, es necesaria una gran multiplicidad de posibilidades que permita a cada proyecto encontrar su palanca.

    En la que concierne a las universidades y los centros de investigación, teniendo en cuenta su autonomía, apoyaremos específicamente las estructuras de las que disponen para la valorización, protección y comercialización de los resultados de la investigación. Al mismo tiempo, promoveremos que el sistema de investigación catalán impulse un banco de ideas creativas, respetando la propiedad intelectual. 

    En la vertiente de internacionalización de los productos de nuestro sistema de I+D+i, crearemos un Programa de Partenariado Global para la Comercialización de la I+D+i catalana por todo el mundo con el objetivo de facilitar a las empresas y centros de investigación catalanes una red internacional de clientes que potencien sus actividades de I+D+i en nuestro territorio.

    Proyectos concretos, proyectos tractores

    Se necesitan también grandes proyectos tractores que permitan activar todos los instrumentos, sin que ello signifique que sólo pueden haber unos determinados proyectos, pues el sistema debe generar dinámicas en red y no jerárquicas. Por lo menos, creemos que los siguientes proyectos, por su transversalidad, involucrarán a una gran parte del sistema de investigación existente y a empresas y nuevos emprendedores que quieran crear proyectos de negocio centrados en la innovación.

    Las TIC, recurso fundamental para una Cataluña de la I+D+i

    Por supuesto, la condición para la puesta en marcha de proyectos que involucren y vertebren todo un ecosistema de la investigación y la innovación debe contar con dos elementos que lo hagan posible: una red de telecomunicaciones de alta capacidad y un sector TIC orientado a proyectos de innovación, que quiera participar de las oportunidades, porque prácticamente ningún proyecto de innovación se puede hacer sin recurso a las TIC. Por eso...

    ... los y las socialistas apostamos decididamente por lograr que en los próximos 4-6 años todos los polígonos de Cataluña tengan acceso a la Red a 100Mbps mínimo.
    ... y aseguraremos por un lado la formación de buenos profesionales titulados universitarios y de la FP, y por otro velaremos por que las condiciones de mercado (en un entorno muy condicionado por las compras de la Generalitat y sus nuevos contratos marco) permitan la viabilidad de empresas de todos los tamaños y no sólo de las grandes empresas a las que el Gobierno de CiU ha adjudicado grandes contratos de larga duración.


    UN SISTEMA FINANCIERO COMPROMETIDO CON LA ECONOMÍA REAL Y CON LA SOCIEDAD

    La desregulación financiera y la falta de una adecuada supervisión han sido causas de la crisis. Los y las socialistas defendemos que el sistema financiero debe estar al servicio de la sociedad y no a la inversa. Al servicio de las familias y de las empresas. Por ello proponemos acciones coordinadas a nivel internacional y especialmente a nivel europeo para alcanzar una regulación financiera internacional más estricta.

    Hemos comprobado en los últimos años la importancia de tener un sistema financiero estable y saneado. Cuando éste se colapsa, la función crediticia se ve dañada, afectando tanto a los proyectos de inversión de las empresas como a los proyectos vitales de las familias. Bajo esta premisa se está produciendo un proceso de reestructuración del sistema, que los y las socialistas exigimos se culmine con la máxima urgencia y con transparencia, para que éste vuelva a ser la fuente del crédito por la reactivación de la economía.

    Una vez finalizado el proceso de reestructuración del sistema, los y las socialistas promoveremos que el Congreso de los Diputados apruebe la creación un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras, similar al que se ha establecido en países como Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal o Austria, entre otros. De este modo, las entidades financieras -que, en tanto que 'sistémicas' han estado recibiendo fondos públicos para su saneamiento- contribuirán con un esfuerzo adicional a la reactivación económica.

    Hay que reforzar los controles al funcionamiento y control de las entidades, estableciendo sanciones para las malas prácticas. Hay que implementar medidas para proporcionar más protección a los inversores y más cultura financiera a la ciudadanía.

    ¿La durísima reforma financiera del PP conducirá a que las entidades financieras finalmente actúen en pro de las personas y las empresas?

    Porque ésta debería ser la única razón de ser de la reforma. Los y las socialistas trabajaremos para tener un sistema financiero sólido en Cataluña comprometido con las necesidades de crédito de las familias y de las empresas. Nuestra posición pública será instar al Gobierno del Estado a hacer uso del fondo de rescate europeo para recapitalizar el sistema financiero español de forma rápida y eficiente; exigiendo que las entidades financieras privadas beneficiadas por el uso de este fondo de rescate, canalicen la liquidez hacia empresas y consumidores en forma de créditos con condiciones de retorno y precios asumibles.

    Al mismo tiempo, trabajaremos para reducir el endeudamiento y el sobreendeudamiento de las familias y los pequeños empresarios, a través de fórmulas que permitan renegociar las deudas y minimizar las consecuencias de los impagos y también trabajaremos a nivel de Cataluña para el correcto funcionamiento del "banco malo" y la gestión que haga de los activos adquiridos a las entidades financieras. Y, finalmente, promoveremos un código de buena práctica específico que mejore la protección de las familias en riesgo de desahucio ante la eventual falta de sentido social y humano de las entidades en la ejecución hipotecaria.

    En cuanto al futuro de la Obra Social, nos preocuparemos especialmente que el proceso de absorción de las cajas catalanas por entidades privadas, previamente adquiridas con dinero público y por debajo de las condiciones de mercado, mantengan los recursos y las prioridades de acción territorial originales de la Obra Social de las Cajas absorbidas.
    Las participaciones preferentes, una pesadilla para muchas familias catalanas.


    APOSTAR POR EL EMPRENDEDORÍA, LA CREATIVIDAD Y LAS PYMES

    El potencial de crecimiento de Cataluña depende de la capacidad de convertir ideas innovadoras en proyectos empresariales que puedan competir globalmente y con potencial de crecimiento. Para ello es necesario estimular la motivación para emprender dentro y fuera de las organizaciones. Hay que recuperar la atracción por el riesgo, la capacidad de tener ideas y ponerlas en práctica. Debemos poner en valor el emprendimiento sobre todo, pero también a aquella persona creativa que hace de su proyecto una actividad, que puede ser o no ser lucrativa.

    Hay que fomentar un entorno en el que se desvincule la decisión de ser emprendedor de la riqueza y red de contactos personal de quien toma la decisión de emprender. Los mercados financieros en general y las instituciones especializadas de capital de riesgo, en particular, son los principales mecanismos para conseguir esta desvinculación.

    Acercar la financiación a la idea de negocio

    Promoveremos más instrumentos y fondos públicos para los emprendedores con especial énfasis en las mujeres y los jóvenes, y también proyectos innovadores para personas emprendedoras y empresas con proyectos de futuro que no encuentran financiación en el sector privado, en toda su cadena de valor, desde las garantías y los avales, pasando por el capital riesgo o el apoyo a los business angels y los programas de investment readiness para ayudar y asesorar a los emprendedores a encontrar capital creando una red de apoyo a la innovación y el emprendedoría.

    Aprobaremos en los primeros meses de gobierno un plan que apueste decididamente por los emprendedores y autónomos de nueva generación, con la introducción de beneficios fiscales y cuotas a la Seguridad Social, de forma que constituyan un incentivo para su puesta en marcha.

    Queremos posicionar a Cataluña como uno de los mejores emplazamientos para los emprendedores, reduciendo al mínimo los tiempos de respuesta de los instrumentos públicos a sus demandas sobre sus proyectos de inversión. Reforzaremos la red Inicia, y trataremos de ampliar la red de inversores privados y business angels, así como la creación de líneas de apoyo para atraer y facilitar la implantación de emprendedores en espacios como los parques científicos y tecnológicos.

    Incremento de la cultura del emprendedoría a toda la sociedad
    Promoveremos el espíritu emprendedor, mediante la oferta transversal de créditos formativos relacionados con el emprendedoría en la enseñanza superior, incentivando los necesarios vínculos de colaboración con las empresas, y poniendo en marcha conjuntamente con las universidades un Programa para el estímulo de la emprendedoría, de las spin-off y para el desarrollo de patentes. Haremos también un plan para la Cultura Emprendedora en Cataluña para difundirla en los centros de educación primaria, secundaria y de formación profesional, como prioridad estratégica.

    Emprendimiento como semilla de cohesión social y reactivación de los barrios con más paro

    Muchas personas tienen buenas ideas para muchos pequeños negocios o actividades pero no son capaces de transformarlas en proyecto de empresa, por falta de formación y de contactos. Queremos movilizar a las asociaciones que trabajan contra la exclusión, las fundaciones de las entidades financieras, los ayuntamientos y otros en la creación y dotación de un fondo para el impulso de los proyectos de autoempleo y pequeña empresa en los barrios con mayores problemáticas sociales (a menudo incluidos en el Plan de Barrios).

    Al mismo tiempo, crearemos dentro de la Red Inicia mecanismos y servicios de apoyo y orientación a personas autónomas y microempresas para acompañarlas en su reconversión.

    Daremos también apoyo a una nueva corriente emprendedora, la del emprendedor social, centrado en las personas y en el bien común, con formas nuevas de gestión empresarial, para hacer frente a nuevos retos y demandas sociales, incidiendo en el valor colectivo de la iniciativa empresarial.


    UNA ECONOMÍA CATALANA ABIERTA AL MUNDO

    La globalización ha supuesto que las crisis financiera, ecológica o energética, nazcan fuera de nuestras fronteras y en cambio tengan una incidencia directa y palpable sobre el día a día de la ciudadanía catalana. En el siglo XXI, las relaciones exteriores de un país y de una sociedad se convierten en decisivas. Por ello, desde la conciencia del tamaño modesto en términos globales de la economía catalana, queremos jugar a fondo todas nuestras cartas. Esto no quiere decir renunciar a nuestra identidad, sino incorporar y tomarnos más en serio las identidades y los espacios que inexorablemente compartimos. Cataluña es hoy, y seguirá siendo en el futuro, un país interdependiente. Hemos aprendido en esta crisis que los países con más mercados exteriores han sido capaces de superar las dificultades con menor sufrimiento.

    En primer lugar, debemos ser conscientes de que contamos con un activo de primer nivel: Barcelona y su área urbana. Catalunya cuenta con la Barcelona metropolitana dentro de la red europea y mediterránea. Impulsar Barcelona es impulsar Cataluña, ya que tiene la masa crítica suficiente para tener voz en la industria, el conocimiento, la cultura, el deporte... y por tanto en la proyección internacional. Pero el impulso de la Barcelona metropolitana que Cataluña necesita también debe hacerse contando con la voluntad y el esfuerzo de proyección internacional del resto del país, su red de ciudades y pueblos, que participa, con nuestras ciudades medianas a la cabeza, en redes internacionales, especialmente europeas.

    En segundo lugar, debemos ser capaces de introducir la dimensión europea y la lógica institucional de la Unión en el núcleo de nuestras preocupaciones. No sólo por interés en atraer a los máximos recursos para Cataluña, o para defender como corresponde nuestra lengua, sino también para influir en las decisiones generales que se toman en las instituciones europeas, que también son las nuestras.

    Cataluña es un país de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas industriales, que compiten en entornos globales. Nuestras empresas han sabido internacionalizarse en el pasado y, por ello, Cataluña goza de un nivel de apertura al exterior bastante elevado. La internacionalización, como la actividad de I+D+i, ya no son patrimonio exclusivo de las grandes empresas, pero muchas PYME catalanas aún no aprovechan todas las oportunidades que un mundo global facilita debido a la falta de recursos y posibilidades para acceder a todos los mercados.

    Creemos que hay que continuar con más fuerza que nunca la construcción de la Euroregión: hemos estructurado la relación con nuestros vecinos para agrupar intereses y para incrementar nuestros intercambios. La creación de una región europea no es un proceso instantáneo, necesita sedimentar en cada uno de los territorios que la forman, mostrándose a sí misma como instrumento útil y al mismo tiempo respetuoso de la identidad propia de cada parte. Nos proponemos ser tenaces y añadir cada año más valor a la alianza que fundamenta la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, y los programas que lleva a cabo.

    Tener protagonismo en Europa y en el mundo se consigue con el impulso y la coordinación de toda la actividad exterior de las instituciones, empresas, entidades sociales y culturales, y el mundo académico. Vertebrando un sistema de personas y estructuras y definiendo objetivos compartidos, y transmitiendo una imagen de país dinámico e implicado en los asuntos internacionales.

    No hay que olvidar que el Mediterráneo es nuestro espacio geopolítico natural, y hay que dar pleno sentido e impulsar la proyección de Barcelona como sede de la Unión por el Mediterráneo, que quiere vertebrar la cooperación entre las dos orillas. No podemos esperar que se resuelvan los problemas en Oriente Próximo para ejercer la capitalidad y promover la colaboración económica y social en este espacio.

    Estructuras favorecedoras de la exportación para empresas de todos los sectores y todos los tamaños

    Abriremos una Línea de Atención a la PYME que quiere captar mercados exteriores, con asesoramiento práctico que le permita determinar sus mejores mercados objetivo e iniciar los cambios organizativos que supone empezar a ser empresa exportadora. Este programa deberá promover la cooperación empresarial dentro de los sectores, para poder ganar prestigio global de marca y capacidad de penetración en los mercados.

    Asignaremos a Acc1ó el encargo de detectar concursos y licitaciones de organismos públicos y privados de grandes obras en otros países o para el emplazamiento de iniciativas y proyectos de alcance internacional, con el fin de presentar propuestas desde Cataluña, siempre que sea posible.

    Desarrollaremos relaciones bilaterales y multilaterales con los países y entornos de todo el mundo para compartir conocimiento, desarrollar redes y plataformas comunes y promover empresas catalanas verdaderamente multinacionales. Pediremos incrementar la actividad de relaciones internacionales de todas las instituciones, las universidades y las empresas. E impulsaremos la creación, negociando con el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de España, de una Oficina de Desarrollo de proyectos ligados a la capitalidad mediterránea de Barcelona.

    Finalmente, para mejorar la formación y habilidades de las personas, queremos extender en los currículos el ámbito del comercio internacional. Al mismo tiempo habrá que hacer un salto adelante en la formación en lengua inglesa, conscientes de que el uso y dominio de esta lengua se ha convertido en una competencia profesional indispensable en un número elevado de sectores.


    ENERGÍA SUFICIENTE, SEGURA, LIMPIA Y MOTOR DE DESARROLLO

    Los y las socialistas defendemos un modelo energético sostenible y que pueda convertirse en un vector de innovación, empleo, riqueza y sostenibilidad para el conjunto de la sociedad y como dinamizador de la competitividad de una nueva industria del ahorro, de la eficiencia energética y de las energías renovables, pero también de transformación de sectores maduros.

    Toda política energética debe ir acompañada de una verdadera política industrial, tecnológica y de innovación para el sector energético para aprovechar las enormes oportunidades económicas asociadas al sector. A la vez, determinadas tecnologías energéticas pueden condicionar sectores tan relevantes en Cataluña como el de la automoción, por este motivo es necesaria una apuesta firme por la I+D+i, la formación de capital humano calificado, la atracción de inversiones relacionadas con la energía, una demanda sofisticada sobre todo por parte de las administraciones, el impulso de clústeres, el dimensionamiento y la internacionalización de las empresas del sector, el apoyo a las nuevas empresas en sectores como los de los servicios energéticos o las renovables que son actividades emergentes en todo el mundo.

    Apostamos por una Cataluña líder en España y el sur de Europa en la incorporación de la sostenibilidad como uno de los vectores principales de nuestro modelo de crecimiento económico. Desde hace tiempo las sociedades más avanzadas incorporan el concepto de la sostenibilidad en los parámetros que definen sus estrategias económicas, sociales y culturales. Defendemos que Cataluña se ponga al frente, con una visión propia de nuestro proyecto: la sostenibilidad como un valor positivo, creativo y constructivo. Opuesto al uso de aquellos que todo lo frenan en nombre de la sostenibilidad ambiental, los que entienden sostenibilidad como la excusa para paralizar, prohibir, negar o desincentivar.

    Pero el Gobierno de CiU ha perdido un año y medio en la elaboración de un nuevo Plan de Energía y Cambio Climático que no incorpora las nuevas reflexiones que se producen a nivel europeo, prisioneros de los intereses de las grandes corporaciones energéticas y de la política del PP en este campo, frenando el desarrollo de las energías renovables y de la cogeneración que se ha demostrado que hasta hoy ha implicado un alto nivel de ahorro y eficiencia energética. Estamos perdiendo oportunidades en términos industriales, de inversiones, de investigación y de deslocalización de actividad, de ocupación. El país no se puede permitir la renuncia al liderazgo tecnológico en un sector claramente exportador. Por eso planteamos una agenda de propuestas especialmente ambiciosa en este campo.


    Producción de energía en Cataluña: de la nuclear a la renovable

    Desde el Gobierno apoyaremos todas las energías renovables sin excepción (eólica, biomasa, solar fotovoltaica, solar térmica, etc.) Y sin limitación. Es indispensable sin embargo que el Gobierno del PP modifique su política energética, que ha detenido el desarrollo de las renovables en España. En Cataluña redinamizaremos el programa de creación de Zonas de Desarrollo Prioritario de energía eólica, trabajando para superar los obstáculos jurídicos que han surgido. Por su valor al abrir un camino que puede aportar muchos beneficios, apoyaremos el proyecto Zèfir de eólica marina, velando por las compatibilidades con las aves propias de aquellos espacios. Velaremos por que las infraestructuras se hagan con el máximo equilibrio y consenso territorial y el menor impacto ambiental.

    Acercaremos la energía y tejeremos complicidades hacia las personas y el territorio, promoveremos iniciativas piloto de generación distribuida. Potenciaremos la autoproducción energética, en el ámbito de las energías renovables, como herramienta de reducción de la dependencia energética y de reducción de las necesidades de transporte de energía de gran alcance. Nos comprometemos con la construcción y puesta en funcionamiento de nuevos grupos de ciclo combinado, previstos en el Plan de la Energía de Cataluña. Participamos del consenso sobre el rol que durante los próximos decenios debe jugar el gas en la producción energética.

    La eficiencia energética, instrumento transversal de desarrollo económico

    Los y las socialistas queremos elevar la política energética al máximo nivel estratégico del Gobierno. Cataluña no tiene suficientes recursos propios y tiene que importar energía, con la carga por el coste creciente que ello supone. Aparte de reaccionar haciendo crecer la parte de producción de energías renovables, hay que hacer como país un esfuerzo de primer orden en eficiencia energética. Consumir menos haciendo más. La ventaja es que este esfuerzo general puede poner en marcha un círculo virtuoso económico que podría compensar suficiente y muy rápidamente las inversiones iniciales para la reconversión de redes de activos, etc. Cataluña dispone de empresas industriales bien posicionadas en el ámbito de la maquinaria, la electrónica, las TIC, etc., empresas de servicios y actividades de I+D que pueden convertirse en un referente en el campo de la eficiencia energética si figuramos entre los pioneros en poner en marcha este proceso a gran escala.

    Haremos de la administración pública un dinamizador económico de este nuevo sector: planteamos renovar 400 edificios públicos de la Generalitat con programas de ahorro y eficiencia energética y un plan para disponer de 40MW en potencia fotovoltaica en los tejados, abierto a la colaboración y participación de los municipios catalanes. Igualmente apoyaremos la comercialización de productos de alta eficiencia energética y bajo consumo en los equipamientos domésticos y promoveremos que sea identificable en todos los productos el grado de eficiencia energética que tienen.


    Seguir trabajando en la construcción de una red de distribución segura

    Velaremos para asegurar la garantía y la calidad de suministro a los consumidores domésticos e industriales, a la altura de los estándares de los países más desarrollados y avanzaremos hacia un modelo regulador sólido y estable. Garantizaremos la calidad y suficiencia de las infraestructuras de transporte y distribución, y el buen estado y el mantenimiento de las instalaciones. Desplegaremos las competencias en la actividad de distribución eléctrica que recoge el Estatut d’Autonomía de Catalunya para llegar a obtener capacidad en la fijación de la retribución.

    Y en cuanto a la distribución en el mundo rural, los planes de electrificación y gasificación rural favorecerán las potencialidades de desarrollo territorial, especialmente mediante proyectos basados en fuentes de energía renovable en emplazamientos aislados.

    Una política energética más justa y equitativa

    La pobreza energética es un fenómeno antiguo que hoy se hace más acuciante. Desarrollaremos un programa de bienestar socioenergético que fomente los mecanismos para garantizar las necesidades básicas energéticas en los sectores de la sociedad económicamente más desfavorecidos. Es necesario crear mecanismos de relación entre los incentivos actuales de política energética con los de bienestar. Impulsaremos la implementación de verdaderas "soluciones sociales" por parte de las compañías operadoras y el Gobierno, dirigidas a las personas con mayores dificultades, por consumos por debajo de un tope.

     

    TRANSFORMANDO LOS SECTORES PRODUCTIVOS

    Nuestra base productiva la forman la industria, servicios como el turismo, y en muchos municipios también la agricultura y la ganadería. Debemos preservar, haciéndolos más competitivos, estos ámbitos de liderazgo, en los que podremos mantener, y en algunos casos recuperar, empleo. Un empleo de calidad, con salarios adecuados y con futuro. Debemos contar con el turismo, la automoción, la química, el sector agroalimentario, la farmacia... y todos los sectores industriales tradicionales de nuestra economía en los que todavía podamos ser competitivos a medio plazo, porque por ellos somos conocidos y reputados, y porque hay más garantías de éxito. No queremos que los sectores maduros se conviertan en sectores caducos.

    Pero es hora de arriesgar. Hay muchos ámbitos de la economía catalana que llaman a la puerta, sectores con empresas pequeñas y medianas ya existentes y competitivas a las que tenemos que hacer crecer para que puedan asumir proyectos de mayor alcance y generen abundantes nuevos puestos de trabajo. Son sectores como la cultura y el audiovisual, la biomedicina, las TIC, la energía. Y para cada uno de estos sectores debemos tener proyectos grandes, identificables, que actúen de motor de tracción y que sirvan de referencias colectivas para emerger de la crisis.

    Tenemos empresas que empiezan a despuntar internacionalmente, en nuevos campos. Nos proponemos aprovechar este potencial para generar nuevos grandes sectores económicos de Cataluña: la cultura y lo audiovisual, el sector bio, la química-farmacéutica avanzada, el sector energía, las TIC ... son todos ellos ámbitos que con una buena estrategia de país pueden crecer.

    Pondremos en marcha programas que coordinen la expansión de estos sectores para poder absorber trabajadores expulsados de otros sectores que ya no volverán al nivel de ocupación del pasado, un posicionamiento que ganaremos también con la apuesta por sectores innovadores y anticíclicos como los asociados directa o indirectamente a los servicios sanitarios.

    Potenciaremos la creatividad y el riesgo como elemento clave en el mundo del diseño y la moda, teniendo en cuenta la transversalidad del sector que abarca la economía y la cultura situando a Cataluña y a Barcelona en la capitalidad del diseño, de la moda y la tendencia en Europa.

    Multiplicaremos el apoyo financiero, la disponibilidad de suelo, la formación de trabajadores, los recursos para la I+D+i, el apoyo a la expansión en nuevos mercados para que cada uno de nuestros sectores principales vuelva a poder ejercer plenamente de motor de nuestra economía. Queremos alcanzar, entre todos y todas, retos de primera magnitud.


    EL SECTOR AGROALIMENTARIO HA AGUANTADO, Y PUEDE CRECER MÁS

    El sector agroalimentario catalán es uno de los motores de la economía de Cataluña, con una facturación de más de 18.000 M€/año y uno de los sectores que puede ayudar al país a salir de la crisis. La población en el mundo sigue creciendo, y la demanda mundial de alimentos se incrementa un 15% cada año. Este es un hecho muy positivo para el sector que amplía las posibilidades de internacionalización y promoción de los productos catalanes.

    Queremos además destacar el papel clave de la agricultura y la ganadería como garantes de nuestro territorio, de nuestro paisaje, de la biodiversidad y de las oportunidades que nos ofrece en la mitigación del efecto invernadero, sin perder de vista su primer objetivo que es el suministro de alimentos buenos, sanos y seguros a la población.

    Cerca de la sociedad catalana

    Queremos elaborar con los representantes del sector una hoja de ruta creíble. Será el Plan Estratégico Nacional de Apoyo a la Agricultura y la Alimentación (PENSAA). Aún así reconocemos la vigencia del resto de la Resolución 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el mundo agrario (14/04/2010) y completaremos las medidas que se recogían adecuándolas a la nueva situación social, económica y de país que también afecta al sector agroalimentario.

    Será objetivo de este plan y tarea política de los y las socialistas reforzar la imagen del sector agrario de Cataluña y de su agroindustria ante la ciudadanía, por el valor estratégico de país y por el valor para el consumidor: alta calidad y seguridad alimentarias. Es necesario que esta tarea de reconocimiento del sector comience en las escuelas, también -sobre todo- las de las zonas urbanas. El Plan también marcará proyectos conjuntos con el sector de la restauración y con los sectores turísticos, para promover la Dieta Mediterránea, pues la suma de todos añade valor y competitividad a todos.

    Elaboraremos y aprobaremos también el Plan Marco de Cooperativismo Agrario de Cataluña como herramienta esencial para fortalecer el cooperativismo, vertebrar el sector agropecuario y consolidar la agroindustria vinculada al territorio. El cooperativismo catalán es y debe ser una de las grandes fortalezas y herramientas de progreso del sector.

    Exigiremos a la vez al gobierno español que retome la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible con el fin de mejorar la economía de las zonas rurales, y la diversificación de las actividades económicas con especial énfasis en los sectores agroalimentarios y la calidad de vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas.

    El objetivo principal: la mejora de las rentas de los productores

    Más allá de figuras necesarias, como son estos planes, creemos que el gran objetivo de la legislatura debe ser que los productores dejen de ser los perjudicados en el reparto de los beneficios del precio final que el consumidor paga, y que para lograrlo hay que emprender una combinación de medidas.

    Una Política Agraria Común (PAC) que favorezca los productores catalanes

    En época de definición y negociación de la PAC, elaboraremos un estudio de impacto económico para profundizar en el conocimiento sobre el impacto de las políticas agrarias de la UE, y decidir cuál es el mejor modelo de regionalización para Cataluña. Con esta base trabajaremos para lograr una PAC fuerte que sea favorable a los intereses y necesidades del sector agrario catalán.


    Sectores productivos emergentes

    Ayudaremos y potenciaremos a los sectores productivos emergentes que demuestran sus buenas expectativas, como es el de la producción ecológica, que preserva el medio ambiente, manteniendo o aumentando la fertilidad del suelo y proporcionando alimentos con todas sus propiedades naturales. Se trata de un sector que crece a pesar de la crisis, que no sufre pérdidas y al que cada vez los índices le son más favorables.

    En este sentido, elaboraremos un nuevo Plan de acción para la alimentación y la agricultura ecológicas, dado el buen resultado del PAE 2008-2012 que tenía como objetivo prioritario fomentar la producción y el consumo de estos alimentos y reforzó el liderazgo catalán dentro del Estado español en el ámbito de este tipo de producción.

    Potenciaremos en su conjunto todos aquellos sistemas de producción de alimentos de calidad que empleen métodos respetuosos con el medio ambiente y que sean sostenibles como es también la producción integrada.

    Ganar calidad en todos los procesos que rodean la actividad

    Apostaremos de forma decidida por la I+D+i y por la formación, especialmente en las maneras de hacer llegar sus beneficios a las explotaciones, para que ganen eficiencia y productividad. Esta es la mejor receta para lograr un sector de excelencia y un incremento de ganancias para el productor.

    También creemos que queda mucho por hacer en ofrecer asesoramientos personalizados a los productores respecto de las tendencias del mercado y por lo tanto orientar sus decisiones respecto de qué variedades producir. Es importante fomentar la internacionalización de la actividad: estamos convencidos de que hay todavía muchas oportunidades en la exportación.

    Igualmente queremos completar los procesos de simplificación documental iniciados por nosotros en 2006 y que son una mejora contrastada, largamente esperada, y que hay que culminar. Y también, daremos mucha importancia a la centralización de los procesos de inspección y control en un único organismo, sin duplicidades que generan desorientación.


    UN SECTOR TURÍSTICO DIVERSO Y SOSTENIBLE

    Los y las socialistas planteamos una política turística sostenible, diversificada, transversal, generadora de empleo y riqueza económica y social en todo el territorio, basada en la calidad de los recursos y servicios turísticos así como en una potente e innovadora promoción internacional de Cataluña y de sus marcas turísticas. Cataluña debe saber aprovechar el hecho de ser el primer destino turístico en España, cuando España se encuentra entre las tres primeras destinaciones turísticas internacionales más importantes. Además, Barcelona es un destino turístico urbano situado entre los cinco más escogidos a nivel internacional. El potencial turístico de Cataluña está relacionado con nuestro estilo de vida, el clima, la calidad de las playas y los paisajes, el patrimonio cultural, la gastronomía, etc. También es muy importante el turismo relacionado con los negocios, donde destaca especialmente Barcelona.

    El turismo de costa es un sector maduro que compite con otros destinos del Mediterráneo, y que requiere dinamismo permanente y nuevas inversiones para mantener su atractivo. En tiempos de crisis de los presupuestos municipales, abriremos una línea extraordinaria y temporal para ayudar en los gastos de mantenimiento de la calidad urbana y de servicios de los municipios turísticos.

    Planteamos iniciar también una manera de trabajar más horizontal con el sector turístico, que forman los operadores (alojamiento, agencias, ocio) y las instituciones territoriales. Queremos contar con el empresariado de los diferentes productos turísticos y segmentos de mercado para coordinar las acciones a medio y largo plazo. Por ejemplo el calendario de ferias, congresos y los planes de promoción turística deben ser y serán operaciones plenamente coordinadas.

    Nuestro modelo tradicional de playa se refuerza mucho y lo combinamos con sostenibilidad, patrimonio natural, cultura, los entornos emblemáticos, fiestas tradicionales, gastronomía, enología, el turismo deportivo y las experiencias de corta duración. Actualizaremos el Plan Estratégico de Turismo de Cataluña hacia esta combinación de objetivos y recursos.

    Acordaremos urgentemente, con el resto de administraciones implicadas, el Plan de Inversiones para los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, y su financiación. Garantizaremos que estos Juegos sean un elemento de promoción y mejora a medio y largo plazo para Tarragona como ciudad y de la Costa Dorada como destino turístico.

    Estaremos dispuestos a consolidar la oferta de vuelos y destinos a las infraestructuras aeroportuarias del país, y la llegada de cruceros al máximo de puertos, como factor fundamental para el desarrollo del sector turístico del ocio y los negocios.

    UN COMERCIO COMPETITIVO Y ARRAIGADO LOS BARRIOS

    El comercio es un sector importante para su contribución al empleo, a la producción, porque dibuja el perfil de nuestras ciudades y los determinantes para la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Como socialistas defendemos un modelo comercial que genera vida en nuestras calles, ahorra una fractura entre nuestros barrios y promueve la integración del comercio con el resto de usos de nuestros pueblos y ciudades.

    Impulsaremos un comercio equilibrado en oferta y basado en el consumo responsable, la libertad de elección y la corresponsabilidad, situando a los consumidores en el centro de nuestras políticas. Dedicaremos los ingresos del Impuesto de Grandes Superficies a las políticas de fomento de la actividad comercial en todos los formatos, desde el comercio rural hasta los mercados municipales. Aquí incluimos acciones de desarrollo y fomento de la artesanía de Cataluña.

    Como nueva estructura potenciadora de la colaboración y cooperación, desarrollaremos las APEU (Áreas de Promoción de la Economía Urbana), nueva fórmula de espacios de participación privada y pública para dinamizar áreas urbanas al servicio del comercio, entre otros (también para áreas turísticas o de actividad económica).

    Desde el reconocimiento a la función social y urbana del pequeño comercio, trabajaremos por la compatibilidad y adaptación de los horarios comerciales a los nuevos usos del tiempo, a las nuevas necesidades de la ciudadanía, conociendo las realidades existentes de los países más avanzados y vinculados a los referentes turísticos y comerciales.

    Promoveremos la formación y las carreras profesionales en el sector, la responsabilidad social, el relevo generacional, el uso de nuevas tecnologías, la eficiencia energética.

    MÁS ECONOMÍA SOCIAL AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

    Hay que considerar el valor estratégico de la economía social en nuestro país. Es necesario desarrollar y fomentar una economía social y solidaria que es capaz de crear riqueza en un mercado global pero que se muestra especialmente eficiente en la creación de empleo de mayor calidad, que contribuye al desarrollo local y favorece la cohesión social. La economía social no configura un nuevo mercado sino que interviene en el mercado ordinario introduciendo el objetivo de la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y avanzar en el empoderamiento de las personas con riesgo de exclusión social.

    En primer lugar, como ya se ha dicho, crearemos, conjuntamente con las redes de iniciativa social y la obra social de las entidades financieras, un fondo de innovación y desarrollo social (FIDES), para impulsar y financiar los proyectos de formación, de autoempleo y de creación de pequeñas empresas en los barrios y las familias más afectados por la crisis.

    A nivel legislativo proponemos tres novedades. La reforma de la ley de cooperativas en primer lugar. Se trata de una forma societaria que queremos promover y hacer más competitiva, por sus valores intrínsecos pero a la vez por la capacidad que ha demostrado para mantener puestos de trabajo en tiempos de crisis. Dentro de las cooperativas, las Secciones de Crédito deben constituir un centro de interés específico para su actual problemática.
    Abordaremos también la mejora de la Ley de Empresas de Inserción, y propondremos un plan de consolidación, que refuerce su carácter empresarial, y las dote de ayudas específicas y de instrumentos que permitan su consorcio.
    Finalmente, promoveremos una Ley del Trabajo para personas con discapacidades o enfermedades mentales, que dé cobertura a sus derechos laborales, determine las condiciones que deben cumplir las empresas que ayudan a su presencia en el mercado laboral, y los tipos de ayudas que la administración debe poner al servicio del sector.

    A nivel de destino de recursos públicos, proponemos que la contratación pública incluya criterios sociales, éticos y ambientales, que con la aplicación de cláusulas sociales y mercados protegidos, valore también el beneficio social en la adjudicación de aquellos contratos, y garantice la presencia de las Empresas de Inserción y los CET en la gestión de servicios y/o el suministro de productos.

    Tal como desarrollamos en este programa en el capítulo de Cohesión Social, propondremos un nuevo modelo de Centros Especiales de Trabajo que recoja las necesidades de sostenibilidad del trabajo protegido y que facilite el encuentro y dinamización de todos los CET del país para incrementar sus capacidades de creación de empleo, sostenibilidad económica y adaptación a las realidades económi

  • 3 Una fiscalidad más justa

    Nueva tributación en Grandes Fortunas: impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio, incremento del IRPF para rentas superiores a 1 Millón de euros.

    Nueva tributación en Grandes Fortunas: impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio, incremento del IRPF para rentas superiores a 1 Millón de euros.

    Todos los datos que se van conociendo indican que, en este tiempo de crisis, el resultado del modelo fiscal en vigor es que las rentas del capital están teniendo una tributación inferior a las del trabajo, de media. Un dato que contrasta con un modelo social que valore la actividad de las personas más que lo que las personas han heredado o acumulado.
    Al mismo tiempo, uno de los últimos informes del Fondo Monetario Internacional nos decía que los efectos de las consolidaciones fiscales sobre la economía no eran tan lesivos cuando los reequilibrios se basaban más en el incremento de ingresos que en el recorte de gastos, y eran mucho menos lesivos conforme los incrementos de cargas fiscales más se hacían sobre las rentas más altas.
    Estos datos no nos pueden dejar indiferentes. Los instrumentos de política fiscal son centrales para poder hacer un relato de reparto equitativo de las cargas de la crisis y eso es muy relevante a efectos de cohesión social. La derecha catalana, tomando el discurso simplista neoliberal según el cual no se puede gravar a las personas más ricas porque son las que crean empleo y además si se las presiona retiran dinero del país, redujo en plena crisis la tributación del impuesto de sucesiones a los que más tenían. Un movimiento totalmente incompatible con el mínimo sentimiento de empatía con las graves situaciones de necesidad de muchos y muchos catalanes y catalanas.

    Pero además de sentido del equilibrio y de justicia, rehacer la política de ingresos de la Generalitat debe servir para poder atender lo más urgente: el impulso de la actividad económica, la reversión de los recortes más injustos y más lesivos a medio plazo, y el cuidado de las familias que ya no tienen ingresos ni patrimonio.

    Por todo ello presentamos la siguiente propuesta.

    A) Que contribuyan más los que más tienen
    • Promoveremos una nueva tributación sobre las Grandes Fortunas, que será la suma de:

    •  La modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Derogaremos la reforma promovida por el gobierno de Artur Mas, para que las grandes herencias vuelvan a tributar.
    •  La modificación del Impuesto del Patrimonio, rebajando el mínimo exento e incrementando los tipos impositivos para toda la escala.
    •  El incremento del tipo marginal del IRPF para las rentas anuales de más de un millón de euros hasta el 60%.

    • Estudiaremos el conjunto de multas administrativas existentes, para poder establecer en cuáles de ellas el importe de la sanción debe ser variable según la renta del infractor.
    • Promoveremos la creación de un impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras. La crisis ha puesto de manifiesto que son instituciones sistémicas que requieren una atención preferente de los poderes públicos y en consecuencia deben tener una tributación especial, como ocurre en muchos países europeos.
    • Pediremos al Estado que reestudie la reglamentación y tributación a la que están sometidas las instituciones de inversión colectiva, y especialmente las SICAV, para asegurar que no sean un vehículo para disminuir artificialmente las obligaciones fiscales de ninguna persona física ni jurídica.

    B) Desarrollar nuevos impuestos en relación a realidades sociales y económicas que suponen cargas para la administración

    • Pediremos la participación de las Comunidades Autónomas en los rendimientos del nuevo impuesto sobre la producción energética creado por el Estado.
    • Promoveremos una moratoria del impuesto sobre Estancias Turísticas hasta su reforma en profundidad, para que no sea sólo una carga al sector del alojamiento, y una desventaja competitiva.
    • Desplegaremos figuras de fiscalidad verde como un impuesto sobre las bolsas de plástico, introducción de tasas para la custodia del territorio, emisiones de CO2, efectos de las energías nucleares, etc.
    • Propondremos modificar la figura de los impuestos especiales para incluir los alimentos que favorecen la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.

    C) Asegurar que todo el mundo contribuya

    Además de un incremento de las capacidades materiales y humanas de la inspección, la creación de un Consorcio de Agencias Tributarias entre el ATC y la AEAT que puede aportar la base de información que permitirá una lucha más efectiva contra el fraude.

    D) Grandes acuerdos sectoriales para un nuevo modelo de financiación

    Ciertas políticas y servicios públicos tienen déficits estructurales de financiación que hay que abordar desde el diálogo entre las partes. En muchos países de Europa estas políticas tienen sistemas de financiación más avanzados que hacen posibles mejores servicios y sobre todo, servicios garantizados que no sufren tantos estremecimientos en tiempos de recesión económica.

    Planteamos que se generen los instrumentos de diálogo y concertación en relación, y se llegue a acuerdos marco de financiación de las siguientes políticas públicas.

    •  Sanidad
    •  Universidades
    •  Transporte público
    •  Agua

    E) Otros

    Promoveremos la creación de figuras de contribución especial dirigidas a las políticas de cohesión social y singularmente de lucha contra la nueva pobreza. Planteamos igualmente mejorar las deducciones en el IRPF de las cuotas a entidades sociales que estén llevando a cabo tareas de apoyo a las personas más afectadas por la crisis.
     

  • 4 Pacte social per la Cohesió

    Eliminación del repago del euro por receta. Reabrir CAPs cerrados por los recortes. Plan de choque para reducir las listas de espera. Plan contra la pobreza infantil.

    Eliminación del repago del euro por receta. Reabrir CAPs cerrados por los recortes. Plan de choque para reducir las listas de espera. Plan contra la pobreza infantil.

    En los últimos dos años el Estado del Bienestar se ha visto más atacado que en los 30 anteriores. A gran velocidad, los ciudadanos han ido quedando progresivamente desprotegidos (y atemorizados) por los recortes de gasto y las pérdidas de derechos que las políticas de austeridad están exigiendo. Algunos discuten quiénes son los culpables, pero las víctimas no cuestan nada de identificar. No es sólo la igualdad de oportunidades la que se resiente, sino la propia libertad de cada uno de nosotros. Porque el Estado del Bienestar es también un instrumento de progreso de la libertad individual. Los y las socialistas lo hemos estado denunciando en los últimos dos años y hoy nos presentamos a los electores con el mensaje de que defenderemos con toda nuestra energía los servicios del Estado del Bienestar contra esta ola conservadora economicista.

    Un economicismo que empieza a hacer aguas, cuando el propio Fondo Monetario Internacional dice que la austeridad crea un problema mayor que el que quiere resolver. Pero sobre todo mal entendido, pues no nos cansaremos de repetir que el gasto social, además de un elemento de redistribución de renta esencial para la cohesión de las sociedades, es también una inversión económica. El Estado del Bienestar es un importante motor de desarrollo económico que crea empleo. Los países más desarrollados y más cohesionados tienen un volumen de inversión social superior que genera una sociedad económicamente competitiva. Es un círculo virtuoso que la derecha catalana no quiere copiar. Eso sí, su discurso lo incorpora todo: al tiempo habla de las virtudes de la cohesión social, y criminaliza a los perceptores de prestaciones.

    En esta situación tan difícil en que se derrumban los ingresos de las administraciones y cada vez hay más gente que necesita que estas actúen efectivamente, los y las socialistas tenemos clara la hoja de ruta.

    1. Garantizaremos lo esencial del Estado del Bienestar a la vez que hacemos reformas que mejoren la eficiencia del gasto público.

    2. Profundizaremos en una fiscalidad justa, en la que contribuya más quien más tiene.

    Es tiempo de reformas, pero no reformas en el sentido de las que estamos viviendo. Es tiempo de reformas para mantener la calidad de los servicios públicos, no para desmantelarlos.

    Objetivos generales del PSC para la legislatura en materia de cohesión social

    Reconstruir el servicio público de salud y hacerlo un motor de igualdad y un motor económico en tiempos de crisis.
    Adaptar la Ley de la Dependencia al actual contexto, sin perder los objetivos por los que fue promovida.
    Cuidar más que nunca a las familias, porque son la red que permite afrontar las situaciones adversas que produce la crisis. Ningún niño desprotegido.

    Garantizar que las personas o las familias que se encuentren en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna.

    Impedir que el incremento de personas en dificultades económicas conduzca a un incremento de la exclusión social.
    Reforzar las políticas de igualdad para evitar que las mujeres sean las más perjudicadas.

    Ayudar y colaborar con los y las jóvenes para darles las oportunidades que la crisis les quita.

    Hacer del Tercer Sector un instrumento profesionalizado de apoyo de la administración en todas las políticas sociales

    RECUPEREMOS EL SERVICIO DE SALUD PÚBLICO COMO GARANTÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD

    Uno de los últimos datos conocidos sobre resultados del sistema catalán de salud es muy significativo de lo que buscan los partidos progresistas cuando gobiernan. En el año 2010 en Cataluña el nivel de renta no tuvo ninguna incidencia sobre la mortandad del cáncer de mama. Es decir, que para las mujeres que desgraciadamente cursaban esta enfermedad era igual ser ricas o ser pobres para poder empezar a predecir si se curarían o no, sólo era relevante la evolución de la propia enfermedad, porque había un sistema sanitario que conseguía que no hubiera otras diferencias entre enfermas. Esto demuestra que Catalunya puede tener uno de los sistemas generadores de igualdad entre personas más potentes que existen (junto con la educación), y que vale la pena invertir en salud.

    Es necesario que se compare esta visión con la visión estratégica del Gobierno de CiU, que aconsejaba a los catalanes contratar un seguro privado, o expresando su parecer de que la salud es un bien privado. La conclusión es que hay dos maneras de entender los servicios públicos de salud. La de la derecha catalana o española y la de los partidos progresistas como el PSC. No nos extraña que el resultado de estos dos años de gestión de CiU sea una destrucción parcial de las capacidades del sistema público. No es sólo que las personas tarden un poco más en ser atendidas, como nos ha querido hacer creer el gobierno, sino que la prevención y promoción de la salud han empeorado, como no podía ser menos cuando se aplica un 15% de recortes en un sistema que tenía una financiación menor que en países comparables. Si en 2010 se disponía de 1280 € por habitante, este año sólo se han presupuestado 1150 €. Los recortes han hecho mucho daño a los resultados del sistema y los profesionales, que son la clave. Los datos de incremento de las listas de espera para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas o visitas de especialista no dejan lugar a duda de los efectos que han tenido. Y el retraso sistemático en la publicación de estos datos indica hasta qué punto es consciente el propio Govern.

    Pero el recorte más regresivo ha venido desde el Gobierno del PP. Cerca de un 10% de la ciudadanía no tiene acceso directo al sistema, porque la sanidad pública ya no es un derecho sino un beneficio que tienen los que trabajan, son pensionistas o están en paro, más sus beneficiarios. Los que hace tiempo que están en el paro, los y las jóvenes que se forman hasta más allá de los 25 años, los que no tienen pensión contributiva... deben tener una tarjeta diferente que recuerda a la caridad. Con este esquema, se hace imposible pensar que el sistema mantenga resultados como los de las enfermas de cáncer de pecho.

    Tal como lo hicimos los socialistas (Ernest Lluch) hace veintiséis años con la Ley general de Sanidad, hay que volver a hacer un gran esfuerzo para revertir esta situación. Porque sólo entendemos la protección de la salud como un derecho de ciudadanía, y no como un seguro de los trabajadores y sus beneficiarios. En consecuencia, nuestra primera medida será inequívoca.

    Esta medida, sin embargo, no es suficiente para volver a alcanzar los niveles de calidad del sistema que se han perdido a base de cierres de servicios, de equipamientos, de atraso de nuevos proyectos, de despidos de personas, de descoordinación y de mensajes confusos y confundidores a la ciudadanía.

    Los socialistas presentamos una moción en el Parlamento para reimplantar los tiempos máximos en lista de espera que el Gobierno de CiU había eliminado. Pese a aprobarse esa moción 83/IX, ningún cambio. Pero nuestro compromiso sí es real, y por eso queremos hacer constar que con un gobierno socialista, durante el primer año de mandato volveremos a implantar las siguientes garantías de accesibilidad.

    Estas y otras garantías de servicio en temas más específicos serán las reglas del juego que deben hacer sentir confianza a los ciudadanos usuarios. Para atacar el problema de las personas que ahora ya hace demasiado tiempo que esperan, presentaremos inmediatamente un Plan de Choque de reducción de las listas de espera que retorne a corto-medio plazo las listas de espera adonde las dejamos.

    No es posible actualmente decir que para cumplir estos niveles de servicio se reabrirán todos y cada uno de los servicios y equipamientos cerrados. Será imposible en un solo ejercicio regresar al gasto por habitante y año de 2010, pero el camino sí es éste y esperamos llegar lo antes posible. Progresivamente se irán reabriendo aquellos equipamientos de atención primaria de proximidad y servicios hospitalarios que el Gobierno de CiU ha cerrado para recuperar la equidad perdida y el equilibrio territorial.

    Calidad significa garantías generales, pero no sólo eso. Orientaremos el sistema a aquellas situaciones de desigualdad de todo tipo que generan problemas sanitarios derivados. Haremos que el sistema público sea especialmente accesible y resolutivo para situaciones complejas como las personas con trastornos de salud mental. O en otro orden de cosas activaremos un Plan Especial de atención a las personas en situación de pobreza, debido a la crisis, para que no se degrade la salud de estas familias.

    En cuanto al plan sociosanitario de Cataluña, queremos que integre servicios sanitarios, sociales y sociosanitarios para las personas con disminución de autonomía personal y atención a la cronicidad, liderado desde los Centros de Salud y los servicios sociales municipales bajo el control de profesionales de enfermería.

    También desplegaremos la Agencia de Salud Pública de Cataluña, un ámbito que ha quedado en segundo plano por parte del Gobierno de CiU y que es clave para una mejora de los niveles de salud de la población y de manera derivada para la sostenibilidad financiera del conjunto del sistema.

    Porque la financiación del sistema es la discusión clave, y los gobiernos socialistas ya lo habíamos puesto sobre la mesa desde el primer día. Un problema que proviene de que sistemáticamente los costes del sistema suben aunque no aumente la población ni la cartera de servicios, por factores demográficos y estructurales. La solución a este problema no es cobrar un euro por receta. Seguramente la salida es mucho más compleja, pero debe ser abordada desde el diálogo entre todas las partes, las que definen el sistema, las que la operan, y las que lo sufragan. Los socialistas proponemos:

    Dentro de este sistema de financiación habrá que analizar y prever un sistema retributivo para los y las profesionales que compense progresivamente las injustificables pérdidas de poder adquisitivo que muchos han sufrido, en mayor medida que otros colectivos de la función pública. Este recorte salarial ha hecho mucho daño a los segmentos más frágiles del sistema, como los médicos y las médicas jóvenes que combinaban trabajo de investigación con algunas guardias.

    Igualmente habrá que determinar medidas para asegurar que otras aseguradoras se hagan cargo de todos los gastos que ahora se cargan injustamente sobre los presupuestos públicos.


    Soluciones para el sector de la farmacia

    Pero una parte muy relevante del acuerdo de financiación tendrá que ver con la farmacia. Las empresas farmacéuticas son un baluarte innegable de la industria catalana, y a la vez las oficinas de farmacia juegan un rol sanitario y social fundamental. No podemos dejar que los recortes derrumben el sistema, como está pasando con los gobiernos de CiU y PP, como ha evidenciado el reciente cierre de farmacias.

    Se recuperará, en todos los centros de salud, la dirección por objetivos (DPO), siendo una parte muy importante de la retribución variable de la remuneración de los médicos, incorporando incentivos al fomento del uso racional de los medicamentos como criterio general de salud pública.

    Afianzar la política de concertación con el sector farmacéutico que debe respetar el modelo de Oficina de Farmacia en Cataluña, y evolucionar desde un modelo de contratación basado en el pago de un margen sobre el producto dispensado, al pago de servicios establecidos en una cartera selectiva de servicios de atención farmacéutica. Se recuperará el consenso con el sector con el impulso de la Mesa del Medicamento de Cataluña, órgano constituido en 2009 con todos los agentes relacionados con el sector del medicamento en Cataluña: Industria, Distribución, Oficinas de Farmacia, Consejos de Colegios Profesionales, Patronales, Foro de pacientes, Expertos de varias instituciones y el Departament de Salut.

    Nos comprometemos a no superar en ningún caso el límite de pago legal de las Administraciones Públicas a todos los proveedores sanitarios, incluidas las farmacias, como regla esencial para la supervivencia financiera del sector.

    Aprovechar el potencial de la investigación sanitaria como motor económico

    Financiar correctamente el sistema de salud no es en ningún caso tirar dinero, como intenta repetidamente hacernos creer la derecha. El retorno de la inversión (retorno social y económico) en este sector es clarísimo, y puede ir a más. Por eso la investigación médica no puede ser un pilar secundario, sino principal, a la altura de la práctica clínica. Porque es la garantía de la calidad futura del sistema, y la gasolina de este motor económico para el conjunto de Cataluña. La salud como sector económico es uno de los espacios con más futuro en las sociedades desarrolladas, y Cataluña cuenta con ventajas incontestables por ser muy competitiva ahora y en los próximos años si se hacen bien las cosas. Los y las socialistas, por ello, retomaremos la Estrategia en Investigación Médica en Cataluña hasta 2020 para recuperar un plan ambicioso económicamente -que plantea que en este sector se cumpla en el 2020 la cifra del 3% del PIB invertida en I+D+i- y conectado con el conjunto de la política industrial del país.

     

    GARANTIZAR LA ATENCIÓN CUANDO MÁS SE NECESITA: DEPENDENCIA, MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    En cuanto a la Dependencia, el Gobierno de CiU nos hace retroceder en el tiempo y vuelve a la máxima de que quien debe cuidar de las personas dependientes es la familia, sobre todo la mujer. Esta es la fórmula de hacer sostenibles los servicios sociales de la derecha: un cheque para quien pueda complementar el coste de una plaza de residencia y quien no, en casa sin servicios. La denominada coloquialmente Ley de la Dependencia es la ley social más importante de los últimos 30 años. La Ley de la Dependencia tenía un desarrollo de 8 años (hasta el 2015) y pretendía esencialmente crear un nuevo derecho de ciudadanía como la atención en la enfermedad o la educación, acercarnos a la Europa avanzada y crear empleo reconociendo la labor realizada mayoritariamente por las mujeres en el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad y de personas con enfermedad mental, efectuado en casa. También es objetivo del PSC desarrollar sistemas de promoción de la autonomía personal.

    CiU no apoyó la Ley de Dependencia. No la quieren y por ello el Conseller ya ha anunciado que trabaja en un texto de la Ley Catalana de Atención a la Dependencia y aplica al mismo tiempo todos los recortes del PP. En el año y medio de gestión convergente de la Ley en nuestro país las personas dependientes han perdido derechos y prestaciones. La aplicación de la Ley se ha ralentizado y se ha aumentado la lista de espera. La llegada del PP al gobierno de España no ha hecho nada más que aliviar al gobierno de CiU del cumplimiento de unas obligaciones que les molestaban. Desde el PSC hemos ido denunciando la parálisis de la Ley en Cataluña, en la línea de lo que practican las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El freno de la entrada de los dependientes moderados dentro del sistema fue aprobado por PP y CiU, unos votos gratuitos ya que el PP tiene mayoría.

    Así, se puede decir que el PP en el conjunto de España deroga la Ley de la Dependencia por la vía del BOE, mientras que en Cataluña CiU ha dejado de priorizarla en su gestión. Algunas de las cifras publicadas por el IMSERSO evidencian la paralización de la aplicación de la ley en Cataluña durante el mandato de CiU: durante el primer semestre de 2012 sólo se han incorporado al sistema un 27% de las personas que lo han solicitado.

    La Ley de la Dependencia debe adaptarse al actual contexto sin perder los objetivos por los que fue ideada, en primer lugar el derecho a ser atendido. Hay que valorar que la evolución demográfica de los próximos años hará que se incremente el número de personas dependientes. Hace falta pues hacer progresar rápidamente la calidad y la agilidad de respuesta en la atención a la dependencia, situando progresivamente los servicios sociales al mismo nivel que los servicios de salud. Los principios básicos en los que nos configurar la Ley siguen siendo válidos, combinando los deseos de las personas y la promoción de los servicios profesionales.

    Por los datos de que disponemos después de seis años de aplicación, las personas quieren permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios e ir a servicios residenciales sólo cuando sus condiciones de salud así lo aconsejen. En este sentido, habrá que mejorar la habitabilidad de los hogares, mejorar la accesibilidad de las comunidades de vecinos, calles y equipamientos públicos, potenciar la atención domiciliaria social y sanitaria, potenciar las estancias "parciales" en residencias (respiro para cuidadores: vacaciones, fines de semana, etc.), mejorar el modelo de "centro de día"...

    Todas estas mejoras no se pueden hacer sin confiar en las entidades y los profesionales que están físicamente cerca de las personas. Los ayuntamientos, las asociaciones y entidades del Tercer Sector. Nos disponemos a hacer un esfuerzo de descentralización real e integración de servicios.

    Estas entidades serán en realidad "redes de servicios territoriales" formadas por varias organizaciones sociales y sanitarias que serán acreditadas y homologadas. Tendrán un plan de trabajo con objetivos concretos y a cambio recibirán una dotación económica suficiente. Este funcionamiento eliminará burocracia, mejorará los costes de gestión y tramitación, y facilitará la relación de las personas usuarias con la administración competente, que será la más cercana.

    Las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Hagámoslo realidad.

    El PSC se compromete a generar un cambio de comportamiento social, que valore a las personas por sus capacidades humanas y personales, por encima de sus limitaciones, discapacidades o diversidades funcionales. Esta será nuestra premisa, defendiendo una sociedad más integradora y socialmente más justa, más equitativa en la gestión del principio de igualdad de oportunidades. Favoreceremos la máxima interacción entre las personas y sus entornos.

    Hoy en día el derecho al trabajo es el eje central de las políticas sociales y lo que garantiza la inclusión y la cohesión social, pero el empleo no lo es todo. En caso de las personas con discapacidad y/o con trastorno mental los avances hechos en empleo se han producido con gobiernos de izquierdas tanto en España como en Cataluña. Queremos seguir en los próximos años el camino que iniciamos. Queremos garantizar los derechos de las personas con discapacidad y más en este contexto de crisis.

    Hay que realizar los cambios legislativos necesarios para el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Es necesario también garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de Cataluña y la LAPAD. Y hay que llevar adelante una nueva ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas, sociales y comunicativas.

    Implementaremos una estrategia para la inserción laboral de las personas con discapacidad y/o con trastorno mental, consensuada con el sector, que contemple medidas tanto en el ámbito del mercado de trabajo protegido como en el mercado ordinario (trabajo con apoyo) y garantizar su financiación plurianual.

    Impulsaremos también medidas de fomento de la contratación social tanto en el sector público como en el privado. En el ámbito público implementaremos el Dictamen sobre "Contratación Pública y Contratos de Concesión" del Comité Económico y Social Europeo, es decir medidas que permitan una discriminación positiva en la compra de servicios y productos que producen el Tercer Sector y los Centros Especiales de trabajo. Y eso, haciendo especial énfasis en:

    • Cláusulas sociales en los procesos de contratación y criterios sociales entre los criterios de adjudicación de la contratación pública en la totalidad de los procesos de contratación del Govern de la Generalitat estableciendo la preferencia en la adjudicación -en caso de empate- de las empresas que tengan en su plantilla personal con discapacidad o en situación de exclusión social.
    • Reservas de mercado para la contratación social impulsando la ampliación de los objetos contractuales susceptibles de reserva establecidos en el artículo 35.1 de la ley 31/2002.
    • Contratos reservados y procedimientos restringidos de contratación garantizando que en cada ejercicio la adjudicación del volumen de la contratación reservada normativamente (artículo 35 de la ley 31/2002) para Centros Especiales de Trabajo, empresas de inserción sociolaboral, o entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social, sea igual o superior al adjudicada en el ejercicio anterior hasta alcanzar el máximo legal previsto.

    En el ámbito privado impulsaremos medidas dirigidas a empresas de más de 50 trabajadores para que alcancen el 2% de contratación de personas con discapacidad o alternativamente empleen medidas de subcontratación a terceros.

    En cuanto a los Centros Especiales de Trabajo (CET), que sufren enormemente la crisis económica, queremos garantizar la viabilidad del sector, con la aprobación de un plan estratégico para los CET que dé continuidad al Libro Blanco y que incentive la sostenibilidad, la competitividad, la cooperación entre centros y la reestructuración y reconversión de los que lo requieran. Asimismo, este plan también deberá contemplar la financiación de los centros valorando la función social que realizan cada uno de ellos, así como los grados de discapacidad de los trabajadores, las características empresariales de los centros, y la localización territorial de los mismos.

    Debemos establecer medidas para evitar la competencia desleal en el sector. En Cataluña los CET mayoritariamente son gestionados por entidades sin ánimo de lucro. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha producido una cierta perversión del sistema, fruto de la crisis y del crecimiento de las empresas con ánimo de lucro en el sector, que han visto una oportunidad en el trabajo subvencionado los CET.

    En cuanto a la atención a las personas que sufren un trastorno mental, priorizaremos los programas de Apoyo y Atención al Trastorno Mental Grave, así como los programas de Salud y el programa de Apoyo a la Primaria, la ampliación de programas y servicios especializados de la red sanitaria y de atención social, un modelo de inserción laboral que contemple las necesidades específicas en el ámbito de la salud mental y el desarrollo de un modelo de apoyo y de programas específicos para los niños con necesidades educativas especiales derivadas de problemas de salud mental.

    También, desde nuestro modelo de escuela inclusiva y respetuosa con la diversidad y desde las Escuelas de Educación Especial garantizaremos los apoyos necesarios a los alumnos con necesidades educativas especiales para que dispongan de las mismas oportunidades que el resto de niños.

     

    EN TIEMPOS DE CRISIS NO PODEMOS DESPROTEGER A LAS FAMILIAS COMO HA HECHO CiU, SINO QUE LAS DEBEMOS CUIDAR MÁS.

    Las familias son el colectivo más negativamente afectado por la crisis económica por el incremento del paro, la bajada de salarios y el debilitamiento de los sistemas de protección social. Al mismo tiempo las familias son también el principal apoyo ante la falta de recursos económicos de alguno de sus miembros. Dentro de éstas, los niños se convierten sin duda los elementos más vulnerables y el sistema de protección social no está dando la respuesta necesaria a este fenómeno. Los datos de pobreza son escalofriantes en nuestro país: 1.651.100 catalanes (21.9%) viven en el umbral de la pobreza, con menos de 8.560 euros al año. Respecto del año 2008, la tasa de riesgo de pobreza infantil ha pasado del 17,6% al 28% con datos de 2011, 345.800 menores de 16 años están en riesgo de pobreza. Uno de cada cuatro niños menores de dieciséis años se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

    Las situaciones de precariedad económica comprometen la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños: en el ámbito de la educación, de la salud, del ocio y de la cultura. Esto se ha visto agravado por las políticas llevadas a cabo en los últimos dos años de gobierno de CiU en la Generalitat, en los que los fuertes recortes en gastos como las ayudas y las becas de estudio, las ayudas para comedor escolar y por libros, los programas de transición escuela-trabajo, la eliminación de los programas para actividades del alumnado con necesidades educativas específicas y las subvenciones para actividades extraescolares, entre otros, han abierto una brecha cada vez mayor en las oportunidades de los niños según la familia en la que han nacido. Para los y las socialistas esto no es tolerable en ningún caso.

    Los niños han de convertirse en el centro de la atención en la lucha contra la pobreza y esto conlleva que deben dejar de ser vistos como un asunto privado de los progenitores. El bienestar de los niños, que tengan las necesidades básicas cubiertas, es una responsabilidad de todos y todas. Es por ello que hay que ayudar a las familias en situación de riesgo social teniendo muy en cuenta esta prioridad.

    Los cuatro derechos irrenunciables de los niños en tiempos de crisis

    En la clase todos los niños y todas las niñas deben ser iguales, tener las mismas oportunidades sea cual sea su situación familiar. Las políticas preventivas deben tener un papel importante en educación (refuerzos para combatir el fracaso escolar en la escuela y en la comunidad).

    El derecho a la salud de los niños no puede ser vulnerado a consecuencia de los recortes en el sistema sanitario. Hay que intensificar la prevención en la atención primaria, la garantía de acceso a gafas e instrumentos ortodónticos y ortopédicos...
    El derecho a la vivienda de los niños se traduce en ayudas al alquiler, red de alquiler social y retrasar de forma pactada los desahucios, si se llega a esta situación.

    El sistema de servicios sociales debe articular de manera equilibrada en el territorio los servicios preventivos dirigidos a los niños y a las familias. El aumento de las necesidades sociales por el efecto de la crisis económica debe traducirse en un aumento de los recursos sociales y los servicios.

    Para poder alcanzar el cumplimiento de estos derechos nos proponemos llevar adelante todas estas medidas que supondrán una de las partidas presupuestarias más reforzadas.

    En definitiva, desplegaremos urgentemente la Ley 14/2010 para la igualdad de oportunidades en la infancia y la adolescencia para hacer efectivos los derechos que en ella se prevén. Además desplegaremos la normativa de familias monoparentales que CiU ha olvidado y abandonado a la hora de definir beneficios que las familias numerosas sí que han visto reconocidos.

    Y en cuanto a las ayudas a familias con niños a cargo, que el Gobierno de CiU hizo desaparecer prácticamente, creemos importante irlas reintroduciendo, por eso entendemos que a final de la legislatura habremos implantado las ayudas por hijo a cargo para todas aquellas familias con ingresos hasta 35.000 € anuales. Las ayudas son un apoyo relevante hasta los 3 años y las familias con menos ingresos las han echado de menos estos dos años.

     

    ANTE LA POBREZA CRECIENTE, TRABAJO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

    En la actualidad una de las prioridades claras de nuestro modelo social se encuentra en la construcción de respuestas al aumento de la pobreza y de las situaciones de exclusión social que se están produciendo en nuestro país. El modelo socialista de políticas sociales se basa en la defensa de los derechos de las personas, frente al asistencialismo sistemático y el retorno a la caridad que propone CiU.

    Si no aseguramos la cohesión ante las nuevas desigualdades corremos riesgos reales de fractura y conflictividad social. No es un tema de valores únicamente, sino un tema de bienestar colectivo. Las sociedades fracturadas son peores (inseguridad, degradación de la convivencia) para todos. En estos momentos de cuestionamiento de los sistemas de servicios de bienestar, no debemos hablar de gasto sino de que la "inversión social" para dar respuesta a los más vulnerables es parte de la solución y no el problema. Las políticas sociales son claves ante el aumento de las desigualdades sociales. El esfuerzo de creación de nuevos derechos de los gobiernos progresistas, coincidiendo con la época de crisis económica, ha incrementado mucho la presión sobre los servicios sociales básicos de los municipios que están conteniendo la emergencia social en nuestras ciudades, cada vez con menos recursos y apoyos del gobierno autonómico.

    El incremento del número de personas y familias que están en situación de riesgo de exclusión social debido a la pobreza económica tiene dos factores generadores clave: las dificultades para acceder o bien mantener un empleo y las dificultades para acceder o mantener una vivienda. Se trata de un nuevo perfil de personas y familias que se han visto inmersas en situaciones de vulnerabilidad económica y que pueden verter el futuro de sus hijos e hijas a la pobreza y la exclusión social.

    El número de familias que tienen todos los miembros en paro es ya de 243.900 hogares según la EPA, una cifra que se ha cuadruplicado desde 2008. La tasa de riesgo de pobreza en Cataluña se fijaba en un 19.9% en el año 2011 y en un 21,9% en el año 2012. Son cifras todas ellas muy importantes ante las que se necesitan políticas decididas.

    Los y las socialistas queremos dotar de absoluta centralidad en el discurso y en la acción política a la lucha contra la pobreza y la promoción de las políticas públicas de inclusión y cohesión social. Estableceremos una estrategia de trabajo conjunta con los entes locales, las entidades sociales del tercer sector y agentes sociales y económicos de nuestro país para tratar la prevención y el abordaje de las situaciones de pobreza y de exclusión social de una forma coordinada e integral. Definiremos instrumentos de choque que den respuesta real a los casos de pobreza y riesgo social, desde la priorización de las necesidades en alimentación y en vivienda. Pero la pieza clave del sistema de erradicación de la exclusión va más allá de esto, y el Estatut ya la prevé.

    Un paso tan relevante no puede ser dado sin previamente acordar un Pacto Nacional contra la Pobreza y para la Promoción de la Inclusión Social, como marco de referencia de país, que articule el conjunto de estrategias necesarias, fruto del consenso entre todos los agentes implicados, incorporando la dotación real de recursos desde la priorización presupuestaria.

    La renta básica debe ser integrada progresivamente en los presupuestos públicos, pero muchos estudios plantean que sus efectos económicos globales son positivos, y en cualquier caso es el instrumento mejor para asegurar que no se cae en el lado oscuro de la exclusión. Hay que tener cuidado en respetar escrupulosamente la dignidad de las personas que atraviesan dificultades, y no estigmatizar a las mismas. Por ejemplo, también planteamos transformar los bancos de alimentos en tiendas solidarias que potencien la autonomía de las personas y las familias. No es lo mismo recibir una caja con alimentos para una semana que recibir un vale de valor 'x' e ir a canjear en una tienda solidaria (con suministros del banco de alimentos local y otros productos de necesidades básicas familiares) para a aquellos bienes que necesita la familia.

    Todas estas acciones de proximidad deben desarrollarse desde mesas territoriales para la inclusión que garanticen la existencia de acciones coordinadas entre los ámbitos de empleo, vivienda y servicios sociales. Creemos que hay que redefinir el sistema catalán de servicios sociales mejorando la dotación y los soportes de los servicios sociales básicos de los municipios que son los mejor situados para hacer frente a la contención de la emergencia social, creando autónomamente desde el municipio un nuevo sistema de servicios coordinado, financiado por la Generalitat y, por qué no, por actores privados, que combine acciones de los tres ámbitos para prevenir o contrarrestar las situaciones de pobreza emergente. Apostaremos pues por el trabajo comunitario que favorezca intercambios intergeneracionales e interculturales, mediante el fomento de la proactividad de las personas voluntarias. Gente que ayuda gente de su entorno.

    Obviamente, se necesitan recursos para todas estas políticas. Además de nuevas dotaciones presupuestarias fruto de la reforma fiscal que proponemos, impulsaremos decididamente la aplicación del Clausulado Social y el aumento decidido de la gestión del 0,7% del IRPF en Catalunya.

     

    UN NUEVO ESFUERZO EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD. SON TAMBIÉN UNA PRIORIDAD ECONÓMICA.

    Actualmente en nuestro país asistimos a decisiones y reformas de los gobiernos de derechas autonómico y estatal claramente direccionadas hacia un cambio de modelo social, devolviendo de forma inexorable a planteamientos clásicos y patriarcales. No es casual ni neutro que los sacrificios presupuestarios más importantes se centren, por ejemplo, en las guarderías o en la implementación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Tampoco es improvisada una reforma laboral que precariza el mercado de trabajo y que atenta especialmente contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a conciliar su vida laboral, familiar y social.

    ¿Cómo será una sociedad donde se dificulta el acceso de los niños y niñas en la etapa educativa 0-3, donde sea casi imposible conseguir recursos para las personas dependientes y donde las relaciones laborales en la empresa hagan casi incompatible disfrutar en plenitud del hecho de ser madre y ser trabajadora? Estamos hablando del retorno a un agravamiento de los niveles de discriminación de género, donde las mujeres están volviendo al espacio privado, obligadas a ejercer roles de cuidado, y cada vez con más obstáculos para acceder al mercado laboral con igualdad de oportunidades. Habrá que tener presentes las consecuencias que tendrán los padecimientos emocionales provocados por la vivencia de graves situaciones económicas, laborales y de riesgo de exclusión social de muchas mujeres. Cuando la salud social femenina está claramente afectada por este escenario, automáticamente entran en riesgo los demás aspectos psíquicos e incluso los físicos.

    No puede ser que todos los análisis y lecturas que se hacen de la crisis y sus resultados estén ciegos al género y que no valoren en ningún momento el impacto específico en la vida de las mujeres. No puede ser que el grueso de las reformas y recortes se centren en aquellos servicios públicos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y pensar que esto no tiene sesgo de género. Serán las mujeres las grandes damnificadas de todo, cubriendo las carencias impuestas en los sistemas de servicios de bienestar. Esta sobrecarga pondrá en riesgo su salud y sus procesos de crecimiento personal, social y laboral.

    Ante esta situación, los y las socialistas trabajaremos para:

    - Garantizar el desarrollo de los instrumentos estratégicos de país que abordan la igualdad de género.
    - Incorporar la perspectiva de género en las políticas de inclusión social, para abordar las situaciones de pobreza y exclusión que sufren las mujeres.
    - Volver a priorizar la implementación de la etapa educativa 0-3 buscando fórmulas viables de financiación de las guarderías.
    - Reformar la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia para garantizar la cobertura de las personas dependientes.
    - Exigir cambios en la reforma laboral que recupere y mejore las acciones vinculadas a facilitar la vida laboral, personal y familiar.
    - Recuperar la lucha contra el conjunto de discriminaciones clásicas de género: brecha salarial, precariedad de las mujeres, el acceso a los espacios de decisión.
    - Garantizar el cumplimiento de la ley de igualdad (planes de igualdad en las empresas y en las administraciones públicas).
    - Garantizar la presencia de las mujeres en el espacio público y la incorporación de los hombres al espacio privado y de cuidado.
    - Implementar el marco legal y desarrollar políticas públicas contra las violencias que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo.
    - Defensa del marco legal vigente que garantiza a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo y sobre una maternidad deseada.

    Hay que apoyar la emprendedoría -mayoritariamente son mujeres las emprendedoras- través de los recursos de Acc1ó y recursos de entidades especializadas. Es necesario el mantenimiento de las políticas de igualdad en las empresas, acompañando al tejido productivo en la puesta en marcha de planes de igualdad para aprovechar el talento femenino.

    Es necesario también un nuevo impulso a las políticas de Gestión del Tiempo en las Empresas, acompañando la puesta en marcha de medidas que faciliten la conciliación de la vida personal y familiar, y la fidelización del talento femenino. Y es necesario finalmente luchar contra la brecha salarial.

    Otra gran urgencia se sitúa a nivel de la violencia de género, que sigue siendo una lacra social y ahora sus manifestaciones están agravadas también como consecuencia directa de la degradación socioeconómica de los entornos familiares. Por eso hay que avanzar en el desarrollo de la Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres, logrando el compromiso de finalización de la red de recursos para poder hacer frente a la recuperación de las víctimas de violencia machista. Seguiremos haciendo campañas públicas contra la violencia machista, y dando a conocer los recursos existentes para dar apoyo a las mujeres que sufren violencia. Garantizaremos también el cobro de la pensión de alimentos a las mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas. Lo haremos desplegando el fondo de impago de pensiones que contempla nuestra ley como compromiso del país con las mujeres, como institución que quiere garantizar que toda mujer víctima de violencia y sus hijos e hijas cobren su pensión de alimentos. Este es un recurso indispensable para garantizar que las familias víctimas de violencia no acaben en la exclusión. Finalmente daremos apoyo a la financiación de las Casas de Acogida para mujeres maltratadas en aquellos municipios que en su momento hicieron una apuesta para poder acompañar a las víctimas de violencia machista.

    Finalmente en lo que respecta a la lucha contra la explotación sexual, hay que decir que este es uno de los temas que más preocupa a muchos ayuntamientos, especialmente en cuanto a la ocupación del espacio público, tanto en núcleos urbanos como en las vías locales. Desde el punto de vista social hay que trabajar dando un mensaje claro al respecto. Pero hay que resaltar también que Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene regulados los locales de pública concurrencia donde se permite el ejercicio de la prostitución, lo que ha producido un efecto llamada tanto para las mafias que explotan a mujeres como a la hora de legitimar la demanda de este tipo de servicio. En este contexto, nuestra propuesta sería elaborar una hoja de ruta que incorporara las siguientes actuaciones decididas:

    Hay que facilitar el camino a las mujeres que quieren dejar. Proponemos crear un programa de recuperación personal y reinserción en el mercado de trabajo para las mujeres exprostitutas, que contemplará acciones formativas, de apoyo emocional y de recuperación psicológica. Igualmente, hay que seguir desincentivando la demanda, mediante campañas a tal efecto, así como teniendo una actuación decidida de penalización a los clientes que demanden servicios sexuales remunerados.

    Impulsaremos la aprobación de la Ley contra la discriminación por homofobia y transfobia. Esta ley inició su trámite en los últimos meses del Govern del President Montilla, con un primer anteproyecto escrito. El Govern de CiU ha detenido el proceso, dado que no cree en la existencia de un texto normativo que promueva la igualdad real de estos colectivos.

    Esta debe ser una ley de marcado carácter interdepartamental, en la medida en que hay todavía que impulsar una tarea de igualdad real en la gran mayoría de ámbitos de la gestión y el servicio públicos. En el ámbito de la educación, por ejemplo, es importante consolidar los espacios curriculares que en relación a las orientaciones sexuales se contenían en la asignatura de Educación para la Ciudadanía que el Partido Popular ha hecho desaparecer de facto. Los gays, las lesbianas, los y las bisexuales y los y las transexuales son las víctimas, en mayor medida, del bullying en la escuela. Necesitamos que todos los actores que tienen que ver algo con el ámbito escolar tomen conciencia. Por eso es necesario que la escuela fomente la visión libre e igualitaria de las orientaciones sexuales en el marco de los derechos de cada individuo.

    Igualmente, hay que asegurar en los servicios de salud el sostenimiento de las políticas tanto preventivas como de apoyo a los seropositivos, que hoy en día pueden en la mayoría de los casos mantener una alta calidad de vida si reciben la atención sanitaria adecuada. Por supuesto, en el conjunto de las políticas sociales, ya sea la atención a las personas mayores, la acogida e integración de las personas recién llegadas, o los servicios sociales básicos, es necesario prever respuestas a los condicionantes específicos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, para paliar todos aquellos aspectos de vulnerabilidad específica, y los profesionales deben tener una formación suficiente en este ámbito.

    Finalmente, la igualdad en el trabajo no es todavía una realidad, y muchas personas regresan al armario para no ver su carrera profesional truncada en un momento en que el paro es un riesgo que nos afecta a todas ya todos. No podemos dejar que la crisis tenga efectos sobre la libertad de las personas para manifestarse en público tal como son.

    Toda esta tarea no podrá ser llevada a cabo sin el apoyo mutuo entre las administraciones y las entidades de defensa de las personas LGTB. Con su experiencia, las políticas públicas ganan eficacia y se fomenta la cohesión de unos colectivos que, pese a los avances que los sucesivos gobiernos de progreso en España y Cataluña han alcanzado, luchan todavía por una mayor igualdad.


    POLÍTICAS TANGIBLES EN LA ALTURA DE LOS PROBLEMAS DE LOS Y LAS JÓVENES


    ¿Es posible que los jóvenes vuelvan a tener confianza en su futuro? Sólo lo es si abordamos políticas específicas que estén a la altura de sus problemas. La crisis económica ha golpeado a la juventud más que a nadie. Han sido las víctimas principales de un mercado laboral inestable, caracterizado por su precariedad y temporalidad, y más aún con la reforma laboral del PP. El lema "jóvenes sin futuro" sería quizás uno de los que mejor definen la imagen de sí mismos que tienen los jóvenes en Cataluña. Una afirmación que implícitamente asume que la juventud tampoco tiene presente.

    Un elemento crítico de la crisis es la dificultad que los jóvenes encuentran para entrar, pero sobre todo, para mantenerse en el mundo laboral. Las probabilidades de quedar en paro para un joven son tres veces superiores a las de un adulto. El paro juvenil provoca una situación de frustración y regresión de miles de jóvenes de nuestro país que se encuentran atrapados y sin opciones. Jóvenes sin empleo es sinónimo de disgregación social y hay que parar este círculo vicioso que la recesión alimenta. Como sociedad debemos ser capaces de dar una respuesta adecuada a esta generación, la mejor formada y preparada de la historia. El gobierno y las instituciones deben trazar caminos de progreso, no nos podemos permitir el lujo de que esta generación caiga en el olvido y sea una generación problemática durante cincuenta o sesenta años.

    ¿Y qué ha hecho el Gobierno de CiU ante esta dramática situación? La respuesta del Conseller de Empresa y Empleo en la precaria situación de los jóvenes y con la elevada tasa de desempleo fue recomendarles que fueran a Londres a servir cafés. El Conseller Mena ya tiene su respuesta: Más de 6.000 jóvenes han abandonado el país en los últimos dos años. Cataluña se ha convertido en una exportadora de jóvenes profesionales cualificados.

    Los recortes del Gobierno de CiU se han cebado sin límite ni cordura con el colectivo joven. En primer lugar con el aumento de un 66% de las tasas universitarias. CiU ha aplicado el incremento más alto dentro de la horquilla que le daba el gobierno del PP para encarecer las tasas. A la vista de que su política de becas es del todo insuficiente, podemos decir que volvemos a la universidad elitista a la que sólo asistían aquellos que lo podían financiar por cuestiones económicas. Pero al mismo tiempo hemos reducido o eliminado los planes destinados a proyectos ocupacionales para jóvenes, como el Plan Suma't, generadores de oportunidades laborales entre aquellos jóvenes que soportan paro de larga duración o bien los parados sin cualificación.

    CiU votó también en el Congreso a favor de la eliminación de la Renta Básica de Emancipación que ha permitido que miles de jóvenes se beneficiaran de ella en Cataluña. Muchos jóvenes se ven destinados a volver a casa de sus padres. También votaron a favor de la propuesta del Gobierno del PP de excluirlos del Plan Prepara que permite la prórroga de la prestación de paro hasta un máximo de seis meses una vez agotada.

    La dramática situación de los jóvenes hoy, junto con el desgobierno y la permisividad de los poderes públicos ante la situación, configuran un malestar social que a la vez conduce a un sentimiento de desafección política entre los jóvenes. Casi podemos hablar de los jóvenes como un colectivo en riesgo de exclusión social. Los jóvenes no quieren esperanza sino que necesitan compromiso y acción. Por eso los y las socialistas hacemos una de las apuestas principales de este programa dirigidas a ellos:

    Con esta propuesta queremos incentivar que los jóvenes se sientan apoyados para tomar sus propias decisiones. La financiación proviene del Impuesto de Sucesiones para recordarnos que la herencia es el transmisor principal de las desigualdades a través de las generaciones. Los y las socialistas queremos que exista un impuesto que compense parcialmente esta circunstancia.

    Pese a creer mucho en los efectos de esta medida, sabemos que la necesidad a corto plazo de los jóvenes es tener oportunidades de encontrar trabajo. Para paliar los efectos del paro en el sector de población comprendido entre los 16 y los 34 años y generar oportunidades laborales, apoyo a los emprendedores y potenciar la formación de los jóvenes desempleados que no tienen una formación calificada, planteamos iniciar una figura específica :

     

    PERSONAS MAYORES ACTIVAS: FOMENTAMOS EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA CONCEPCIÓN POSITIVA DE LA VEJEZ

    La pérdida de renta disponible con el aumento de precios, copagos y pérdida real de poder adquisitivo de las pensiones sitúan las personas mayores con más dificultades para hacer frente a la situación económica. Además, muchas pensiones de jubilación han convertido en el único ingreso estable de muchas familias, de modo que multitud de personas mayores han tenido que acoger en su casa y en su escasa economía a hijos y nietos para poder salir adelante juntos. Por otra parte, las personas mayores han visto cómo con la incertidumbre económica también llega el cuestionamiento de su pensión por parte de la derecha gobernante.

    Los y las socialistas consideramos el envejecimiento como una etapa de la vida que no debe comportar ninguna disminución de derechos ni de reconocimiento de ninguna función social, por eso apostamos por políticas públicas que faciliten el envejecimiento activo:

    Crearemos los mecanismos necesarios para difundir las actividades dirigidas a las personas mayores así como otros que contribuyan a fomentar un envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y los hábitos saludables en el ámbito cultural, formativo, de deporte y de tecnologías de la información y la comunicación.

    Promoveremos la participación de las personas mayores en todas ellas implicando también los consejos de las personas mayores y otros órganos de participación. Potenciaremos el voluntariado entre las personas mayores dando difusión a las experiencias que actualmente existen y definiendo nuevos espacios de colaboración con la sociedad y fomentando que la experiencia profesional de las personas jubiladas sea aprovechada por otros sectores, promoviendo las relaciones intergeneracionales, así como favoreceremos que las personas mayores que estén solas puedan encontrar espacios de relación y acompañamiento en el voluntariado social.

    Impulsaremos los programas intergeneracionales en las escuelas, las universidades y centros cívicos con el objetivo de incrementar el contacto y conocimiento entre jóvenes y personas mayores.

    Garantizaremos los derechos de las personas mayores reforzando los protocolos contra el maltrato y el abuso de las personas mayores con la prevención, detección y atención a este tipo de violencia, especialmente la que se produce en situaciones de dependencia, así como garantizando la formación de los y las profesionales que trabajan con las personas mayores.

    Mejoraremos y agilizaremos los procesos de adopción de medidas cautelares, de incapacitación y nombramiento de tutor y estableceremos mecanismos para evitar los abusos, así como el uso adecuado de estas medidas.

    Fomentaremos el uso del documento de voluntades anticipadas y el acompañamiento al final de la vida. 


    INMIGRACIÓN, DE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA A LA SOCIEDAD DIVERSA


    En el PSC trabajamos para construir una sociedad integradora e inclusiva, esto quiere decir que la cohesión y la convivencia entre diferentes son rasgos diferenciales de nuestras políticas a diferencia del discurso de la derecha que excluye y enfrenta las personas de forma irresponsable. La dureza de la crisis ha llevado a que hoy haya más personas que se van de Cataluña que personas que llegan. Sin embargo, somos conscientes de que hay que continuar apostando por las políticas y acciones garantizadoras de la integración de las personas que en la última década se han incorporado a la ciudadanía catalana desde la práctica de derechos y deberes por parte de todos.


    - Combatiremos los discursos racistas, xenófobos y populistas que alimentan la desconfianza y el odio hacia la pluralidad adaptando la Ley de igualdad de trato y no discriminación en la normativa.
    - Hay que garantizar que los y las inmigrantes conozcan las dos lenguas oficiales de Cataluña recuperando las estrategias de la formación no reglada, como las escuelas de adultos.
    - Debemos establecer los mecanismos necesarios para no crear burbujas culturales, ni realidades aisladas. Hay que hacer un trabajo intenso y extenso en la mejora de los barrios, en la mejora de la calidad de vida de las personas y el acceso a la educación.
    - Ofreceremos apoyo para trabajar en los barrios que lo requieran haciendo intervenciones urbanísticas y sociales. En aquellos que ya se han transformado físicamente se intensificarán las políticas de convivencia, de inserción laboral, salud comunitaria, educación de adultos, etc.
    - La ubicación de nuevos espacios de culto se producirá siempre con respeto a la ley y con supervisión de su ubicación por parte de la administración.

    Debemos normalizar el ejercicio de la plena ciudadanía, garantizando los derechos políticos y sociales de la población inmigrada.

    Debemos promover políticas que faciliten la permeabilidad de las nuevas expresiones creativas, artísticas, científicas e intelectuales y su encaje en la sociedad en un marco de pluralidad e interculturalidad.

    LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ES MOTOR DE BUENA SALUD Y DE COHESIÓN SOCIAL

    La política deportiva es de aquellas que muchas personas interpretan como secundaria, relacionada con el ocio y no merecedora de protección especial en tiempos de crisis. Los y las socialistas no compartimos esta visión, que creemos antigua. El deporte juega un gran número de funciones en una sociedad moderna como la catalana. Un rol de promoción de la convivencia y la cohesión, un rol de promoción de la salud, y un rol educativo en toda la etapa de infancia y juventud. De toda esta multiplicidad de roles resulta que muchos catalanes y muchas catalanas lo practiquen y por ello se ha convertido en un ámbito de mucha importancia en términos de empleo y de consumo. Un sector creador de puestos de trabajo que en la mayoría de los casos no consume muchos recursos ambientales y que no es deslocalizable.

    Por todos estos motivos hace años que los y las socialistas trabajamos para la universalización del deporte, facilitando la práctica de actividad física y deportiva en todas las edades. Entendemos el deporte como un derecho individual y colectivo, un instrumento que favorece la salud, el bienestar físico y psíquico de las personas y mejora la convivencia y su integración en la sociedad.

    Es obvio que junto a estas funciones los clubes y las federaciones, el deporte de competición de élite, juega un rol de representación simbólica de colectivos que también ha adquirido gran importancia. Como todas las políticas públicas que en buena parte se basan en el gasto, el deporte debe ser capaz, en un momento de crisis, de concentrar los recursos disponibles en las piezas más frágiles y más necesarias de todo el entramado de equipamientos, administraciones, clubes, consejos y federaciones, pero también empresas, que configuran el sector deportivo.

    En la próxima legislatura entendemos que los principales aspectos en los que hay progresar son la coherencia y la coordinación de las actuaciones de las administraciones. Hay que redefinir el Mapa de Instalaciones y Equipamientos Deportivos susceptibles de recibir apoyo público, e iniciar la segunda fase del Plan de Equipamientos (PIEC) con la programación económica plurianual que sea plausible, pero firmemente comprometida. En los equipamientos educativos también hay que prever que siempre se acompañe un nuevo centro de una pista/pabellón. Es muy importante que la arquitectura deportiva sea transmisora de valores y por lo tanto esté adaptada a las personas con diversidad funcional, tanto para el acceso como para la práctica de deportes, y al mismo tiempo a las tecnologías más eficientes de uso energético y de agua.

    A nivel de servicios a las personas, completaremos el proceso de introducción de la práctica deportiva como método terapéutico en ciertas patologías, con la "receta de deporte" por parte del médico de familia del CAP, haciéndose cargo el Servei Català de la Salut del coste de este tratamiento en un centro deportivo público, pues el coste es inferior al de un tratamiento convencional. En cuanto a la cohesión social, retomaremos la línea de trabajo en favor del deporte femenino, por su potencial generador de igualdad de género.

    Aseguraremos la financiación mínima suficiente para el mantenimiento con dignidad plena del deporte de base en edad escolar y federado, en colaboración franca y permanente con los Consejos Deportivos, las federaciones, la UCEC y la UFEC. Como medida de apoyo a los clubes, incluiremos un porcentaje de las cuotas a clubes con actividad de interés social como gasto deducible en el tramo autonómico del IRPF.

    Queremos finalizar la tarea de definición de los ámbitos profesional y voluntario del deporte, impulsando cada uno de ellos y estableciendo pasarelas que permitan a deportistas y entrenadores que lo deseen acceder a ser un profesional del deporte.

    Y en cuanto a las selecciones deportivas nos comprometemos a apoyar a las selecciones catalanas en aquellos deportes en los que la reglamentación internacional federativa lo haga posible, ahora o progresivamente. No creemos en la politización artificial de las selecciones, pero sí pensamos que el marco jurídico español debe ser lo suficientemente flexible como para respetar la voluntad de las federaciones catalanas, españolas e internacionales para organizar sus competiciones como lo estimen oportuno.

    Por supuesto, también debemos tener cuidado que el resultado organizativo de los Campeonatos Mundiales de Natación y de Balonmano que tendrán lugar en nuestra casa sea de éxito.

     

    TERCER SECTOR, CIUDADANÍA RESPONSABLE

    El Tercer Sector Social en Cataluña lo forman más de 7.500 entidades sin ánimo de lucro que actúan en ámbitos muy diversos relacionados con los colectivos más vulnerables y que defienden valores que forman parte del ideario político del PSC: la justicia social y el bienestar colectivo. Más de 100.000 profesionales atienden a más de 1.700.000 personas, orientándolas hacia su inserción social, promoviendo la educación en valores e incentivando su compromiso social, con especial dedicación y atención al colectivo de niños y jóvenes más desfavorecidos.

    En momentos de grave crisis económica hay que reivindicar el papel capital que el Tercer Sector Social está teniendo, no sin problemas, para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. CiU no ha garantizado en ninguno de sus presupuestos las necesidades económicas necesarias para que las entidades del Tercer Sector Social puedan garantizar la atención a los colectivos más desfavorecidos. El Gobierno de Artur Mas aún no ha pagado cientos de millones de euros que debe a empresas y entidades que prestan servicios de responsabilidad pública, poniendo en riesgo la calidad de la atención a la ciudadanía más vulnerable, complicando la gestión económica y poniendo en riesgo la continuidad de entidades que son viables. Los casos más flagrantes son el impago del mes de julio y los retrasos sistemáticos en los pagos y en las convocatorias de subvención.

    En el PSC planteamos un compromiso firme con el Tercer Sector que significa un compromiso también con los miles y miles de beneficiarios y beneficiarias que ven en la labor de las entidades una posibilidad real para mejorar sus condiciones de vida, su formación, su reinserción social y laboral. Una finalidad que compartimos los y las socialistas: mejorar la calidad de vida de las personas. El PSC quiere apostar por una salida de la crisis conjunta, buscando las sinergias y haciendo de las entidades sociales unos de los ejes básicos para la recuperación económica del país. Nos comprometemos a trabajar de manera conjunta en el diseño, evaluación y aplicación de las políticas sociales y de promoción económica llevadas a cabo por el Gobierno con las entidades representativas del Tercer Sector.

    Dotaremos económicamente el Plan de Apoyo al Tercer Sector Social aprobado en septiembre de 2012, para que no quede sólo en un documento de buenas intenciones.

    Los y las socialistas estableceremos un nuevo marco más transparente para la di

  • 5 Conocimiento y cultura, la mejor inversión

    Compromiso de no rebajar nunca el presupuesto de educación. Invertir en educación 0-3. Eliminar las nuevas tasas de la FP.

    Compromiso de no rebajar nunca el presupuesto de educación. Invertir en educación 0-3. Eliminar las nuevas tasas de la FP.

    INVERTIMOS EN CULTURA, CREAMOS VALORES, GARANTIZAMOS EL ACCESO

    El sistema cultural catalán hoy está amenazado. Existe el peligro de que desaparezcan las bases construidas las últimas tres décadas, que han permitido el más alto nivel de desarrollo cultural en Cataluña de los últimos siglos, y que la cultura acabe situándose en un lugar periférico del proyecto de país. El incremento del IVA, el recorte de los presupuestos públicos, la consideración de la cultura como mero entretenimiento e, incluso, el pensar que los problemas de financiación de la cultura se solucionarán sólo con el patrocinio y el mecenazgo, son los vértices que dibujan el nuevo argumentario de la derecha catalana y española. Ese derecho a la cultura, establecido en el Estatut de Catalunya de 2006, se lo han llevado los vientos de la crisis, pero sobre todo la minimización del papel del Estado y la renuncia de los actuales gobiernos de Cataluña y España a un verdadero desarrollo cultural desde las estructuras de país.

    Es necesario que la cultura adquiera un papel central en la configuración política del país. Para ello, debe tener en cuenta la enorme tradición acumulada, pero sobre todo, debe generar los mecanismos necesarios para no poner en peligro la vitalidad cultural de Cataluña en términos de producción artística, investigación científica y generación de conocimiento. Y por otro lado, se actuará atendiendo a la dimensión social de la cultura, que traduce el derecho a la cultura en servicios, productos y programas que posibilitan la participación en la vida cultural de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas.

    Esta visión compleja del hecho cultural contempla también su dimensión económica, estratégicamente decisiva para el crecimiento y el desarrollo de la economía del conocimiento, y la educativa, porque educación y cultura configuran un sustrato inseparable que obliga a confluir los dos mundos en términos de acción política.

    El momento actual reclama soluciones económicas y administrativas, y exige una sensata gestión de los recursos y una adecuada combinación entre políticas de eficacia y ahorro con otros que potencien los efectos multiplicadores de la acción pública. Cantidad y calidad son dos índices de medición del éxito de una sociedad y de su dimensión cultural: cantidad en la medida en que es imprescindible mantener inalterable el objetivo de asegurar la máxima accesibilidad de toda la ciudadanía a los contenidos culturales, y calidad, en la medida en que la extensión de un mercado global y la proliferación de las tecnologías de la cultura desvirtúan el sutil equilibrio entre ciencia, arte y pensamiento y el inmenso mercado del entretenimiento.

    La actual situación de crisis económica, déficit público y recortes sociales dibuja un escenario en el que peligran gravemente los avances realizados en los últimos años en materia de acceso de la ciudadanía de Cataluña a los productos culturales. El sistema cultural catalán, basado en una variada oferta de equipamientos y servicios culturales públicos y privados a lo largo del territorio, está sufriendo retrocesos estructurales agravados por la falta de sensibilidad de los gobiernos conservadores (de Cataluña y España), que mediante recortes presupuestarios, fiscalidades abusivas (aumento del IVA) y ausencia de políticas activas y compartidas con los agentes y emprendedores, están expulsando las políticas culturales del bloque de políticas de cohesión social propias del Estado del Bienestar.

    La sostenibilidad y viabilidad del sistema cultural catalán están en peligro. Hay que adoptar un plan de medidas de choque para mantener las conquistas básicas alcanzadas, deteniendo una situación de quiebra y poniendo las bases, en el momento actual, para posibilitar la recuperación en un futuro próximo. Si no actuamos ahora de forma decidida, recuperar los niveles de excelencia alcanzados en los últimos años podría convertirse en un reto imposible o de muy largo recorrido.

    Rehacerse de los baches de la crisis, los recortes, el incremento del IVA

    El impacto de la actual crisis económica en los emprendedores culturales y en los públicos, así como la progresiva disminución del gasto público en el ámbito cultural hacen que sea indispensable buscar un acuerdo entre todos los agentes para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del sistema cultural catalán. En el contexto actual, el cultural sigue siendo un sector estratégico para el país. Hay que enfrentar el momento convencidos de que la Cultura tiene un papel crucial, que debe ser considerada un sector preferente y central por el gobierno de Cataluña. Los y las socialistas, presentamos, por tanto, un conjunto de propuestas y medidas para defender y renovar las políticas culturales en Cataluña que nos vuelvan a situar con la capacidad de ser ambiciosos a medio plazo.

    Estableceremos pues de manera concertada nuevas estrategias de captación de nuevos públicos, nuevos usuarios y nuevos practicantes, para que disfruten de los recursos culturales en nuestro país. Concertaremos con la televisión pública y en general con los medios de comunicación, mecanismos de difusión de la oferta cultural. Impulsaremos un plan de fomento de la lectura y de la información, implicando medios de comunicación, autores, editores y bibliotecas.

    Impulsaremos también una estrategia catalana propia para la gestión de los derechos de autor, adaptada a los requerimientos de la sociedad digital, y al servicio de los intereses públicos. Abordaremos con el sector la regulación laboral y fiscal de los ejercicios profesionales y un estatuto específico para la figura del artista.

    Cultura es cohesión

    Dado el momento que vivimos, apostaremos por una nueva dimensión social de la cultura, porque cultura es garantía de cohesión social. Reforzaremos los equipamientos, redes y servicios de cultura de proximidad: bibliotecas, centros culturales, ateneos... Y apoyaremos la participación ciudadana dentro del asociacionismo cultural, así como a la práctica amateur de actividades de cultura popular. Nos reafirmamos en que la cultura popular debe tener como interlocutor único en la administración al departament competente en Cultura. Para este tejido asociativo, crearemos centros territoriales de recursos (instrumentos, proyectores, etc.) para su uso compartido y responsable.

    Estableceremos un plan de apoyo para modernizar las sedes sociales asociativas, especialmente aquellas que ofrecen productos culturales a la ciudadanía, e impulsaremos circuitos de difusión de estos productos. Fomentaremos el desarrollo de las expresiones culturales y artísticas provenientes de la creciente diversidad intercultural del país.

    Oxígeno para el sistema catalán de enseñanzas artísticas

    Ante la grave herida que el actual gobierno de CiU ha producido, con la drástica reducción del apoyo económico, nosotros promoveremos un gran compromiso de país por el redespliegue de las enseñanzas artísticas en el territorio.
    Garantizar la presencia de centros de formación artística y cultural en clave de dimensión educativa, que abarquen desde la profesionalización a las prácticas amateurs y la socialización de los lenguajes artísticos, sigue siendo el punto clave para tener buenos intérpretes y públicos muy cualificados. Restableceremos el marco de concertación entre el Departament d’Ensenyament y los ayuntamientos para mantener y desarrollar las escuelas de música y de danza, mejorando sustancialmente la financiación de las plazas.


    La cultura puede ser palanca para salir de la crisis.

    Si queremos que la cultura como sector económico haga el salto adelante que todo el mundo cree que puede hacer, el grueso del impulso debe venir de la existencia de empresas sólidas y competitivas. En Cataluña ya existen grandes ejemplos de esta dimensión y debemos trabajar para que haya más en todos los segmentos, a fin de arrastrar una multitud de empresas especializadas de tamaño menor.

    Hace falta pues que el sector público reoriente, y más en la actual etapa de restricciones presupuestarias, su política de fomento y apoyo a las iniciativas artísticas y culturales del mundo privado, priorizando la excelencia en combinación con la inserción en el mercado. Para posibilitar esto, es necesario un gran acuerdo entre el Govern de la Generalitat y los emprendedores culturales, con las empresas, así como con las entidades del Tercer Sector, para definir un proyecto estratégico global, con los diferentes planes estratégicos para cada sector.

    Garantizaremos la financiación pública de la cultura en aquellos equipamientos y servicios públicos básicos y, en combinación con el sector privado, en los proyectos culturales que favorezcan el acceso de la ciudadanía a los productos culturales. Definiremos políticas de fomento y de apoyo a la iniciativa cultural, dirigidas a agentes privados y ayuntamientos. Concertaremos con el sector privado proyectos comunes con financiación y gestión compartidos. Mejoraremos la gestión del 1% cultural, con determinación de prioridades y de criterios de concurrencia y transparencia.

    Diversificaremos los instrumentos de financiación y estímulo hacia las propuestas de las empresas culturales que aporten un alto potencial, especialmente las que tengan capacidad de generar un potente mercado cultural interior y de proyectarse internacionalmente. Las inversiones públicas deben buscar amplios niveles de sostenibilidad, deben corresponder al interés social, artístico o científico de cada proyecto, y deben perseguir una mayor complicidad con el capital empresarial y financiero. Hay que combinar con normalidad una mayor acotación de los recursos a fondo perdido (imprescindibles en multitud de casos) desarrollando otras modalidades de apoyo financiero y fiscal a la cultura, como el banco de la cultura, los créditos retornables, el patrocinio social y comercial, los estímulos a la exportación, etc.

    Impulsaremos, en el marco de las políticas industriales, un gran acuerdo con el sector del Cine para avanzar en el desarrollo de la ley del cine de forma efectiva, acordando con los productores nuevas modalidades de apoyo basadas en criterios de calidad y sostenibilidad, y con los distribuidores y exhibidores el acceso de la ciudadanía a películas en catalán y castellano y la modernización de los sistemas de comercialización y exhibición (digitalización de salas).

    Promoveremos una nueva fiscalidad en favor de la producción y de la industria cultural y medidas que fomenten el patrocinio y el mecenazgo culturales, a partir de exenciones y bonificaciones sobre la recaudación fiscal que gestiona la Generalitat. Seguiremos pidiendo permanentemente que se modifique la imposición del tipo de IVA general a ciertos sectores de la cultura.

    Elaboraremos un nuevo entorno de gestión y de objetivos en relación al patrimonio cultural, que asegure su protección, conservación, difusión e investigación, y que ponga en valor los bienes más emblemáticos del país en términos de rentabilización social y turística. Estableceremos un Plan de Turismo Cultural. Actuaremos sobre el patrimonio cultural poniendo el énfasis en el su capacidad de generar identidad, ocio y valor añadido, así como en su capacidad de generar crecimiento económico.

    Promoveremos la internacionalización de las empresas culturales del país, así como la exportación de las producciones culturales catalanas. Incrementaremos la presencia de los productos culturales y de sus creadores en festivales, ferias y programaciones internacionales. Promoveremos un acuerdo -en sentido federal- con España para aprovechar sus estructuras de Estado (a las que tenemos derecho) para difundir y exportar nuestra cultura al mundo.

    Desarrollaremos un plan para la investigación, la innovación y el desarrollo en Cultura, con nuevas estrategias para favorecer la digitalización de los productos culturales y combatir el analfabetismo digital.

    Una gobernanza de la cultura compartida con el mundo local

    Los principales generadores y prestadores de servicios culturales de proximidad son los ayuntamientos, que se encuentran en graves dificultades para mantener su red de equipamientos y su oferta de servicios. Esta gran oferta cultural local, impulsada por los entes locales, de forma voluntaria y con un apoyo históricamente insuficiente por parte de la Generalitat, se encuentra hoy en peligro. Hay que establecer un gran acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el mundo local para garantizar una agenda sostenible de servicios y actividades culturales de forma equilibrada en el territorio. El acuerdo debe basarse en la racionalización de la gestión de los equipamientos culturales nacionales y locales, la puesta en marcha de las redes de equipamientos y los circuitos compartidos de servicios y actividades, y en la modernización de las infraestructuras.

    Diseñaremos un nuevo marco de cooperación concertado con las administraciones locales, que implique un reparto competencial para evitar la duplicidad, la concurrencia y la superposición de servicios y promover la coordinación institucional, la cooperación vía redes y la racionalización de recursos y servicios. La concertación con el mundo local debe ser una constante de las políticas públicas. Aplicaremos criterios de equilibrio territorial para garantizar el acceso de los ciudadanos de todos los territorios a los productos culturales y garantizaremos el apoyo de la Generalitat de Catalunya a las políticas culturales impulsadas por los ayuntamientos. Acordaremos con el mundo local los grandes sistemas territoriales, las redes de equipamientos y los circuitos de distribución de bienes y servicios culturales en el territorio.

    Estableceremos, para ordenar y planificar los servicios culturales de país, las áreas de centralidad cultural en Cataluña alrededor de las principales aglomeraciones urbanas, potenciando las especificidades culturales de cada territorio. Reconoceremos y reforzaremos la capitalidad cultural de Barcelona, como gran conector con los circuitos internacionales.

    Estimularemos la creatividad y la actividad artística, desplegando medidas concertadas con el sector para desarrollar las artes visuales, escénicas y musicales, apostando por la excelencia, el riesgo y la innovación, garantizando la distribución de las producciones por el territorio mediante la red básica de equipamientos (escenicomusicales, centros de arte...) y consolidando los festivales y ferias de nuestro territorio en materia de música, teatro, cine y circo.

    Finalizaremos el mapa bibliotecario básico terminando las bibliotecas pendientes, modernizando el equipamiento de las existentes, recuperando la inversión en adquisición de documentos, y colaborando con los ayuntamientos para asegurar los servicios bibliotecarios mínimos.

    Introduciremos nuevos criterios de eficacia y racionalización en la gestión de los grandes equipamientos culturales. Garantizaremos su autonomía de gestión; impulsaremos nuevas fuentes de financiación; aplicaremos los principios de buenas prácticas para seleccionar los directivos mediante concursos públicos y abiertos; generalizaremos los contratos-programa entre el Gobierno y el equipamiento con indicadores y objetivos evaluables y realistas.

    Consolidaremos el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, reforzando principalmente su papel prescriptor de la política cultural catalana. Necesitamos un CoNCA que sea una voz prestigiosa, independiente y solvente que lidere y modere el debate cultural en el país. Nuestra apuesta es otorgar al CoNCA un papel preeminente junto al Departament de Cultura.
    Impulsaremos las mínimas reformas legislativas y normativas para modernizar y adaptar el sistema cultural catalán a los nuevos escenarios, aplicando el principio de economía normativa y priorizando el desarrollo de planes y programas de gobierno y acuerdos de concertación (convenios). Implantaremos mecanismos de coordinación interdepartamental con otras áreas del Govern para adoptar compromisos concretos de acción conjuntos en determinadas materias: enseñanzas artísticas; lengua; turismo y patrimonio; ordenación territorial, paisaje y patrimonio; industria y empresas culturales; internacionalización; audiovisual y CCMA, Memoria Democrática, enseñanza superior, etc.

    Promoveremos la resolución de los conflictos históricos pendientes con la Administración Central del Estado, de forma valiente y combativa, pero sin renunciar al pacto y a la negociación. Reclamaremos la participación del Ministerio de Cultura en los grandes equipamientos culturales catalanes con la exigencia de mantener los recursos aportados por el Estado antes del acceso del PP al gobierno.

    En definitiva, propondremos al sector un gran Pacto Nacional de Política Cultural, que, liderado por el Govern de Catalunya, implique a todos los agentes culturales del país. Este gran acuerdo se establecerá, en primer lugar, con el mundo local, para garantizar una agenda sostenible de servicios y actividades culturales de forma equilibrada en el territorio; en segundo lugar, con los emprendedores culturales, con las empresas, y también con las entidades del Tercer Sector, para definir un proyecto estratégico global, con los diferentes planes estratégicos para cada sector; en tercer lugar, con los sectores financieros y empresariales de Cataluña más dinámicos en favor del patrocinio y el mecenazgo cultural, que posibilite el aportación de nuevos recursos privados a la cultura, y en cuarto lugar, con la sociedad civil catalana, para socializar los servicios culturales, estimular la participación cultural y generar nuevos públicos.

     

    EXCELENTE EN EDUCACIÓN PARA UN FUTURO MEJOR

    La libertad, la igualdad y la solidaridad, los valores tradicionales del socialismo son el eje vertebrador de nuestra política educativa, y trabajamos para conseguir una sociedad más justa y cohesionada. Para ello, nuestro proyecto recupera la calidad de la educación y la equidad, tanto en su acceso como en las oportunidades que debe brindar por igual a todos, teniendo en cuenta la diversidad del territorio, pero igual en su trato y oportunidades. La escuela catalana es la esencia de nuestro sistema educativo.

    En este sentido, el profesorado es la clave para la modernización del sistema educativo al cual aspiramos para Cataluña. Por ello, la carrera docente (que incluye tanto la formación inicial y la continua, como la innovación y las nuevas metodologías educativas) será uno de los principales ejes de nuestra acción política. También, en la misma línea de apoyar la tarea docente, los principales ejes de mejora organizativa se centran en la evaluación, la dirección y la autonomía en los centros educativos. El profesorado, como hemos dicho, es la clave del sistema para elevar el conocimiento y las capacidades del alumnado, que es el principal objetivo para el que orientamos nuestra política educativa.

    En dos años de gobierno de CiU, ninguna de sus propuestas electorales en educación ha sido desarrollada con éxito. Se han dedicado, sin embargo, a desmontar y deshacer, por un lado, todos los avances logrados en etapas anteriores, y de otra han afectado de forma lesiva a la calidad de la educación en nuestro país, aplicando recortes y desinvirtiendo en educación: menos becas y ayudas para las familias, menos profesorado, supresión de la sexta hora, freno a las infraestructuras, freno a la introducción de nuevas tecnologías en el aula, así como un menosprecio del trabajo conjunto con los ayuntamientos, reduciendo las aportaciones del gobierno a las enseñanzas en la guardería, las escuelas de música y de adultos. El actual gobierno se ha centrado en organizar administrativamente su trabajo, pero no se ha orientado a la ciudadanía, ofreciendo un servicio eficiente y eficaz, ya que la actuación de su cuadro directivo se ha limitado a establecer los mecanismos de recorte, sin un proyecto de trabajo centrado en la mejora del sistema. En definitiva se ha perdido de perspectiva la LEC, que ha dejado de ser la referencia.

    Así, ha vuelto a los viejos esquemas de "recentralización" (todo se dirige, de forma jerárquica, desde el Departament d’Ensenyament), limitando la capacidad de los centros para adaptar su labor a la realidad de su entorno y limitando la capacidad directiva, considerando a ésta como un "tercer brazo" para ejecutar las instrucciones de la administración educativa. Y todo ello, sin hacer frente a un PP que está cambiando el modelo educativo en el conjunto del Estado español, relegando al sector público a una función más asistencial, y basando su sistema en un sistema de segregación temprana del alumnado. Los y las socialistas plantaremos cara a este modelo con firmeza.

    Invertir en educación es invertir en calidad, ahora y para el futuro, para tener un país mejor preparado y con capacidad para afrontar las dificultades, la crisis. Y la educación pública ha sido la principal receptora de todos los recortes. Por ello, hay que recuperar el nivel de calidad que la educación necesita para Cataluña, modernizando nuestro sistema educativo.

    La modernización del sistema educativo incluye, también, una nueva relación con las familias, con los padres y las madres de alumnos, desde la escuela hasta el final de la escolarización obligatoria, pero también una nueva y más estrecha relación con el mundo económico y profesional tanto en los estudios de bachillerato y de formación profesional como en los estudios de educación superior. Finalmente, pero no menos importante, la modernización del sistema educativo requiere el esfuerzo unánime para introducir de forma decidida los aprendizajes de lenguas extranjeras y de nuevas tecnologías dentro del aula ordinaria. Todo ello, con unos espacios dignos, unos recursos suficientes y adaptados a las necesidades del territorio.

    Somos conscientes de que se requiere un restablecimiento de puentes y diálogo con los principales agentes educativos y, si es necesario, rehacer el despliegue de la ley en base al nuevo contexto actual y con visión de futuro. Pero también somos conscientes de que tenemos un proyecto completo para la educación en Cataluña, con ideas, con propuestas. La educación, más que un servicio básico que se recorta por falta de recursos, es un servicio básico esencial que se debe potenciar para fortalecernos como personas, como sociedad y como país. Queremos sintetizar nuestra apuesta decidida para volver a situarnos en el camino de desarrollo de una educación de calidad para todos con tres compromisos esenciales.

    Formación y cualificación profesional a lo largo de la vida

    Cataluña necesita un sistema de cualificación que forme profesionalmente personas que, además de saber y poder hacer, deben ser competentes para ser capaces de abordar la innovación y de resolver procesos sociales y productivos complejos. La formación profesional debe dar respuesta a su misión de servicio público. Debe contribuir a la mejora de la calificación, entendida como un conjunto de conocimientos, aptitudes, actitudes y experiencias que dotan al trabajador de mayor autonomía, lo que les permitirá desarrollarse personal y profesionalmente. En este contexto, siempre hemos defendido el derecho de todas las personas a disfrutar de una formación/cualificación a lo largo de la vida como garantía para su bienestar.

    El balance de los 2 años de gobierno de CiU en esta materia no puede ser más desalentador: eliminación del programa FP.CAT sin que se haya propuesto programa alternativo, fracaso en el intento de integración del sistema a través del consejo catalán de la FP, incapacidad de llevar a cabo el proceso de acreditación de competencias por parte del SOC, reducción a la mitad de los importes destinados a formación para el empleo dirigido a trabajadores en paro y ausencia de convocatoria 2012 de PCPI, dejando a los y las jóvenes provenientes del fracaso escolar sin una herramienta básica de inserción.

    Por eso los y las socialistas nos proponemos volver a poner las políticas de calificación y FP en el centro del debate político como herramienta clave de desarrollo económico y social, dotándolas de una financiación adecuada. Hay que establecer un sistema integrado de cualificación profesional como garantía de progreso social y articular la FP en un sistema único, integral e integrado, conectado con la empresa y los sectores productivos de cada territorio.

    Para aumentar el número de personas que se forman para el trabajo, en primer lugar:

    Además de estas medidas que son socialmente muy urgentes, planteamos iniciar muchas otras líneas de trabajo:

    - Multiplicaremos el número de trabajadores que se forman en las empresas de Cataluña y conseguiremos llegar a todas las categorías profesionales de las empresas. En especial, aumentaremos el uso de la formación profesional a las PYME universalizando el acceso a la formación profesional para el empleo, para lograr incrementar la participación de las personas trabajadoras de las PYME y microempresas en el sistema de formación para el empleo.
    - Organizaremos las políticas laborales de empleo y cualificación para garantizar que respeten las trayectorias vitales de las personas.
    - Promoveremos políticas de formación específicas para las personas trabajadoras de los sectores más afectados por los efectos de la crisis en otros sectores vinculados con capacidad de creación de puestos de trabajo que nos ayuden a fortalecer y modernizar nuestro modelo productivo. En especial se impulsarán fondos para la formación en el ámbito de las energías verdes y de las industrias y servicios de valor añadido.
    - Incentivaremos la permanencia del alumnado en la enseñanza secundaria postobligatoria.
    - Garantizaremos la calificación de las personas en paro mediante la capitalización de la formación para el empleo, la gestión de ofertas de trabajo basada en el sistema de calificaciones, y la construcción de un sistema de reconocimiento de la experiencia profesional. A estos efectos, garantizaremos el reconocimiento formal de la experiencia profesional.
    - Extenderemos la formación en alternancia (estudiantes de Formación Profesional que compaginan estudios con trabajo de calidad relacionada con su especialidad -aprendices-) más adaptada a las necesidades de las empresas y el territorio y con modalidades contractuales adecuadas. En este sentido, apostaremos por un modelo que procure la vinculación de la formación profesional reglada en el ámbito laboral.
    - Impulsaremos la transferencia completa de los fondos de formación dedicados prioritariamente a las personas ocupadas en Cataluña, así como la gestión del programa de bonificaciones a la contratación estable ya la formación continua bonificada para las empresas.
    Para mejorar la calidad de la FP y conectarla con la empresa...
    - Impulsaremos una Ley Catalana de Formación Profesional, que incorpore los elementos definidos en la Llei d’Educació de Catalunya, en especial aquellos relativos a la formación para el empleo, que defina, ordene y establezca la gobernanza del sistema de FP, incorpore el catálogo de calificaciones, integre los sistemas, especifique los centros y garantice la financiación, poniendo de relieve las formas de adquirir, reconocer, evaluar y, sobre todo, acreditar los resultados formativos, desarrollando el marco legal en Cataluña dentro del contexto global de los organismos internacionales de las calificaciones.
    - Apostaremos por las "competencias clave", aumentando significativamente las capacidades lingüísticas, digitales y habilidades personales de los trabajadores de Cataluña, en línea con la Estrategia Europea 2020.
    - Regularemos todas las actuaciones que conducen al reconocimiento de las competencias profesionales y los estudios no formales como fórmula de crecimiento profesional y de mejora de la productividad empresarial.
    - Flexibilizaremos los estudios de FP para acercarlos aún más a la empresa a través de la implantación de más proyectos innovadores FP.CAT y de la integración progresiva de los tres sistemas de formación profesional.
    - Desarrollaremos estrategias específicas de calificación en sectores clave: biotecnología, automoción, aeroespacial...
    - Incentivaremos la puesta en marcha de planes de formación continua, corresponsabilizando a las personas trabajadoras y a las empresas, que sean transversales a todas las categorías profesionales, especialmente para empresas de más de 25 trabajadores/as en Cataluña.
    - Favoreceremos la experiencia profesional internacional, sobre todo para las personas jóvenes, a través del incremento de la movilidad laboral que fomentará la nueva Oficina de Trabajo Internacional.

     

    UNA UNIVERSIDAD DE PRIMER NIVEL PARA ATRAER Y GENERAR TALENTO

    El modelo económico que Cataluña quiere alcanzar requiere un sistema de educación superior del máximo nivel, capaz de formar y de captar talento. Es necesario un compromiso firme de toda la comunidad académica, así como de las autoridades públicas para promover las universidades que Cataluña necesita. Es necesario un esfuerzo decidido para colocar nuestras instituciones universitarias en el mapa del conocimiento global. Este es un reto complejo pero imprescindible.

    La universidad debe rendir cuentas a la sociedad de sus resultados y los medios empleados para su obtención, respetando su autonomía, tal como viene definido por las leyes que rigen su existencia y su funcionamiento. Esto implica la mejora de los mecanismos de gobernanza de la universidad, orientados a dar voz y potenciar la cooperación entre los diversos colectivos en la universidad y, al mismo tiempo, abrir espacios de relación e información con la sociedad para articular instrumentos para la rendición pública de cuentas en el uso que las universidades hacen de los recursos humanos y económicos de que disponen.

    Pondremos en marcha la marca «Universidad de Cataluña», que permita la coordinación y colaboración entre las universidades para garantizar una proyección y una promoción exterior de la cual salga beneficiado el país, al tiempo que cada universidad mantiene su carácter propio. Así, se facilitará una gestión más eficiente de los recursos comunes, respetando la autonomía universitaria.

    Fomentaremos un pacto con todas las universidades para racionalizar, optimizar y fortalecer la oferta de grados, másteres y doctorado, con el objetivo de promover un uso más eficiente de las capacidades docentes de nuestros departamentos, mejorar la calidad del proceso educativo y la capacidad de respuesta a las demandas de profesionales por parte de la sociedad. De esta manera, aumentaremos la proyección de la oferta catalana en el ámbito español e internacional.

    Fomentaremos la internacionalización de los másteres universitarios e interuniversitarios de excelencia.

    Potenciaremos los doctorados a través de la creación de las escuelas de doctorado, que irán ligadas a la potencialidad de la investigación. Para conseguirlo, habrá que trabajar su internacionalización, y fomentar su interrelación real con la actividad investigadora en todos los ámbitos del conocimiento y de la técnica que se llevan a cabo en los departamentos universitarios y en los centros e institutos de investigación; promoveremos mecanismos para facilitar la inserción laboral de los doctorados y las doctoradas.

    Impulsaremos un Espacio de Educación Superior de Cataluña que permita la coordinación y la flexibilidad de matriculación del alumnado entre las diferentes ofertas de estudios superiores: grados, másteres, doctorados, formación profesional, enseñanzas artísticas y de deportes, formación a lo largo de la vida, garantizando la igualdad de oportunidades y el rigor en este proceso.

    Estableceremos sistemas de orientación y de inserción laboral para el estudiante universitario que permitan dar respuestas individualizadas tanto antes de entrar en la Universidad como durante su estancia en el centro, y en el momento de su salida hacia el mundo laboral como profesionales de las diversas ramas del conocimiento.

    Promoveremos un proceso de debate y consenso para iniciar la reforma del sistema de gobernanza de las universidades, para garantizar un gobierno más eficiente, eficaz, transparente y participativo de las universidades, así como el rendimiento de cuentas de los recursos públicos utilizados y los resultados académicos y de investigación producidos.

    Trabajaremos para establecer, estabilizar y hacer sostenible un marco de financiación de las universidades que responda adecuadamente a los retos de la sociedad catalana en el contexto actual: una formación de calidad y de excelencia, y una producción y difusión del conocimiento científico, tecnológico y cultural que sea un potente instrumento de progreso de la economía del país y de mejora del bienestar social de la ciudadanía.

    Estableceremos un modelo catalán de becas, ayudas y créditos y revisaremos la política de precios y tasas instaurada por el gobierno de CiU. Hay que reformar el sistema haciéndolo más justo, más eficaz y más transparente. Así, el nuevo modelo de precios, becas y créditos estará basado en los siguientes principios:

    • Equidad de acceso: estableceremos una política de becas equitativa para evitar discriminaciones de entrada a la Universidad por razones económicas y territoriales. Habrá que estudiar mecanismos para introducir criterios de progresividad económica en base a la renta familiar en el momento de fijar el precio de la matrícula.
    • Igualdad de oportunidades: estableceremos becas-salario para garantizar la permanencia en el sistema y evitar el abandono y pérdida de talento por causas socioeconómicas.
    • Retención de talento: que los mejores estudiantes puedan incorporarse a grupos de investigación con un sistema específico de becas.

     

    POLÍTICA LINGÜÍSTICA: SENTIMIENTO, COHESIÓN Y COMPETITIVIDAD

    El gobierno de CiU nos ha hecho retroceder en el tiempo también con el tipo de Política Lingüística que ha trazado en estos dos años. Ubicando la Dirección General de Política Lingüística dentro del Departament de Cultura ha vuelto a su modelo clásico de relato restringido y mirada pequeña: el identitario. Para el gobierno de CiU la lengua sólo es nación e identidad.

    Para el PSC, la lengua -y la política lingüística que le da cobertura- es eso y mucho más: es cohesión social e igualdad de oportunidades. En un mundo complejo y en una Cataluña cambiante y diversa, hay una óptica amplia que plantea una gestión multilingüe transversal dirigida a tener una sociedad preparada lingüísticamente y, como mínimo, trilingüe.

    Los y las socialistas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del catalán, nuestra lengua propia. Un compromiso firme y probado, que no excluye, sino que suma, el papel social del castellano, lengua de muchos catalanes y catalanas. Para nosotros, la política lingüística es social, pública, para la cohesión social, la conformación de la ciudadanía y la igualdad de oportunidades. Una política que se debe implementar con normalidad, desde los diferentes niveles de gobierno del Estado, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de cada uno. La política lingüística que queremos se fundamenta en diez principios básicos: la superación del enfoque reduccionista tradicional, la defensa del modelo educativo vigente, la garantía de la formación lingüística de la población adulta como un derecho, el trabajo imprescindible con las entidades locales, organizaciones y sociedad civil, las acciones dialogadas con los sectores para lograr el uso normal del catalán en todos los ámbitos, el multilingüismo como futuro, la preparación y competencia en lenguas extranjeras, la implicación y corresponsabilidad del gobierno español, la coordinación, planificación, garantía de los recursos imprescindibles y la eficiencia en su ejecución.

    Por una política lingüística adecuada a las necesidades de la sociedad actual...
    - Consolidaremos el sistema de inmersión lingüística que garantiza un solo modelo de sociedad con igual acceso al conocimiento.
    - Haremos que la red pública garantice prioritariamente el acceso a la alfabetización y la formación lingüísticas de las personas adultas que no saben catalán. Aseguraremos las posibilidades de acceso al aprendizaje de la lengua castellana a las personas inmigradas adultas que no lo entienden ni lo hablan.
    - Garantizaremos que en las políticas para el empleo para jóvenes y adultos haya formación en competencias lingüísticas, especialmente en lengua catalana.
    - Garantizaremos el desarrollo de la Ley del occitano, aranès en el Arán.
    - Recuperaremos el enfoque transversal de la Política Lingüística ubicando su dependencia directa a Presidencia para realizar acciones efectivas de fomento del catalán y a la vez acciones dirigidas a tener, como mínimo, una sociedad trilingüe.
    - Ejecutaremos un Plan integral transversal e interdepartamental para la formación en lenguas de la Generalitat que aglutine, ordene y coordine las diferentes estructuras y programas inconexos que ahora existen dependiendo de diferentes departaments para dar servicios de formación y sensibilización lingüística a la ciudadanía, especialmente a los adultos.
    - Impulsaremos el trabajo dialogado y coordinado con los sectores implicados para garantizar una oferta suficiente de producción bibliográfica y didáctica en lengua catalana para poder ser leída en soportes electrónicos y para diseñar programas de impulso y acompañamiento a las empresas catalanas que desarrollan tecnologías lingüísticas.
    Para garantizar el conocimiento y valoración del plurilingüismo...
    - Impulsaremos, en el marco del Estado español el reconocimiento y valoración de las lenguas que se hablan en España a través de iniciativas que en consoliden el carácter plurilingüe como las que recoge nuestra propuesta dentro de la Ley de Reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España presentada al Senado.
    - Trabajaremos para fomentar los valores positivos de las lenguas y para hacer desaparecer del escenario social y político la confrontación entre lenguas que pone en riesgo la convivencia y el patrimonio lingüístico común.
    - Continuaremos trabajando para que la lengua catalana pueda ser utilizada en todas las instituciones del Estado y de la UE donde todavía no está presente.
    Para alcanzar plena competencia en lenguas extranjeras...
    - Impulsaremos el Plan interdepartamental Catalunya speaks English de competencia en lengua inglesa: coordinaremos los esfuerzos de los departaments de la Generalitat (Educación, Cultura...) con la CCMA (TV3, C33, CatRadio...) y con el sector privado (prensa, salas de cine...) para mejorar y dar un salto cualitativo en competencia en lengua inglesa.
    - Impulsaremos planes de apoyo y fomento para que la población adulta pueda adquirir también competencia en lenguas extranjeras, como mínimo en inglés.
    - Intensificaremos la información a la ciudadanía sobre las lenguas extranjeras más habladas con las que convivimos en Cataluña y trabajaremos para impulsar su conocimiento. 

  • 6 Sostenibilidad: obligaciones y oportunidadesobligacions i oportunitats econòmiques

    La sostenibilidad como motor para crear trabajo. Impedir privatización de los recursos naturales. Invertir en transporte público colectivo. Luchar contra los desahucios.

    La sostenibilidad como motor para crear trabajo. Impedir privatización de los recursos naturales. Invertir en transporte público colectivo. Luchar contra los desahucios.

    La legislatura que cerramos ha sido la peor, en materia territorial, desde la reinstauración de la Generalitat. Prácticamente se puede hablar de una no-legislatura. En términos comparativos con las dos últimas, donde la gran producción de normativa, de planificación y de obra pública quedará como una referencia de futuro, en esta novena legislatura tanto la ordenación territorial, como la creación de infraestructuras, la movilidad o el cuidado del medio ambiente o se han estancado o han ido hacia atrás.

    El gran símbolo de esta regresión ha sido el nonato proyecto de EuroVegas. Una implantación territorial en un entorno protegido que dañaba todos los frágiles equilibrios del Área Metropolitana de Barcelona. Otra vez una visión especulativa del territorio fomentada desde el Govern, directamente a la contra del proceso de los últimos ocho años, dominados por el consenso en torno a un modelo de consumo sostenible del suelo y de coexistencia pacífica de los usos. Por suerte para Cataluña, el gobierno de Artur Mas también ha fracasado en este dossier.

    Por supuesto que en materia de inversión las escaseces presupuestarias han hecho disminuir el volumen de licitaciones y la producción de obra civil. Un único dato: según la Cámara de Contratistas la obra civil ha caído en Catalunya un 90%, por el paro generalizado de obras. En un momento tan complejo, los y las socialistas también hubiéramos reducido esta partida, pero había que demostrar las prioridades "salvando" algunas obras de especial relevancia, como los tramos en Sabadell y Terrassa de los FGC (en tiempo de descuento ha anunciado que se reanudarán las obras), o diseñando escenarios financieros que permitieran no detener grandes obras como el tramo central de la L9. Es cierto que algunas empresas como INCASÒL, promotora pública de vivienda y suelo, tenían problemas derivados de la falta de dinámica del mercado financiero e inmobiliario, que las obligaban a reducir actividad y a intentar nuevas utilidades de su stock de pisos por ocupar. Pero aislado este problema (no menor), la realidad es que la política de inversiones del Gobierno ha caído en un pozo (y los ERE de GISA y INCASÒL han significado aún más el debilitamiento de dos instrumentos públicos básicos para hacer políticas públicas de territorio y de infraestructuras) sin que ni el conjunto del país, sus sectores productivos y el propio sector de la obra civil hayan conocido un plan de contingencia con las prioridades y compromisos a medio plazo del gobierno. ¿Dónde está, por ejemplo, el cuarto cinturón que CiU decía que se pondría en marcha inmediatamente? ¿O por qué se enajena Tabasa y Túnel del Cadí si son unas de las pocas vías de financiar nuevas infraestructuras?

    No hace falta ni recordar que tanto el presupuesto del Estado de 2012 como el de 2013 incumplen claramente la disposición adicional tercera (DA3) del Estatut, que cínicamente el gobierno del PP ha incluido en la categoría del "ahora no toca". Pero lo más doloroso es que en su infinito conformismo victimista de la gestión diaria, el Govern prácticamente ni ha protestado. Ha protestado mucho más por el impago de las liquidaciones de la DA3 de años anteriores, que no pensaba destinar a obras propias como preveía el Estatut sino a enjugar déficit. El gobierno tampoco ha sabido hacer nada más que mala política con el Corredor del Mediterráneo. En vez de exigir del Estado y pactar con él un calendario de obras ambicioso, sólo ha sabido clamar contra todos, pasando de puntillas sobre sus propias responsabilidades. En este sentido, parece más inteligente, aunque sea chocante, que el propio Puerto de Barcelona haya previsto financiar sus obras ferroviarias de acceso, esperando a ser compensado más tarde.

    En materia de movilidad, la decisión principal ha sido el recorte de servicios y el incremento de precios. Las líneas de transporte terrestre de baja rentabilidad en términos económicos (que no sociales o territoriales) han sido reducidas, y el precio para el usuario ha crecido como nunca. Otro ejemplo de la injusticia social que consiste en tener menos y pagar más, una constante en la gestión de CiU.

    Los aeropuertos medianos de Cataluña (Girona, Reus, Alguaire) han sido sacudidos por los choques del Govern con el principal cliente de los mismos. En El Prat, el embrión de gestión compartida que vio la luz a finales del Gobierno del PSOE fue rápidamente ahogado por el nuevo gobierno del PP, ante el silencio de CiU. El proyecto de convertirse en un hub ha quedado prácticamente enterrado. Es otro de los grandes fracasos de la legislatura. Como también lo ha sido la política en relación al servicio de cercanías. El Govern no ha sabido definir un escenario: por un lado no reconoce el acuerdo de transferencia pero por otra parte no sabe contemplar ni negociar alternativas. Un servicio en tierra de nadie que no ha mejorado calidad y que no tiene horizonte definido.

    En materia de territorio el Govern ha alterado el ritmo de producción de Planes Directores Urbanísticos que querían dejar pactados los desarrollos de algunos de los espacios con mayor presión del país. Preocupa mucho que CiU no esté reaccionando ante las peligrosas propuestas del PP sobre la nueva ley de costas ni sobre el anuncio de una modificación de la legislación que permita una "amnistía inmobiliaria". La única actuación normativa del gobierno catalán ha sido la modificación de las Leyes de Urbanismo y del Derecho a la Vivienda, en la línea de la desregulación, que si bien en ciertos puntos concretos puede ser interesante, no puede ser el único discurso. Cataluña es un territorio muy ocupado y muy complejo, que necesita consenso y ordenación, y no ‘ir tirando’ con la especulación.

    Las políticas de vivienda han sido claramente insuficientes, en parte debido a la situación económica objetiva de empresas como INCASÒL, pero también en parte por poner recursos decrecientes a problemas crecientes, como son las ayudas al alquiler y los alquileres sociales.

    Y en materia de medio ambiente las principales medidas han sido la subida del precio del agua, que responde a una realidad de déficit de la ACA, pero que se ha resuelto por la vía más rápida: cargarlo a los usuarios haciendo ver que quienes subían el precio eran los ayuntamientos. El modelo de gestión sostenible que recibió elogios de la UE ha sido atacado y la idea del trasvase del Ródano (ahora ya demostradamente no viable ni ecológicamente ni económicamente) olvidado. Pero lo peor ha sido el proceso de venta de Aigües Ter-Llobregat. En primer lugar el retorno de esta venta no servía para reducir la deuda de la ACA sino para reducir el déficit de la Generalitat, pero en segundo lugar el producto de esta venta supondría el incremento del precio del agua en alta por encima de lo necesario, con un claro componente antisocial.

    La práctica inactividad ha sido la tónica en la gestión del medio natural. La única ley, sobre un tema muy concreto: la caza de pájaros fringílidos. Un simple dato: los recursos para los Parques y para la gestión de los espacios protegidos, de entre todas las políticas del Govern, han sido los más recortados. Este dato demuestra la poca visión de progreso hacia el mundo rural de CiU, que no ha planteado políticas para dinamizar económicamente su patrimonio natural. Y no se puede finalizar este brevísimo análisis sin recordar cómo CIU dijo que reduciría la superficie de zonas ZEPA en el ámbito del Segarra-Garrigues y, una vez en el Govern, ha desdibujado lentamente la promesa electoral hasta deshacerla. ¡Qué fácil es halagar a unos oídos para arañar votos!

    En este contexto de dificultades económicas, pero convencidos de que hay mucho por hacer y se pueden concentrar los esfuerzos en lo más importante, los y las socialistas nos planteamos los siguientes objetivos:

    Objetivos del PSC para la próxima legislatura

    • Hacer de la mitigación y la adaptación al cambio climático una prioridad de gobierno y uno de los nuevos grandes motores económicos del país y generadores de puestos de trabajo.
    • Volver a hacer de las políticas de transporte colectivo una política social y de cohesión territorial y de protección medioambiental.
    • Impedir la privatización de los recursos naturales y asegurar los equilibrios del medio natural y su aprovechamiento económico.
    • Retomar progresivamente la inversión en infraestructuras, empezando por las que Cataluña requiere más para su competitividad.
    • Hacer de las políticas de vivienda una de las garantías de la cohesión social en tiempos de crisis.
    • Mitigar el cambio climático genera obligaciones, pero es una oportunidad que no podemos dejar pasar

    La mala noticia que todos conocemos es que las conferencias mundiales sobre emisiones de gases de efecto invernadero no terminan en acuerdo. Pero, mientras llega el acuerdo, el nivel de compromiso de la UE para alcanzar objetivos ambiciosos es muy alto y Cataluña -aquí sí, en recortes no- debe ser líder. Porque más allá de que reducir emisiones significa modificar hábitos y asumir algunas limitaciones nuevas, la transición a una economía baja en carbono es una gran oportunidad para dinamizar la actividad económica y sobre todo ciertos sectores industriales que con la bajada de la construcción y del consumo están sufriendo mucho. Este es un tema que no puede llevarse adelante sin unir esfuerzos. El esfuerzo de todos los departamentos del Gobierno, pero también el esfuerzo de empresas, consumidores e incluso los medios de comunicación, sindicatos y universidades.

    Apostamos por elaborar una Ley de Cambio Climático y Energía que permita obtener objetivos a corto, medio y largo plazo y que promocione inversiones del gobierno y del tejido productivo y social. Inversiones públicas, privadas o mixtas. A tal efecto, desde el Govern promoveremos el emprendimiento de grandes, medianas y pequeñas empresas, de cooperativas y de iniciativas de economía social que deben ser fuente de generación de puestos de trabajo en cada municipio. Esta ley incluirá medidas económicas, de producción energética, transporte, construcción, etc. y deberá ser la palanca para alcanzar los objetivos marcados en la Convención.

    Esta ley impulsará instrumentos concretos como diferentes fondos financieros para poner en marcha políticas de ecorehabilitación, ecotransformación de los procesos industriales, etc., al tiempo que impulsará los proyectos de vehículo eléctrico y Smart City (ver apartado de economía de este programa). Este conjunto de fondos constituirán lo que se entiende por banca de inversión verde.

    Sin embargo hay que recordar que un puesto de trabajo bajo en emisiones no es sólo aquel que está en relación con tecnologías de eficiencia energética o de gestión de residuos, agua etc., sino todos aquellos que no consumen recursos. En este sentido todos los puestos de trabajo de atención a las personas (dependencia, cuidado de niños) también son "verdes" y por tanto los y las socialistas impulsaremos este espacio laboral que tiene efectos sociales especialmente positivos.

    La movilidad es un derecho de ciudadanía que el precio del transporte público no puede conculcar

    El sistema de transporte público tiene un déficit creciente. Las administraciones aportan menos –hay que criticarlo- y la única respuesta que ha encontrado el gobierno de CiU es subir abusivamente el precio a los usuarios. En tiempos de crisis y de altos precios de la gasolina para el transporte privado esta política es injusta y antisocial. Los y las socialistas creemos que hay que construir un sistema de financiación nuevo.

    Este acuerdo, con toda seguridad, deberá incluir nuevas fórmulas de ingresos tomando como base experiencias en vigor en otros países de Europa desde hace mucho tiempo en relación a la financiación de la movilidad cotidiana por motivo de trabajo o de estudios, por ejemplo.

    Más allá de la financiación, ciertos tipos de transporte requieren mejoras claras. De manera especial, llevaremos a cabo una apuesta progresiva y continuada por los servicios ferroviarios, desarrollando y ampliando los acuerdos de los traspasos de regionales y cercanías, negociando más recursos con el Estado y exigiéndole el cumplimiento de las inversiones comprometidas (Plan de Cercanías 2008-2015, etc.). Impulsaremos las reformas legislativas que nos doten de mayor capacidad de gestión del sistema ferroviario. Promoveremos la regulación normativa y legislativa de la calidad ferroviaria como objetivo real de la ciudadanía.

    En cuanto a la movilidad privada, hay revertir la política de incremento exagerado de precios de los peajes a la que nos ha llevado CiU. Cataluña debe tener una estructura tarifaria justa y territorialmente más equilibrada, pensada en términos de movilidad sostenible y segura. En esta lógica, el sistema de peajes por concesión pública debe aportar a las empresas operadoras un rendimiento razonable, pero no a costa de unos precios que sean un lastre para la competitividad del país.

    Este modelo incluirá la extensión de las tarifas variables en función de la hora, la ocupación del vehículo, las emisiones de gases, y la recurrencia. Es cierto que el Estado no ha pagado las cantidades comprometidas en materia de bonificación de peajes, pero esto no puede repercutir en la ciudadanía cuando las empresas operadoras tienen cojín financiero para esperar el pago del Estado.

    Hay que decir que entendemos que Tabasa y Túnel del Cadí S.A. deben mantenerse como operadoras públicas, y detener su privatización, para que sus beneficios puedan reinvertirse o bien en bajar precios de peaje o bien en nuevas infraestructuras.

    A la vez que se hace esta negociación global de precios, habrá que introducir nuevos elementos de gestión que impliquen la aplicación de un peaje blando en aquellos tramos de autopistas en los que no hay alternativa gratuita (caso de la AP-2 entre Montblanc y Lleida, la AP-7 en Girona, etc.).

    Hacer un buen aprovechamiento social y económico del medio, no privatizarlo.

    Desde el inicio de la legislatura, CiU ha querido privatizar elementos clave de la gestión medioambiental, como es la empresa Aigües Ter-Llobregat, para reducir el déficit de la Generalitat. Para nosotros, los y las socialistas, eso es todo lo contrario de lo que hay que hacer.

    Partiendo de la directiva europea que establece la internalización de costes, convocaremos a las partes (Generalitat, mundo local, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, empresas operadoras) a una Mesa para la financiación del agua. Creemos que hace falta mucho diálogo (todo el que le ha faltado al Gobierno de CiU) sobre una estructura de niveles de calidad del sistema, precios en alta, tarifas a los usuarios, con visión de eficiencia en el consumo y reparto socialmente equitativo, sin dañar la competitividad. No renunciamos al modelo de gestión del ciclo del agua puesto en práctica por los gobiernos de progreso y que mereció el elogio de la UE, pero fundamentaremos mejor su financiación.

    Garantizaremos el caudal ecológico del río Ebro que permita el desarrollo de las funciones ambientales del delta y sus ecosistemas asociados, garantizando la actividad económica que el río genera. Mantendremos también el caudal ecológico del río Ter, que tiene como objetivo restituir los niveles de caudal explicitados en el llamado ‘Compromiso del Ter’, el cual preveía reducir de manera progresiva la aportación del Ter al sistema gestionado por ATLL.

    Se necesitan sin embargo, en este marco, soluciones estructurales a una deuda excesiva que estrangula la actuación de la Agència Catalana de l’Aigua. Un gobierno socialista planteará que para ayudar a disminuir la deuda de la ACA una parte de los recursos de la liquidación anual de la disposición adicional tercera que el Estado debe a Cataluña se dirigirán a enjugar parcialmente esta deuda, mientras que el acuerdo por la financiación del ciclo del agua deberá prever el reequilibrio financiero de la Agència a medio y largo plazo. No puede ser que unos recursos previstos en el Estatut para mejorar la situación de las infraestructuras en Cataluña sólo sirvan para enjugar déficit corriente general, como prevé hacer el gobierno de CiU.

    La política de residuos también requiere retomar los debates estratégicos que en esta etapa de CiU han sido puestos en cuarentena. Apostamos por la reducción de residuos a través de la prevención y de la introducción de nuevas tecnologías que incrementen el reciclaje. Se necesitan nuevas infraestructuras de tratamiento, valorización material y energética y depósitos, especialmente en el área metropolitana de Barcelona. Así figura en el planeamiento en vigor. Mirar hacia otra parte comportaría tener que afrontar una crisis de residuos a medio plazo. Pero para determinar las áreas de implantación es necesario liderazgo político y mucho diálogo con las administraciones locales, los vecinos y el mundo empresarial.

    Para nosotros, los y las socialistas, la clave del sistema reside también en el desarrollo de todo el potencial económico de un sector que ya cuenta con empresas muy competitivas. La apuesta por el sector residuos debe ser exhaustiva, incluyendo todos los subsectores y tecnologías, generando el máximo de puestos de trabajo (que son no deslocalizables) en el entorno donde se encuentra.

    En cuanto a la gestión del medio natural, queda un pequeño conjunto de espacios naturales por ser elevados a la categoría de Parque Natural, por ejemplo la Serra de Prades. Los y las socialistas finalizaremos el mapa de Parques Naturales del país, pero lo más importante es aprobar una nueva ley de la biodiversidad que flexibilice las formas de gestión y las acerque más a los entes territoriales, facilitando la dinamización de la actividad, ya sea turística, cinegética, de aprovechamiento de los recursos, pero también que ordene y mantenga una base de datos genética de la biodiversidad catalana a efectos del futuro aprovechamiento económico que se pueda derivar de ella.

    Para todos los espacios naturales del PEIN uno de los problemas básicos es disponer de fuentes de financiación para su gestión: efectuar el mantenimiento de caminos y senderos, instalar espacios de interpretación y señalización... Diferentes entidades han hecho propuestas de fiscalidad específica para la custodia y mantenimiento del territorio y en particular de los espacios naturales (un ejemplo se encuentra en http://bit.ly/yQl5V8). Los y las socialistas estudiaremos todas estas posibilidades y haremos un plan piloto para analizar sus efectos.

    Un factor esencial de revitalización de los bosques, que son una gran parte del medio natural, es el aprovechamiento de la madera para quemarla en instalaciones de biomasa. Esta no es la solución energética de Cataluña pero sí una vía para crear puestos de trabajo en el mundo rural y mantener los bosques limpios, más preparados para ser transitados y prevenir incendios. Por ello pondremos en marcha un ambicioso Plan de usos de los bosques catalanes que, por un lado, favorezca unos bosques más sanos y potentes y por otro, facilite que puedan tener usos ganaderos y de aprovechamiento de la biomasa. Fomentaremos la ganadería extensiva y el pastoreo de sotobosque también como medio de prevención de los incendios forestales.

    Cabe decir que el parámetro clave para que el sistema funcione es a qué precio se compra la energía producida, y esto depende del Estado. Es pues muy importante que el gobierno del PP modifique su política energética para que vuelvan a tener prioridad las energías limpias.

    Infraestructuras: hay que priorizar las inversiones y gestionar mejor lo ya existente

    Y esto es así porque necesitamos concentrar los recursos en reducir el déficit de infraestructuras hacia las más necesarias del país. ¿Y cuáles son las prioritarias? Aquellas que favorecen la dinámica económica, o la fluidez de la movilidad en las zonas urbanas, o las de muy alta siniestralidad. Muchas de estas obras son competencia del Estado y por eso hace falta diálogo y lealtad entre administraciones.

    Son obras prioritarias (excluida la próxima apertura del tramo BCN-frontera francesa del AVE): en primer lugar el Corredor del Mediterráneo, del que pediremos la minimización de los plazos. Igualmente hay que considerar prioritarios los accesos ferroviarios definitivos en el Puerto de Barcelona y el tercero hilo en el Puerto de TGN, la estación de la Sagrera, el acceso ferroviario a la Terminal 1 de El Prat, la estación central del Camp de Tarragona, los nuevos accesos viarios al Puerto de Barcelona, la Ronda del Vallès, la conexión AP7-AP2 en Castellbisbal, la N-II en Girona, los ejes viarios del Maresme, el tramo Valls-Tarragona de la A-27. Hay igualmente que hablar de la finalización de las grandes obras estratégicas de la movilidad metropolitana de Barcelona: Línea 9 (tramo central), FGC en Terrassa y Sabadell, ampliación del metro en L1, L2, L3, nuevos tramos ferroviarios (Cornellà-Castelldefels, etc.).

    Habrá que incluir igualmente casos especiales donde modificaciones puntuales tienen grandes efectos sociales para algunos municipios, como son los cubrimientos de vías en L'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Montcada i Reixac.
    Son infraestructuras también imprescindibles para nosotros las destinadas a logística. En este sentido, retomaremos los proyectos que ha dejado abandonados el gobierno de CiU del Logis Penedès, Montblanc-l'Espluga y Vila-rodona.

    Pero más allá de construir de nuevo, se puede sacar más provecho de lo que ya existe. Necesitamos afianzar una vez más la demanda de participación decisiva en la gestión de las grandes infraestructuras estratégicas (puertos y aeropuertos). El gobierno de CiU no ha reaccionado con la contundencia debida a la decisión del PP de congelar las aspiraciones catalanas en la gestión aeroportuaria, en especial del aeropuerto del Prat. Participar en esta gestión es crucial para el crecimiento económico del país, y los y las socialistas, que ya prácticamente lo habíamos logrado, lo volveremos a intentar con la misma fuerza.

    Es importante también rehacer y pacificar las relaciones con compañías que operan en los aeropuertos medios del país y que les dan actividad. Pero más allá de rehacer lo deshecho por parte de CiU, los y las socialistas queremos estructurar y profesionalizar aún más la actividad comercial de promoción de los puertos y aeropuertos de Cataluña. Como demostró la creación del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de El Prat, la acción conjunta y sistemática de promoción comercial es lo más relevante a llevar a cabo, pues promover los valores de Cataluña tiene siempre un retorno positivo.

    Una política de barrios y de vivienda centrada en atender las urgencias sociales del país.

    Durante los años del boom inmobiliario las políticas públicas de vivienda debían ser sinónimo de construir parque público de compra y alquiler porque el mercado libre expulsaba a aquellas familias (y sobre todo a los jóvenes) que no podían pagar los altísimos precios de mercado. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado sin sentido esta política, pues hay un stock de vivienda enorme y se encuentran muchas viviendas a precio inferior al de los de protección oficial.

    Ahora mismo el gran problema es que muchas familias se quedan sin ingresos y se ven abocadas al desahucio, pero manteniendo la carga de la deuda hipotecaria que adquirieron. El drama de los desahucios es especialmente chocante y debe implicar a toda la sociedad, consciente de que la vivienda es un derecho.
    En este sentido los y las socialistas actuaremos a todos los niveles:

    Activaremos igualmente la Red de Alquiler Social para que el máximo número de viviendas vacías de Cataluña (y sobre todo las que gestionan las entidades financieras que han recibido ayudas públicas) se ponga a disposición de las familias víctimas de la crisis, a precios por debajo de mercado.

    Y de manera especial, solicitaremos que el futuro ‘banco malo’ (Sareb) destine el 50% de las viviendas que adquiera a alquiler social, con la expectativa de que una parte de aquéllos que alquilan las viviendas hoy, en un futuro puedan ser sus compradores, cuando vuelvan a tener una situación económica estabilizada. Una de las maneras de activar estas políticas debe ser establecer una multa a aquellos titulares de viviendas (personas físicas o jurídicas) que no ocupen una vivienda procedente de un desahucio que ellos impulsaron.

    Todas estas políticas deben vertebrar a partir de la reactivación real del Pacto Nacional para la Vivienda creado en 2007, como lugar no sólo de diálogo -no como ha sucedido en esta breve legislatura-, sino como espacio de concertación de políticas, sobre todo en una situación de urgencia como la actual.

    También en el marco de este pacto se pondrá en marcha un programa de ecorehabilitación de viviendas con financiación del fondo para el desarrollo de la economía verde que se creará (ver apartado económico) y que se sumará a las ayudas a la rehabilitación de viviendas en mal estado, que por sus efectos de creación de puestos de trabajo en un ámbito donde hay tanto paro, deben ser recuperadas y agilizadas.

    Finalmente, es importante también que el gobierno de Cataluña retome políticas que se han demostrado importantes para la cohesión a escala local, como son el Plan de Barrios y el Programa de ayuda a los municipios que cuentan con urbanizaciones con déficits urbanísticos. Son programas generadores de empleo y de mejor convivencia, que pueden ser retardados pero no parados en tiempos de crisis.

    En Cataluña la inversión de hasta mil millones de euros en cerca de cien barrios del país ha sido una política de éxito social, que ha dignificado la fisonomía de barrios que estaban estigmatizados dentro de sus poblaciones, con los consiguientes efectos sobre las personas que allí vivían, que hoy pasean por calles mejores, con servicios y actividad. No puede ser que una política reconocida como un éxito incluso por CiU quede ahora en un cajón, y más cuando el Govern se ha comprometido varias veces a mantenerla y cuando hay una ley que obliga a hacer convocatorias anuales. Para los y las socialistas, hacer triunfar la política de barrios será una de las prioridades de las políticas territoriales.

  • 7 Calidad democrática

    Pacto Nacional contra la corrupción. Reformar las administraciones públicas. Potenciar la participación ciudadana. Ley de Acceso a la Información y de la Transparencia.

    Pacto Nacional contra la corrupción. Reformar las administraciones públicas. Potenciar la participación ciudadana. Ley de Acceso a la Información y de la Transparencia.

    En los últimos dos años se ha hecho evidente la generalización del distanciamiento de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas hacia el sistema político.

    En primer lugar, la ciudadanía ha terminado de darse cuenta de que las instituciones que elegía habían devenido incapaces de hacer frente a la crisis y proveer a todas las personas de los mínimos vitales, así como de asegurar que el esfuerzo individual garantizase mejorar efectivamente las condiciones de vida. Ha sido, en definitiva, la expresión de la rotura del ideal republicano. Para la memoria quedarán ejemplos impresionantes, como aquella campaña que decía "no tendrás una casa en tu puta vida".

    Pero además de esto, ha cuajado la idea de una crisis sin precedentes de las instituciones civiles y las instituciones democráticas, con episodios de corrupción moral y económica dentro del poder político, el judicial, el económico, el periodístico o el tercero sector cultural (el caso ‘Palau’), afectando incluso a la Casa Real. Por ello, el primer punto del manifiesto del 15-M era "retirar todos los privilegios a la clase política". De alguna manera se venía a decir que los políticos habían olvidado el bienestar de todos por pensar sólo en el suyo.

    Se ha exacerbado igualmente la percepción de que la administración no funciona, y es demasiado compleja, ineficiente y llena de privilegios.
    La conclusión a la que han llegado muchos conciudadanos y conciudadanas es clara: no se puede seguir dejando que aquellos que elegimos hagan lo que quieran durante cuatro años. Hay que saber quiénes son y poder influir de manera directa en sus decisiones. La extensión y la profundidad de estos sentimientos supone un reto de primer orden para la democracia, que, si no logra revertir esta tendencia, sólo podrá sobrevivir como un instrumento vacío.

    ¿Y la Generalitat ha hecho nada?

    No se puede decir que la acción del gobierno de CiU en esta legislatura haya conseguido respuestas específicas a esta situación. Grandes anuncios y pobres realidades. Por ejemplo, si bien ha habido una ponencia legislativa conjunta en el Parlament redactora de un Proyecto de Ley de Transparencia, que nunca ha sido prioritario para el grupo principal de la cámara, en dos años de trabajo no ha superado el estadio de borradores iniciales.

    Para CiU, el 15-M sólo ha sido tratado como un problema de orden público

    Artur Mas ha sido indiferente a los movimientos sociales para lograr una mejor democracia (calificó el movimiento 15-M de "minoritario"). Su Gobierno sólo ha actuado en clave de orden público y mal (recordemos el desalojo de Plaça Catalunya, en junio 2011).

    Por otro lado la supuesta mejora de la administración a través de las leyes Ómnibus se ha centrado sólo en las cargas y plazos para las empresas, y en la supresión y reforma de entidades públicas. Un enfoque a priori positivo pero totalmente parcial porque olvidaba la justificación real y la calificación de las cargas, y por otro lado olvidaba a la ciudadanía (a la que por ejemplo ya no se permite sellar el paro por teléfono). Unas normativas que son la demostración de la poca solvencia técnica del "gobierno de los mejores". Las cifras dirán si se han producido mejoras, pero muchos empresarios dicen que a efectos prácticos no han notado nada.

    Algunos datos sobre la acción del Gobierno de CiU en materia de administración pública
    Función Pública
    RECORTES SÍ

    REFORMAS
    NINGUNA

    Se han aprovechado la crisis y los recortes para eliminar unilateralmente complementos al salario acordados en convenios anteriores: fondo de acción social, tickets comedor, días de asuntos propios... Pero aparte de recortar no se ha puesto en marcha ninguna modificación estructural para mejorar la organización y la profesionalización de los equipos hacia los nuevos retos de la administración: servicio orientado al ciudadano, eficiencia económica, flexibilidad, responsabilidad...
    Atención al ciudadano

    CONTINUIDAD PURA Se ha desarrollado la estrategia puesta en marcha en la última legislatura: open data, oficina virtual de trámites, carpeta personal de salud, historia clínica compartida, ATRI, router de viajes en TPC, portal móvil... pero no se ha iniciado ningún nuevo proyecto ambicioso.
    Organización territorial

    TIEMPO PERDIDO El proyecto de ley de Gobiernos Locales debía incluir el debate sobre la racionalización de los niveles administrativos. El Govern ha constituido unos grupos de expertos pero no les ha entregado ninguna propuesta. La ciudadanía no sabe si el gobierno de CiU es partidario o no de suprimir las comarcas, diputaciones, sector público local... El final repentino de la legislatura ha dejado en vía muerta este proceso.

    El gobierno de Artur Mas ha orientado su discurso de calidad democrática de manera interesada únicamente hacia la vertiente soberanista, promoviendo un proyecto de ley de consultas no referendarias que, según la gran mayoría de los expertos que han intervenido en su trámite parlamentario, no tenía encaje constitucional y no incluía la gran diversidad de fórmulas con las que promover procesos participativos y deliberativos más allá del voto. Un texto pensado para una eventual consulta sobre el Pacto Fiscal, en vez de un recurso para mejorar la democracia.

    Finalmente, el Govern ha iniciado por enésima vez el diálogo con la oposición sobre la Ley Electoral, en una ceremonia ritual que ya nadie se cree, porque tanto CiU, a la que ningún sistema le irá mejor que el actual, como la mayoría de dos tercios que pide el Estatut para esta ley, bloquean iniciativas sin CiU. Resultado: en Cataluña se aplicará una vez más en elecciones a la Generalitat la ley electoral general española. La ley electoral es una de las "estructuras de estado" de las que CiU habla pero que practica muy poco, incluso como en este caso cuando no depende de la voluntad del Estado.

    En definitiva el gobierno de Artur Mas no ha tenido en materia de calidad democrática un discurso político a la altura de la demanda de la ciudadanía, ni visión de la urgencia con la que hay que empezar a reconstruir la confianza hacia las instituciones. Un gran error que no se subsana convocando unas elecciones como consecuencia de la manifestación del 11 de septiembre, con visión partidista y no de país.

    Es urgente que el Govern de Catalunya ponga entre sus objetivos principales la recuperación del vínculo entre ciudadanía e instituciones, y por eso hay un gobierno dialogante, integrador de las diferencias y con capacidad de síntesis, y no un gobierno que sistemáticamente rehúya el diálogo con todos los estamentos de la sociedad, como ha sido la práctica del mismo.

    ¿Qué proponemos para los próximos cuatro años?

    Para los y las socialistas mejorar la democracia pasa hoy por lograr cuatro objetivos concretos.

    • Disponer de una ley electoral que haga efectiva la proximidad de los electores con sus electos y se acerque al ideal de "un hombre, un voto"
    • Erradicar la corrupción de gran o de pequeña escala, con normas estrictas para los electos y los altos cargos.
    • Reformar las administraciones públicas: hacerlas sencillas y eficientes, absolutamente transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía.
    • Involucrar al tejido social más activo y al conjunto de la ciudadanía en las decisiones más relevantes que debe tomar el país.

    Ley electoral, instrumento clave

    ¿Por qué poner la ley electoral como primero de los objetivos? Pues porque el grito de "no nos representáis", que se ha escuchado cada vez más a menudo en nuestro país, es el peor síntoma en una democracia representativa como la nuestra. No podemos hacer como si nada. Hay que abordar la reforma de los instrumentos para los que tenemos competencias plenas, y que por interés personal CiU no ha querido desplegar nunca.
    El modelo que quiere el PSC y el que quiere CiU son opuestos y esto bloquea todos los caminos. Para salir de este callejón sin salida, el PSC plantea lo siguiente:

    En el marco de este proceso, el PSC defenderá su modelo inspirado en el modelo alemán. Un modelo mixto, en el que cada elector vota nominalmente el diputado de su circunscripción y en una segunda urna vota una lista única para toda Cataluña del partido que prefiere. Este sistema ofrece la ventaja de la proximidad a los electos a la vez que no tiene el efecto de los sistemas mayoritarios que eliminan a las minorías de la cámara. (Más información en http://bit.ly/Umsd3W)

    Otro elemento que defenderá el PSC será la introducción del voto a partir de los 16 años, como fórmula de implicación de los y las jóvenes y de incremento de su peso relativo en el electorado.

    En cualquier caso nos planteamos, en función de las conclusiones del debate popular mantenido, pedir la promoción de una consulta referendaria respecto de los términos más esenciales del debate: sistema proporcional puro sí o no, listas abiertas sí o no, etc.

    Prevención y represión de la corrupción

    El otro gran punto en el que coinciden la mayoría de los ciudadanos, golpeados por un goteo regular de casos conocidos y juzgados, es que se necesitan formas de prevenir y de castigar la corrupción más efectivas. Los y las socialistas catalanes creemos que somos una organización que ha sabido hacer frente con firmeza a los casos de corrupción que ha sufrido, a diferencia de los partidos de la derecha catalana y española. Pero reconocemos que en términos generales la ciudadanía ha interiorizado que la corrupción afecta al conjunto de la política, y mantiene un gran recelo y una gran desconfianza hacia todos los partidos.

    Lo peor que pueden hacer las instituciones es esconder la cabeza bajo el ala y creer que la corrupción es una serie de casos individuales que surgen espontáneamente. La corrupción tiene unas causas objetivables y unos canales e instrumentos que se repiten, cuyo conocimiento debe ser reforzado para luchar contra ellas.

    Igualmente, hay que prever nuevas respuestas a las situaciones de corrupción cuando éstas se han producido. Desde el PSC creemos que hay que introducir dos novedades relevantes en este punto.

    De esta manera los ciudadanos pueden confiar en que, inocente o culpable, los problemas judiciales de una persona imputada por corrupción económica o delitos penales quedarán aislados de sus responsabilidades. Además de este nuevo y necesario acuerdo entre partidos, planteamos otra medida de fuerza.

    Creemos que la única manera de que los partidos hagan prevención activa, selecciones de personal que incluyan este apartado, y vigilancia permanente, es que puedan sufrir un agravio económico, dado que se ha comprobado que en muchos casos no sufren consecuencias políticas.


    La reforma de las Administraciones Públicas catalanas no puede esperar más.

    La reforma de las Administraciones Públicas ha figurado en los programas electorales de los partidos "históricamente". Enfrentados más tarde con la realidad, los sucesivos gobiernos de la Generalitat casi nunca han superado el estadio de reflexiones teóricas colectivas (Libro Blanco de la Función Pública de 2005), o de pequeñas reformas que han supuesto mejoras parciales.

    Constatado esto, hay que ser consciente del escepticismo de muchos y muchas ante propuestas electorales de reforma de la Administración. Sin embargo, no es menos cierto que la crisis ha hecho que, aquí también, se esté produciendo un antes y un después. Más que nunca, en esta época de recursos escasos se ha puesto en evidencia que en muchos ámbitos la dinámica de la administración era la de planificar, ejecutar y gestionar gasto. Pero ahora las prioridades son otras.

    Ahora es el momento de que una administración modernizada pueda coordinar e impulsar las iniciativas de la sociedad, de cooperar con otras administraciones, de incentivar la innovación propuesta por sus profesionales, y sobre todo de discriminador efectivo de lo que es urgente, de lo que es necesario y de lo que sólo es recomendable. Porque en ausencia de recursos suficientes se impone aplicar reglas orientadas a la especificidad de cada situación individual y no una regla universal para todos. Esto es lo que nosotros entendemos por administración orientada al ciudadano.

    En otro caso, hay que recordar que una administración eficiente tiene unos efectos positivos directos e indirectos sobre la economía.


    La acción de gobierno que planteamos se basa pues en las siguientes acciones:

    Este acuerdo debe servir para fortalecer los principios y valores que para nosotros deben ser definitorios de nuestras Administraciones Públicas: evidentemente los propios del Estado de Derecho (legalidad, garantías, responsabilidad, etc.) pero sobre todo los de una administración eficiente y útil (principio de equidad, principio de evaluación, principio de participación).

    Hay que devolver el foco principal de la prestación del servicio público a los profesionales. Por ello es fundamental poner en marcha la figura de la carrera profesional, con los reconocimientos y méritos económicos que correspondan. Asimismo, es necesario desarrollar la figura del directivo público con su estatuto particular.

    Es muy relevante también finalizar la tarea de conceptualización, cuantificación y reducción de cargas en la normativa (por empresas y ciudadanía), para hacer la administración lo más simple posible. Nuevamente se trata de uno de los campos en los que ha habido una continuidad nominal de discurso entre los gobiernos de progreso y el de CiU, pero la realidad ha dejado en evidencia que el gobierno actual ha descuidado el verdadero sentido de la reducción de cargas y trámites. La calidad normativa no es hacer menos y peores normas sino menos y mejores.

    Por otro lado, hay que dar el impulso final a la modernización y uso de las TIC en la administración que los gobiernos de izquierda promovieron. Nos comprometemos a que en cuatro años todos los trámites para personas y empresas se puedan completar vía Internet, así como a que los principales servicios públicos ganen calidad gracias a su ventanilla en la Red, tal como ha ocurrido en Sanidad (receta electrónica, carpeta de salud, etc.). La próxima legislatura es necesario que en la educación se produzca un avance muy significativo en este sentido.

    ¿Reducir administraciones?

    En cuanto a la atribución de responsabilidades entre administraciones, y la recurrente demanda para que se supriman niveles administrativos (especialmente los Consejos Comarcales), los y las socialistas creemos que la diversidad del territorio de Cataluña no admite una lógica de supresión lineal ni de imposición uniforme como de las que a menudo se habla. Digámoslo claro: en ciertas comarcas los consejos comarcales han tenido un rol de primer nivel en la garantía del progreso, y en otros podrían ser suprimidos sin afectación.

    Por todo ello, los y las socialistas planteamos una doble manera de avanzar.

    Los y las socialistas no defendemos la desaparición masiva de municipios, porque son la base de una acción de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas para los asuntos públicos, casi siempre en términos de voluntariado puro y con la única vocación de servicio. Estas personas mantienen la diversidad y personalidad de cada trocito del país, aportándole su riqueza y promoviendo su dinamismo. Ahora bien, la prestación de servicios públicos con calidad requiere de economías de escala, y muchos ayuntamientos catalanes no tienen los recursos suficientes. En este sentido, es necesario impulsar decididamente que ya sea el Consejo Comarcal, ya sea una mancomunidad de municipios, reciban el encargo de gestionar aquellos ámbitos en los que manifiestamente un municipio por sí solo no puede mantener los estándares de calidad que merecen los ciudadanos.

    La transparencia es la clave

    En la mayor parte de las críticas más extendidas entre los catalanes y las catalanas sobre la acción de sus representantes y la acción de la administración está el denominador común de la opacidad. Desde la sospecha de colusión de intereses particulares y públicos, o la del uso del dinero en gastos inútiles, la incredulidad o el escepticismo hacen imposible reconstruir la confianza. Por eso los y las socialistas queremos ser radicales en el avance de las políticas de transparencia. Los catalanes merecen ser pioneros en este campo a nivel europeo.

    Medida 7.7: Ley de Acceso a la Información y de la Transparencia
    La Ley de la Transparencia que promoveremos se basará en que los ciudadanos tengan la máxima información de ...
    ... quiénes son los responsables de los asuntos colectivos: aprobaremos hacer públicas las declaraciones de bienes de representantes electos y altos cargos, antes y después de tomar posesión.
    ... cuáles son los fines y prioridades de la acción de los gobiernos, y cuáles son los recursos globales que se destinarán. Y al mismo tiempo, la rendición de cuentas posterior: qué acciones se han hecho, qué efecto han tenido, qué recursos concretos se han vertido. Planteamos la obligatoriedad de hacer aprobar Planes de Actuación o Planes de Gobierno y de publicar y hacer aprobar también una evaluación final.
    ... quiénes son, qué aportan y qué han hecho aquellos que han recibido recursos públicos para desplegar políticas. Promoveremos que el 95% de las subvenciones a particulares y entidades se hagan en régimen de concurrencia competitiva, y obligaremos a que cada convocatoria de subvenciones haga público un informe de impacto y de evaluación.
    ... los procesos de contratación (y especialmente en el apartado de estudios), por los que se hará pública el acta del órgano de contratación y un informe de lo especificado en los pliegos.
    .. la situación financiera de la administración. Ingresos y gastos deben poder ser accesibles con un alto nivel de desagregación.
    ... los procesos de elaboración de normas, decretos y leyes. Crearemos un portal único de información pública de anteproyectos normativos, que facilite datos de contexto y antecedentes para estimular la participación y las aportaciones, y que finalice con un informe que dé respuesta a las demandas y consideraciones recibidas.

    Son elementos clave para el incremento de la confianza de la ciudadanía en los gestores públicos. Planteamos la siguiente batería de medidas:

    Participar en los asuntos públicos

    Los gobiernos de izquierdas tuvieron una dirección general de participación ciudadana que el gobierno de CiU por supuesto clausuró. Más allá de retomar interesantes experiencias pioneras como los procesos participativos en torno a leyes como la de acogida de las personas inmigradas, o la promoción de procesos participativos en el ámbito local, en la próxima legislatura hay que dar vías dinámicas de participación a la ciudadanía, aparte de los procesos reglados que deben existir, en relación a la iniciativa legislativa popular o en la promoción de consultas.

    Evidentemente, una buena política de acceso a la información y transparencia debe ser previa a un impulso de la participación. Y es esta participación, como experiencia de diálogo franco, real y respetuoso de las instituciones con la ciudadanía, la que debe permitir hablar de una sociedad cohesionada con sus gobiernos.

    La sociedad reclama ser protagonista de las decisiones colectivas con más instrumentos que no sólo su voto. Y los y las socialistas estamos de acuerdo porque el nivel de madurez política de la sociedad catalana ha demostrado ampliamente no ser menor que el de países donde la ciudadanía juega un rol más activo ante sus gobiernos.

    Impulsaremos pues las siguientes medidas:

    Unos medios de comunicación públicos garantes del derecho a la información.

    Es muy preocupante el proceso que están viviendo las empresas de comunicación, reducidas por la crisis y la eclosión de Internet a despedir personal y a gastar cada vez menos en la creación de contenidos (cierre de corresponsalías, de equipos de investigación, etc.).

    La oferta, en el mercado de la comunicación, es cada vez más pequeña, y el riesgo de degradación de la democracia existe, porque las redes sociales como nuevo espacio de información son aún un territorio en exploración.

    El rol de los medios públicos como garantes de la pluralidad, es decir, del acceso a los medios de todas las opiniones, creencias, sensibilidades, y tendencias con estricta neutralidad y criterio periodístico, es hoy aún más importante de lo que siempre ha sido. Es por ello que:

    Los y las socialistas sabemos que los medios públicos están pasando un momento muy complejo a nivel financiero. Nos reafirmamos en el modelo de financiación mixta y nos comprometemos a aprobar un contrato-programa que dé garantías de futuro a los profesionales. Si bien la austeridad viene impuesta por los tiempos, los recursos humanos y materiales propios de los medios públicos están en condiciones de hacer una programación y una información de plena calidad.

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